La destrucción del estado del bienestar a la que estamos asistiendo desde hace tiempo, acelerada en estos momentos por la crisis financiera, lleva aparejada la destrucción, en paralelo, del estado de derecho, con la consiguiente vulneración de derechos humanos, civiles, sociales y económicos, perpetrada bajo una aparente legalidad, que se sustancia en leyes regresivas y represivas contra los movimientos ciudadanos que luchan por la defensa de estos derechos o, como es nuestro caso, con el blindaje jurídico de los poderes del estado mediante la aprobación de leyes injustas y aberrantes, la manipulación del derecho, la cooptación de activistas, la desinformación aparejada a la publicación de miles de noticias contradictorias, equívocas y, en algunos casos, falaces, la instrumentalización de los sentimientos y, por si fuera poco, con acciones aparentemente encaminadas hacia la consecución de justicia, pero con el objetivo real de destruir la combatividad del movimiento y su cohesión. La lucha del movimiento por la “Memoria Histórica Democrática” está directamente ligada a la defensa de los “Derechos Humanos”, la “Lucha contra la Impunidad” y la aplicación del “Derecho Penal Internacional” en el Estado Español, siendo un eslabón más en la cadena de luchas sociales para mejorar las condiciones de vida y los derechos de los pueblos. No se puede desligar lo ocurrido en cualquier parte del mundo de lo ocurrido en España. Para ilustrarlo, y como ejemplo, Milton Friedman, el gran teórico del neoliberalismo de la Escuela de Chicago, cuyo último libro fue presentado hace unos meses por el ex-presidente Aznar en la FAES, formó a los llamados “chicago-boys” (hijos de la gran burguesía chilena estudiantes en la Universidad de Chicago donde Friedman daba clases) para que se hicieran cargo de la política económica tras el golpe de estado dirigido por Pinochet contra la democracia chilena y, como todos sabemos, desde la FAES se impulsan trabajos como los de César Vidal y Pío Moa que practican el revisionismo histórico respecto del franquismo, negando las matanzas de republicanos y ensuciando la imagen de la II República Española y de sus defensores. Abundando más en el tema, y analizando lo que está ocurriendo en el mundo actual, al igual que cuando hablamos de la II República, de nuestra guerra de resistencia antifascista y de la feroz represión a que fuimos sometidos, lo contextualizamos en el marco de las luchas que se desarrollaban a escala mundial, debemos situar nuestro trabajo socio-político en el marco de las luchas que hoy en día se desarrollan.
Lo que hagamos, nuestra resistencia y nuestra pequeña batalla –y hay que denominarla así, porque estamos inmersos en una guerra global en la que se desarrollan multitud de pequeñas y grandes batallas, tanto físicas como ideológicas- tiene una incidencia sobre lo que podemos llamar lucha global. Cuando disponemos de una tribuna en la que poder explicar nuestro trabajo intentamos aportar datos que liguen nuestro trabajo al resto de las luchas que se están desarrollando en estos momentos, tanto a escala mundial, como a escala estatal, en especial a todo lo que tenga que ver con la lucha contra la impunidad y la defensa de los derechos humanos, civiles, sociales y económicos. La impunidad es la base sobre la que los dominadores sustentan su dominio, y el mejor aliado de la misma es el olvido, por eso, es obligación de los dominados luchar contra el olvido y por la justicia para no perder su identidad.
Centrados en nuestra lucha concreta, el panorama viene marcado por dos cuestiones: Por una lado, una “Ley de Memoria” que resta credibilidad a los que la negociaron y apoyaron, apostando por ella al precio que fuese, posibilitando que se negociase nuevamente bajo los mismos términos que se negoció la transición y, por otro lado, la trampa jurídica tendida al movimiento memorialista en el Juzgado nº 5 de la Audiencia Nacional. En ambos casos, hay quien se dejó llevar por la buena voluntad – debido, posiblemente, a un análisis equivocado o, tal vez, porque tras tantos años de espera y de obstáculos parecía que se abría una puerta a la esperanza-, pero también hay quienes actuaron con oportunismo, teniendo muy claro lo que apoyaban y para qué lo apoyaban. Estos últimos han perdido la posibilidad de hegemonizar con sus planteamientos el camino que el movimiento memorialista debe seguir. Vista la situación, no es difícil comprobar que las claves para que el movimiento memorialista consiga sus objetivos son políticas. ¿Cómo es posible, si no, que desde los poderes del estado se niegue los más elementales derechos reconocidos por la actual constitución, y por la legislación internacional, a las víctimas del franquismo y sus familiares? Y esas claves políticas se encuentran en la transición. Por eso es tan importante que el movimiento memorialista camine de la mano y se vincule abiertamente con el movimiento republicano que denuncia la transición; por otro lado, sin movimiento memorialista el movimiento republicano carecería de identidad, con lo que se correría el peligro de que, en caso de que se consiguiese la III República, podría estar basada en la constitución actual, en la que la única diferencia consistiese en que la figura del rey fuera sustituida por la elección periódica de un presidente.
