La Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía ultima en estos momentos el protocolo de actuación que permitirá abrir el próximo otoño la fosa en la que supuestamente descansan los restos del poeta Federico García Lorca, el maestro Dióscoro Galindo y los banderilleros Francisco Galadí y Joaquín Argollas.
Fuentes de la Consejería informaron de que se está elaborando un marco jurídico para iniciar las actuaciones que han de seguir a la apertura de la fosa, situada en terrenos de las localidades de Víznar y Alfacar (Granada).
Lo primero será la adhesión al protocolo sobre exhumaciones del Gobierno central y elaborar un protocolo general propio para proceder a la apertura de este tipo de fosas cuando así lo soliciten los familiares.
En el caso concreto de la fosa de Lorca, la Consejería ya ha iniciado los contactos con la Diputación de Granada, los alcaldes de los municipios donde supuestamente se encuentra la sepultura común, así como con las asociaciones involucradas en este proceso y los familiares afectados.
La Administración autonómica asumirá la dirección de los trabajos y una vez localizados los restos se pondrán inmediatamente a disposición de la autoridad judicial, que será la que tenga finalmente la última palabra sobre el destino que se les dará, tal y como adelantó el diario El Mundo.
Una larga lucha
Esta situación se produce después de que la consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, Rosa Torres, dijera la pasada semana en Granada que su departamento no es competente para autorizar o no la exhumación de la fosa porque "no se trata de una zona arqueológica sino de enterramientos contemporáneos".
La ARMH emprendió un proceso administrativo para intentar abrir la fosa tras la negativa del juzgado granadino. Concretamente se refirió a la intención de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) de presentar a Cultura un estudio arqueológico para solicitar los permisos para exhumar la citada fosa, en el marco de un procedimiento administrativo en el que también ha pedido autorización a la Diputación de Granada, propietaria de los terrenos donde supuestamente se encuentra esta sepultura común.
La ARMH tomó la decisión de emprender un proceso administrativo paralelo al judicial tras conocer que la titular del Juzgado de Instrucción 3 de Granada rechazó asumir la causa sobre las víctimas de la Guerra Civil y el Franquismo y, concretamente la apertura de la citada fosa, por no verse competente.
El caso volvió a la Audiencia Nacional yel juez Baltasar Garzón planteó al Tribunal Supremo (TS) un conflicto de competencia para que decida quién debe autorizar la exhumación, asunto sobre el que aún no se ha pronunciado.
(Público. 16 / 07 / 09)
