Las asociaciones antifranquistas remitieron ayer un informe a la Audiencia Nacional española en el que constatan e informan de la muerte de cerca de 5.820 vascos en 1936 en fusilamientos y desapariciones forzosas.
El listado enviado no es definitivo ni exhaustivo, ya que no consta ningún dato oficial al respecto y los nombres han sido recogidos gracias al esfuerzo y trabajo de organismos populares como "Altaffaylla Kultur Elkartea" -en Nafarroa- o la sociedad de ciencias "Aranzadi" en otros herrialdes. La labor de historiadores como José María Jimeno Jurío o Iñaki Egaña también ha sido fundamental para recabar los informes.
El profesor de medicina forense, Francisco Etxeberria, ha sido una de las personas que ha participado en la elaboración del listado en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa para "Aranzadi" y explica a GARA que «los datos se corrigen según progresa la investigación, ya que están sujetos a correcciones y cambios». En este sentido, Etxeberria señala que han contabilizado entorno a 2.000 desapariciones forzosas en la CAV y afirma que la cifra de víctimas ascendería a unos 8.000 si se tienen en cuenta también los muertos en combate. La cifra de desaparecidos en Nafarroa asciende a 3.480 nombres, aportados ahora por la "Asociación de Familiares de Fusilados" tras las investigaciones realizadas por "Altaffaylla Kultur Elkartea". El dato demuestra la trascendencia de la represión en el herrialde; la población rondaba entonces los 350.000 habitantes, lo que indica que fue fusilado el 1%.
La entrega del listado se produce tras el requerimiento del juez Baltasar Garzón a las 22 asociaciones antifranquistas que presentaron en julio de 2007 una denuncia para que se investigaran las desapariciones ocurridas durante el régimen franquista. En total, han remitido más de 140.000 nombres de represaliados en todo el Estado español.
El magistrado español tan sólo concedió 15 días para recabar la información, por lo que los datos no son exhaustivos y se han recogido a toda prisa. Además, la denuncia no ha sido aún admitida a trámite por el juez.
Represión generalizada
Etxeberria señala al respecto que los datos aportados demuestran que «la represión fue generalizada» y queda acreditado que «mataron a gente en todas partes». Asimismo, expresa que «son muertes violentas de gente sin ningún rigor judicial y no en la guerra».
El médico forense de "Aranzadi" concluye también que ha quedado en evidencia que en 72 años no se ha realizado ninguna investigación oficial. «Todos sabíamos lo que había ocurrido, pero hay que acreditarlo. En cualquier lugar se han investigado las muertes y desapariciones, pero aquí nunca», añade.
La iniciativa de las asociaciones franquistas surge por el «retraso» del Gobierno español en la elaboración de un mapa de fosas, tal y como exige la Ley de Memoria Histórica. Según criticaron ayer al presentar el informe, existe «una ausencia total de voluntad política» por parte del Ejecutivo de Zapatero en este sentido.
Asimismo, explicaron que pretenden «reparar el nombre y la vida de las personas, con todos los medios legales». «No es el primer objetivo de nuestras asociaciones que se siente en el banquillo a los verdugos que aún viven», declararon, aunque añadieron que «si debe haber consecuencias penales, bienvenidas sean».
La Fiscalía pidió el archivo
La Fiscalía de la Audiencia Nacional española solicitó en febrero pasado el archivo de las denuncias, al considerar que han prescrito en aplicación de la Ley de Amnistía de 1977.
También destacó que los hechos señalados eran contemplados como delitos comunes con tipificación ordinaria de «asesinato», «detención ilegal» o «lesiones» en el Código Penal de la época en la que se cometieron, en referencia al ordenamiento de la Segunda República. «Al quedarnos sólo en presencia de delitos comunes, les son aplicables en toda su amplitud los artículos 1 y 2 de la Ley de Amnistía, lo que produjo ya en 1977 la extinción de la responsabilidad criminal», argumentaba en su polémico escrito el Ministerio Fiscal.
De igual modo, sostenía que la competencia no corresponde a la Audiencia Nacional española debido a que los «crímenes contra la humanidad» deben ser perseguidos por los juzgados del lugar en el que se hayan cometido los hechos.
140.000 en total
Las asociaciones antifranquistas personadas en la causa han aportado los nombres de más de 140.000 desaparecidos en el conjunto del Estado español durante la Guerra Civil.
La investigación judicial en Madrid, a remolque de la investigación popular en Euskal Herria
La investigación judicial emprendida por Garzón se ha limitado a recibir los datos aportados por organismos populares y deja en evidencia que hasta el momento nadie ha hecho nada a nivel oficial. Los listados que existen parten exclusivamente de la labor de organismos populares con mucho esfuerzo de documentación, pueblo a pueblo, y a contrarreloj debido al tiempo pasado y a la escasez de testimonios diectos. El ejemplo más claro es el de Nafarroa y el libro de Alttafaylla «Navarra 1936: de la esperanza al terror» , confeccionada mediante colaboradores en los años 80 y actualizada después. Los nombres inscritos en la gran placa del Parque de la Memoria de Sartaguda inaugurado hace unos meses, por ejemplo, se basan en ese listado.
En la CAV, el trabajo también ha sido extraoficial y se ha llevado a cargo de historiadores y colectivos particulares. La sociedad de ciencias "Aranzadi" ha tomado el liderazgo de las exhumaciones en los últimos años. En este sentido, el Gobierno de Lakua afirma ahora contar con un listado que ha elaborado en los últimos años y que iba a presentar ayer, pero la comparecencia se suspendió argumentando el atentado ocurrido en Santoña.
La asociación de víctimas del franquismo Ahaztuak 1936-1977, por su parte, mostró en una nota su disposición a colaborar enviando los datos con los que cuentan a Garzón «si la iniciativa busca llenar el vacío existente hasta hoy día en el Estado español en lo que respecta a cauces y medidas reales para la consecución de la verdad, justicia y reparación». Advirtió, por contra, de que «si por el contrario busca un nuevo fraude, nos tendrán, evidentemente, enfrente». Ahaztuak insistió, al igual que cuando se conoció la actuación de Garzón, en que queda en evidencia el modelo español de impunidad para los crímenes del franquismo.
(Gara. 23 / 09 / 08)