La transición fue una farsa a través de la cual, los poderes fácticos (la iglesia, el capital, el ejército, las fuerzas de orden público, el poder judicial y la corona) triunfantes gracias al golpe del 18 de julio de 1936, cooptaron a una gran parte de los dirigentes de las organizaciones democráticas opuestas a la dictadura para perpetuar su poder más allá de la muerte de Franco. Las fuerzas políticas democráticas aceptaron la monarquía que Franco impuso a sangre y fuego, desvinculando la democracia actual de la legitimidad democrática republicana. Por eso, los representantes de esas fuerzas que abandonaron la legitimidad democrática republicana y aceptaron la monarquía se transformaron en fieles guardianes de los poderes fácticos antes enumerados y, en la actualidad, buscan soluciones que no pongan en peligro los privilegios mantenidos o ganados gracias al golpe de estado y las cuatro décadas de dictadura (y más de treinta de postfranquismo en los que han mantenido su poder). Podríamos decir –en palabras de Carlos Paris- que la izquierda institucional padece del llamado “Síndrome de Estocolmo”. Es prisionera de sus propias renuncias y ha aceptado, sin más, su situación de derrotada sin que se vislumbre, con claridad, ningún atisbo de rebelión –salvo en muchos de sus militantes de base- frente a esta situación. Por eso no son capaces de distinguir entre la dictadura franquista y el régimen actual. Como ejemplo ilustrativo –y conforme está redactada la que hoy podemos llamar “Ley de la Vergüenza Histórica”-las organizaciones armadas que combatieron a la dictadura fascista del general Franco, eran organizaciones terroristas y las sentencias de los tribunales franquistas son firmes y conforme a derecho. Si eso es así, debemos tener claro que no vivimos en un estado totalmente democrático, sino en un régimen post-fascista con elecciones cada cuatro años, que no es lo mismo que una democracia.
No podemos plantear una lucha por conquistar la III República desvinculándola de la lucha por reivindicar la legitimidad de la II y sin denunciar la transición. O peor, anunciando y jaleando a golpe de platillo acciones que no hacen otra cosa que proporcionar a la corona una legitimidad democrática que ni tiene, ni se merece. Sin la denuncia expresa y pública de lo que se pactó durante la transición, a qué acuerdos “de pasillo” se llegaron, a qué se renunció y qué se recibió a cambio, no se puede pretender ser referente de las fuerzas sociales progresistas. Sin trabajo de base no se puede conocer bien la realidad, identificar obstáculos y desarrollar estrategias para salvarlos; por eso no se pueden hacer propuestas al movimiento memorialista y republicano sin un fuerte trabajo de base. Toda propuesta o estrategia surgida de quienes no tienen en su haber ningún -o muy poco- trabajo de base en el movimiento será errónea, en el mejor de los casos, o interesada, en el peor.
