Con su petición de datos para realizar un censo de desaparecidos y muertos por la Guerra Civil, el juez Baltasar Garzón revolucionó ayer a asociaciones, investigadores e instituciones públicas de casi toda España. La Xunta de Galicia y la Generalitat de Cataluña, que han fiananciado sendas investigaciones sobre la Guerra Civil y el franquismo y cuentan ya con un censo de desaparecidos (3.588 en Galicia y 2.351 en Cataluña), pusieron los documentos a disposición del juez, aunque éste no se los había pedido. No hay ningún organismo público que tenga un censo de desaparecidos a nivel nacional.
Cataluña fue una de las primeras comunidades en aprobar una ley de memoria histórica y otra sobre fosas comunes, normas que abrieron el camino para que las familias catalanas reclamaran al Gobierno que investigara el paradero de sus desaparecidos.
El consejero de Interior y Relaciones Institucionales, Joan Saura, de ICV, aplaudió la decisión tomada de Garzón pues "reafirma las actuaciones que se están haciendo a nivel legislativo para recuperar la memoria histórica y dignificar a las víctimas". La Junta de Andalucía también ha llevado a cabo otro proyecto, Todos los nombres, que ha localizado a cerca de 10.000 víctimas en 300 enterramientos. También los ayuntamientos de Sevilla, Córdoba y Granada ofrecieron inmediatamente su colaboración.
Mientras, los investigadores aplaudían la iniciativa de Garzón, especialmente su solicitud a la Abadía Benedictina de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, cuyos libros de registro guardan los nombres de cerca de 30.000 muertos de la Guerra Civil allí enterrados, entre ellos muchos republicanos cuyos cuerpos fueron exhumados de fosas comunes y llevados al Valle de los Caídos sin el conocimiento ni consentimiento de sus familiares.
"La última vez que estuve, la primera persona que me atendió me dijo que allí no había ninguna biblioteca. Cuando le recordé que estábamos en un recinto custodiado por Patrimonio Nacional, me dijo que tenía que hablar con los monjes benedictinos. Uno de ellos me dijo después que el que tenía la llave para acceder a los libros de registro, no estaba. En todo este tiempo apenas han dejado a los investigadores echar un vistazo rápido y a ninguno hacer una investigación exhaustiva", explica el historiador Julián Casanova. "Sería la primera vez que se conoce de verdad el contenido de esos libros", añadió.
El historiador estima que el censo de desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo asciende a unas 20.000 personas. Casanova no incluye en esta cifra a los fusilados tras los consejos de guerra, de los que sí hay registros.
"Nos queda por saber prácticamente medio país" , explica el historiador Francisco Espinosa, autor del exhaustivo informe sobre la represión franquista que las familias denunciantes han enviado al juez. "El informe recoge 25 años de investigación en distintas comunidades autónomas y muestra un mapa muy desigual". Faltan todavía muchos datos.
(El Pais. 3 / 09 / 08)
