No están satisfechos, y el tema económico es lo de menos. La Asociación de Víctimas del 3 de marzo insiste en que su verdadera lucha por el resarcimiento de los sucesos de Vitoria está en el esclarecimiento de la verdad y en el reconocimiento de la barbaridad ocurrida. Unas metas que, por desgracia, aún están lejos de alcanzarse. "¿Si quedan años en esa batalla? Yo creo que sí", apunta el portavoz del colectivo, Andoni Txasko.
Otro de los temas por cerrar son las indemnizaciones. El pasado 10 de noviembre, las Juntas dieron luz verde a las ayudas para las víctimas -los cinco trabajadores fallecidos y el más de un centenar de heridos- y sus familiares. Sin embargo, la asociación cree que el decreto que regula esas partidas debe modificarse.
El tema no es sencillo. La Cámara alavesa había mostrado en al menos tres ocasiones -2003, 2005 y 2006- su solidaridad con los afectados por la masacre, que debía concretarse en ayudas económicas. La Ley de Memoria Histórica, aprobada en el Estado, pareció arrojar luz sobre este tema, pero el desarrollo de las ayudas no terminaba de llegar. Así, el gabinete foral de Xabier Agirre anunció su intención de, en cierta forma, adelantarse al Gobierno central y conceder estas partidas, que de todas formas serían asumidas en el futuro por Madrid.
Para asegurar este paso, se trabajó en un texto basado en la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo. Sea como fuere, la norma se convirtió en realidad hace casi cuatro meses y, como ya adelantó este rotativo, la Diputación reservó un millón de euros para atenderlas, una partida que podría aumentar en virtud de las solicitudes. La asociación calculó que habría más de medio centenar.
El problema ahora es que, desde el punto de vista de la asociación, esas indemnizaciones se quedan cortas. La entidad ya había criticado los defectos de la Ley de Solidaridad, ahora reflejados en la norma de las Juntas. En un texto enviado por las víctimas a la Diputación y a los grupos junteros, exponen las dificultades para cumplir varios requisitos, como la de demostrar la dependencia económica de los beneficiarios con la persona fallecida -algo muy difícil, puesto que algunas de las víctimas eran estudiantes de menos de 19 años-, o la decisión de no incluir las incapacidades temporales -es decir, quedarían fuera heridos sin secuelas permanentes-.
Desde la Diputación, que ya ha mantenido varias reuniones con las víctimas, creen que puede darse cabida algunos puntos, pero será difícil si chocan con lo recogido en la mencionada Ley de Solidaridad. En un mes, se prevé que esté desarrollado del todo el reglamento. Desde la asociación de víctimas, confían en que cumpla con el "espíritu" con que nació: acabar con una "discriminación" histórica.
(Noticias de Alava. 3 / 03 / 09)