El movimiento memorialista implicado directamente en la lucha de base ha salido fortalecido de cada prueba. Somos como un río desbordado al que se intenta encauzar y cuando encuentra un obstáculo, si no consigue derribarlo, lo sortea buscando un nuevo cauce. En unos pocos años, se ha conseguido incidir en las más altas instituciones del estado. Hemos provocado, entre todos, la intervención, tanto del ejecutivo, como del legislativo y el judicial; con intervenciones que no nos satisfacen, pero que muestran la capacidad que hemos tenido como sociedad civil organizada para incidir en política desde la calle. Ni el Gobierno, ni el Parlamento, ni la Audiencia Nacional, por mucho que los medios de comunicación se empeñen, son el movimiento por la memoria, sino que les hemos obligado a actuar y, si es así, sus actuaciones negativas no suponen ningún golpe contra el movimiento. Lo que ha ocurrido es que el muro de impunidad construido durante la transición se ha sentido golpeado y el estado surgido de la misma ha necesitado reforzarlo. Si el trabajo y la lucha del movimiento ha provocado todo esto, el camino está claro: seguir perseverando en lo que hemos estado haciendo estos años, ampliando los ámbitos de lucha y realizando un mayor esfuerzo de coordinación y extensión. Las dificultades van a seguir siendo mayúsculas, posiblemente no consigamos todos nuestros objetivos, pero luchando cada día por ellos, como hemos hecho hasta ahora, lograremos mayores avances.
El movimiento memorialista es cada vez más maduro y esa madurez se ha forjado en años de lucha. Cada vez tiene más definidos sus principios y fines. Las organizaciones intentan confluir a través de acciones concretas, único marco posible en el que se puede llegar a forjar la unidad, pero el objetivo debe ser el de crear una organización común, una entidad que sea referente en todo el estado, con todas las dificultades que esto entraña, pero ésta es la única garantía de pervivencia para lograr los objetivos. Una organización de esas características debe vincular claramente Memoria y República. Debe estar basada en las experiencias concretas del trabajo de base realizado hasta ahora y dirigida colectivamente por las organizaciones que lo han hecho. También el trabajo jurídico ha tomado una gran importancia para el movimiento; las dificultades y trabas de todo tipo han llevado a que el instrumento jurídico sea fundamental a la hora de poder realizar muchas acciones. Los poderes públicos, a pesar de los intentos de cooptación y las trabas burocráticas no consiguen paralizarnos. La izquierda institucional aún no ha roto sus propias cadenas y sigue actuando con una cobardía absoluta, por no decir con una complicidad total. Debemos explicar a sus militantes de base las razones que nos impulsan a no estar conformes con sus actuaciones institucionales, el porqué consideramos vergonzosa la denominada “Ley de Memoria”, la imprescriptibilidad de los crímenes contra la humanidad cometidos por el franquismo, la vulneración de derechos fundamentales y la necesidad de recuperar las verdaderas señas de identidad democrática de los pueblos del Estado Español. Tenemos que intentar trabajar más en el ámbito internacional. El Gobierno hará lo posible para impedir que el prestigio del Estado Español en materia de Derechos Humanos pueda verse ensuciado por el tratamiento que se está dando a las víctimas del franquismo, por ello debemos seguir intentando dar una mayor proyección internacional a nuestras reivindicaciones. Tampoco se han dado grandes pasos en la vinculación con otros movimientos. Establecer un sistema de alianzas con otros movimientos de base es una tarea fundamental a la que hemos dedicado poco tiempo y merecería la pena buscar encuentros para poder dar a conocer nuestros planteamientos, principios y objetivos.
EL movimiento se ha dotado de diversos instrumentos de lucha. Si cualquiera de estos instrumentos se transforma en un fin en sí mismo se difuminan los verdaderos objetivos del movimiento. Vivimos en un estado democrático –o al menos es lo que nos dicen y muchos ponemos en duda- y, por lo tanto, no tienen cabida las comisiones de la verdad, que suelen acabar siendo instrumentos para que los culpables escapen a su castigo al transformarse la verdad en moneda de cambio para conseguir impunidad, sino que son los jueces naturales y, además, en este caso particular, al ser crímenes contra la humanidad perpetrados por toda la geografía del estado, deben ser coordinados por un juez especial que debería ser nombrado por el poder judicial, con el objetivo de unificar en un solo procedimiento todas las actuaciones. La represión debe ser juzgada desde 1936 hasta 1978. No pueden escapar de su castigo los represores más recientes: jueces del TOP, miembros de la Brigada Político Social, miembros de las fuerzas armadas y de orden público, políticos de la dictadura. Ninguno de sus crímenes puede quedar impune. Cualquier acción o propuesta tendente a difuminar estos objetivos debe quedar al margen. No se puede intercambiar Verdad por Justicia, sino que los tres requerimientos deben darse al mismo tiempo: VERDAD, JUSTICIA y REPARACIÓN. Por eso, si la petición “POR UNA COMISIÓN DE BUSQUEDAS, YA”, que nuestra organización ha firmado con decenas de asociaciones derivase hacía nuevas negociaciones respecto a la Ley de Memoria Histórica que, el propio documento define como Ley de la Vergüenza Histórica, o implicase una intervención judicial que no diera a la represión franquista el tratamiento de crímenes contra la humanidad –con todo lo que esto implica-, retiraríamos, inmediatamente, nuestro apoyo a esta iniciativa que, si bien daría una respuesta parcial a algunos familiares, no estaría cumpliendo con los deberes sociales y políticos que corresponden a un estado democrático. Como organización compuesta por ciudadanos que desean un estado democrático real y sin componendas, nos mantendríamos activos en la lucha, si fuera necesario, incluso solos.
