El goteo de casos es incesante. Vidas robadas, familias ficticias que nacieron de un engaño que hunde sus raíces en el franquismo y se ha extendido hasta nuestros días, una pesadilla de la que despiertan ahora las familias. “Cada vez se van conociendo más casos de niños robados en el País Vasco”, decía ayer Flor Díaz Carrasco, que nada sabe del paradero de su hermano. En Euskadi se computan por el momento 25 denuncias por robos de niños, según ha podido saber este periódico.
Dos días después de que más de 260 afectados por esta trama presentaran ante la Fiscalía General del Estado una demanda colectiva para solicitar la apertura de una investigación penal, queda la sensación de que resta un largo trabajo por delante.
Los demandantes han roto su silencio. Lo hacen convencidos de que hay mucha gente implicada en la trama: médicos, comadronas, enfermeras, curas, monjas, funcionarios del registro civil e, incluso, personal de los cementerios. Se estima que hay, al menos, 300.000 casos en el Estado relativos a la sustracción de niños recién nacidos en diversas clínicas.
Una de las afectadas es María Dolores Chumillas, una mujer que dio a luz hace treinta años en una céntrica clínica bilbaina, ya desaparecida, en la que, según denuncia, le arrebataron a su hija. Tal y como ya publicó DEIA, María Dolores, nacida en un pueblo de Murcia, fue a parar a un piso de acogida para emba
razadas de la capital vizcaina por mediación de un cura, tras ser repudiada por su familia. El piso era regentado por una mujer, quien, según el testimonio de la afectada, le arrebató a la recién nacida y la vendió por 200.000 pesetas. En la misma clínica donde Chumillas tuvo a su hija se registraron más casos similares y el nombre de la principal implicada, responsable de las casas de acogida, se repite. Según concluye el sociólogo Francisco González de Tena en un informe que se presentó el pasado año en un juzgado de Madrid, “todo apunta a que durante un periodo de tiempo no inferior a quince años (1965-1980) estuvo operativa en Bilbao una red organizada para sustraer neonatos a parturientas y darlos en adopción irregular, cuando no claramente ilegal”.
En ocasiones a los progenitores se les comunicaba el fallecimiento de los bebés y estos eran entregados a otras familias previa falsificación de los documentos necesarios. Lo que comenzó como una campaña represora contra republicanos, con el curso del tiempo acabó convirtiéndose en un repugnante negocio. “Tenemos constancia de que ha seguido ocurriendo también en el País Vasco durante los años 80″, asegura Díaz, delegada en el País Vasco de la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares, Anadir.
Su hermana Cristina vive en Irun. Tiene 40 años y la firme convicción de que algo muy turbio rodeó a la desaparición de su hermano. Sus padres, como tantas otras familias emigrantes, dejaron en 1965 La Línea de la Concepción (Cádiz) para instalarse en Donostia. Dos años después, Adela, la madre, quedó encinta. Al cargo de otras tres pequeñas y sin la ayuda de su marido, que por motivos laborales se ausentaba con frecuencia, decidió regresar a Cádiz.
La parturienta fue atendida por el ginecólogo Abelardo García Balaguer, un médico que hoy día sigue ejerciendo y que, en el ojo del huracán, ha dimitido recientemente “por motivos personales” como presidente del comité de lista del Partido Popular en La Línea.
El pequeño nació sin problemas. La madre fue anestesiada pero tuvo ocasión de ver a la criatura. Todo iba sobre ruedas, hasta que al día siguiente saltó la fatal noticia. “Su hijo ha fallecido por problemas respiratorios”, le dijo una monja. En ese instante se abrió la tierra a sus pies.
No tardó en llegar la abuela al hospital. “Por favor, quiero ver el cadáver”, solicitó vehemente. Su insistencia pudo más que la estrategia dilatoria del personal sanitario, y al final le condujeron a un depósito, donde yacía un bebé. La abuela miraba y remiraba aquel cuerpecito sin vida y, conforme lo examinaba, la sospecha de que ese crío no era su nieto se fue haciendo más grande. Bajo la excusa de que los padres tuvieran un recuerdo, ordenó a un fotógrafo que hiciera una instantánea, que se ve junto a estas líneas.
DEPRESIÓN
El Hospital se hizo cargo del entierro, y al pequeño le dieron sepultura. La madre regresó a Donostia, aturdida, maltrecha por todo lo ocurrido, en las garras de una depresión de la que tardó en salir. Ya en Donostia, tres años después, vendría al mundo Cristina, la mujer que pone voz a este relato. “Todos los veranos regresábamos a Cádiz de vacaciones, hasta que en los años 80 desapareció lo que conocíamos como el llano, la zona donde enterramos a nuestro hermano”, rememora Díaz Carrasco. Varias excavadoras removieron el terreno.
La historia cobra un giro inesperado hace cuatro años, a raíz de la muerte de Adela, la madre de Cristina. La familia quiso llevar sus cenizas a Cádiz, y a la irundarra le pareció oportuno que en la lápida de la ama figuraran también los datos del malogrado hermano. No recordaban bien el día de su fallecimiento. Fueron por ello a las oficinas del cementerio para recabar la información, y allí estalló la bomba. “A ese niño que ustedes dicen no se le ha enterrado nunca. Aquí no consta ningún feto a nombre de su madre”, aseguró el encargado del camposanto, que incluso les enseñó el registro de una pierna amputada con el fin de hacerles ver el celo con el que registraban los datos. Nada. No había constancia. “Allí comenzaron todas nuestras sospechas. A partir de ahí se levantó la polvareda”. Espoleada por su deseo de justicia, la irundarra comenzó a visitar los platós de televisión. Fue un efecto dominó. Sólo en la Línea de la Concepción se conocen medio centenar de casos.
INVESTIGACIÓN
Poco después, Cristina recibió un e-mail de Juan Cisneros, fiscal jefe de Algeciras. Anunciaba su deseo de abrir diligencias de oficio, para lo cual solicitaba todo tipo de información sobre el caso. La investigación sigue desde entonces su curso y se están tomando muestras de ADN.
Según avanzan las diligencias, la familia va recomponiendo las piezas del puzzle. Ha sabido hace poco que es la propia hija del doctor que atendió a su madre en el parto la responsable de facilitar la información sobre el registro de fallecimientos. “El ginecólogo sigue ejerciendo, pero la Policía tiene ya contra él pruebas evidentes”, asegura la demandante.
Cristina se muestra convencida de que el médico es una pieza más de una oscura trama en la que los hechos siempre se sucedían de modo parejo: anestesiar a la madre, comunicar que su hijo había muerto, y mostrarle un feto que no era el suyo. “El niño de la foto que guarda nuestra familia es igual al que mostraron a tantas otras familias en Cádiz”, dice. Supuestamente, esos bebés eran vendidos a familias que no podían tener hijos por cantidades que oscilaban entre las antiguas 50.000 pesetas (300 euros) hasta un millón de pesetas (6.000 euros). “Quien era capaz de pagar 200.000 pesetas hace cuarenta años, estaba desembolsando una cantidad similar a lo que costaba un piso”. Ese montante, dice, se repartía entre el ginecólogo, el registro civil y la funeraria. Los afectados llevarán el caso a los tribunales.
(Deia. 29 / 01 / 2011)
encontrados en archivos militares de todo el Estado español y en testimonios de varios ex prisioneros que han relatado en entrevistas personales las terribles experiencias que padecieron.