Nuestros objetivos están claramente definidos en nuestro ideario:
-Nos definimos como un movimiento social, cultural y político, nacido en el seno de la sociedad civil, para atender a los supervivientes y a las familias de los represaliados, investigar y divulgar de forma rigurosa la historia de la lucha contra el franquismo y de sus protagonistas, recuperar los valores de estas personas y denunciar su situación, con el objetivo de que se haga justicia, recuperando, al mismo tiempo, referentes para luchar por los derechos humanos, la libertad y la justicia social, articulando y organizando a la sociedad civil alrededor de los valores que se intentan recuperar.
-Denunciamos la transiciónporque supuso la llegada de un régimen parlamentario asentado sobre la injusticia, con una Ley de Amnistía, en 1977, que suponía la impunidad de los crímenes del franquismo y un profundo olvido de lo que representaron la II República, el Frente Popular, la Revolución Española y la Lucha Antifascista, así como de los hombres y mujeres que protagonizaron e impulsaron estas experiencias y que por ello fueron perseguidos, torturados, encarcelados, exiliados, asesinados, expulsados de su puesto de trabajo y sus bienes y los de sus familias incautados.
-Proclamamos que somos una organización soberana e independiente de cualquier organización política o institución pero no por ello dejamos de ser una organización de izquierdas. Al igual que recupera la memoria de los hombres y mujeres que defendieron la unidad frente al fascismo, intenta transformase en un “Frente Popular” de la memoria.
-Continuamos la lucha contra el franquismo y el fascismo sustituyendo el fusil y la bayoneta por los picos y las palas, la cámara de video, las charlas divulgativas, la denuncia, la atención a las familias, los libros, las exposiciones, las propuestas legislativas y un largo etcétera de instrumentos pacíficos de lucha. Nuestros referentes ideológicos se encuentran en la izquierda y, por lo tanto, somos una organización abierta a todas las personas que comparten los objetivos que defendemos.
-Entre el año 1946 y 1948, las Naciones Unidas condenaron al régimen franquista en numerosas resoluciones declarando que: “En sus orígenes, naturaleza, estructura y conducta general, el régimen de Franco es un régimen fascista modelado sobre, y en gran medida establecido gracias a, la ayuda recibida de la Alemania Nazi de Hitler y la Italia Fascista de Mussolini.” Por eso, entendemos que los crímenes contra la humanidad perpetrados por el régimen franquista deben recibir el mismo tratamiento que los crímenes contra la humanidad perpetrados por el nazismo y es de aplicación la legislación emanada de los juicios de Nüremberg.
-En nuestra exigencia de Justicia, somos partidarios de la anulación de todos los actos jurídicos represivos del franquismo, incluidos todos los procedimientos sumariales (militares y civiles) y administrativos (depuraciones e incautaciones de bienes) instruidos por este régimen contra los opositores políticos. Consideramos que el régimen franquista fue ilegal al imponerse a través de un golpe de estado militar contra un régimen democrático y la represión y exterminio masivo de sus defensores, exterminio que se extendió en el tiempo incluso más allá de la muerte del dictador. En ese sentido apoyamos los documentos elaborados tanto por el Equipo Nizkor como por Amnistía Internacional.
-La legislación internacional de derechos humanos recoge el derecho a saber de las familias y de las sociedades, el derecho a la justicia –y la obligación del Estado a impartirla-, la reparación moral y económica y el respeto a las ideas de los fallecidos. En esta línea entendemos que la justicia no es una petición de gracia hacia el Estado, sino una exigencia para garantizar que el Estado Español respeta los derechos humanos y lucha contra la impunidad. Asimismo el respeto a las ideas de las víctimas implica el uso de rituales y elementos políticos (banderas, himnos, etc.) propios de las ideas que defendían y por las que murieron, aunque éstas sean distintas a las de sus familiares en la actualidad. Pensamos que esta cuestión es fundamental en la reparación moral.
-Los crímenes contra la humanidad perpetrados por el régimen franquista nunca fueron perseguidos y los criminales gozan de impunidad. Teniendo en cuenta que el régimen duró hasta 1975 –incluso más allá-, muchos criminales franquistas aún tienen edad suficiente para ser procesados, por lo que entendemos que, al igual que la Justicia española persigue crímenes contra la humanidad en otros lugares del mundo, debe hacer lo mismo con los criminales del franquismo. Hay que tener en cuenta que se ha perseguido a criminales contra la humanidad por hechos realizados en otros países en épocas en las que todavía existía la dictadura franquista. El caso de Pinochet es buen ejemplo de ello ya que su dictadura coincide en dos años con la de Franco, entre 1973 y 1975. Pero la impunidad no se sustancia sólo en cuestiones jurídicas.
-El territorio español está lleno de monumentos y calles que hacen apología del franquismo. Entendemos que erigir un monumento o dar nombre a una calle significa un reconocimiento, por lo que tener centenares de monumentos y calles dedicados al franquismo y a los defensores de su régimen es una garantía para los criminales futuros de que no serán condenados ni siquiera por la Historia.
-Tampoco se ha realizado una revisión de los libros de texto de Primaria y Secundaria para que los estudiantes españoles conozcan la verdad de los hechos, ni muchas instituciones han asumido los cambios democráticos en su funcionamiento.
-Las dificultades de investigación en juzgados, archivos militares y de fuerzas de orden público son la tónica general, al incumplir estas instituciones con la propia legislación española, dependiendo siempre los investigadores de la buena voluntad del responsable del archivo correspondiente.
-Aún queda mucho para conocer el alcance de la represión franquista, tenemos conocimiento de que existen miles de personas desaparecidas en fosas comunes repartidas por todo el territorio español. Estas personas fueron asesinadas y su asesinato no está demostrado. Se hace necesaria la investigación y exhumación de sus restos para hacerlo. Entendemos que estos asesinatos deben ser investigados de oficio por los tribunales españoles, por eso, un objetivo primordial cuando se realizan exhumaciones, es denunciar públicamente esta situación y exigir que sea el Estado de Derecho el que las asuma a través de los tribunales de Justicia. Ningún tribunal español ha investigado estos crímenes y mucho menos ha juzgado a los culpables.
-La devolución de bienes incautados, de las multas derivadas de las leyes represivas y las indemnizaciones por el uso de los presos políticos como mano de obra esclava forma parte de nuestra exigencia de justicia integral.
No renunciamos a ninguno de nuestros objetivos, ni tampoco a ninguno de los “compañeros de viaje” con los que podamos compartir parte de nuestro camino. Sabemos que el proceso va a ser largo y va a seguir lleno de obstáculos, también sabemos en qué situación nos encontrábamos hace unos años y hasta donde hemos llegado hoy. Mantener el rumbo y un fuerte trabajo de base nos ha hecho avanzar. Mirar lo que era el movimiento memorialista actual en sus comienzos y a lo que ha llegado, mirando las cosas conperspectiva espacial y temporal, nos da muestras de la capacidad que ha tenido para incidir política y socialmente. También, mirando hacia delante aún se vislumbra una lucha larga y dura. Por eso este documento lleva el título de un pensamiento de Gramsci que, en muy pocas palabras, define lo que ha sido, es y posiblemente será nuestra lucha: muchas dificultades, incomprensiones y oposiciones (pesimismo de la inteligencia), y mucho trabajo y constancia en el mismo (optimismo de la voluntad).
(Federación de Foros por la Memoria. 11 / 07 / 09)