El historiador Francisco Espinosa, autor de numerosas obras sobre la Guerra Civil y uno de los primeros investigadores de la represión franquista, ha mostrado su deseo de que Baltasar Garzón reclame información sobre las víctimas y desaparecidos a la Policía, la Guardia Civil y los militares, una idea que ya ha sido propuesta y explicada al propio juez a raíz de su iniciativa de investigar la represión franquista.
"El día que ocurra eso, dejaremos ya de estar dando palos al aire y supongo que tendremos toda la información que hemos buscado a lo largo de tanto tiempo", afirma el
historiador. "Aparte de que pueda pedirle información a quien quiera -explica Espinosa en referencia al requerimiento de Garzón a los ministerios, varios ayuntamientos y la Conferencia Episcopal- realmente donde debería pedirla es precisamente a quienes fueron los agentes activos de la represión: los que la organizaron y los que en todo momento supieron lo que estaban haciendo, a quién detenían, a quién mataban y a quién fichaban". El historiador, autor de "Sevilla, 1936. Sublevación fascista y represión" (junto con A. Braojos y L. Álvarez, 1990), "La guerra civil en Huelva" (1996) -reeditada en cuatro ocasiones-, o el ensayo "Julio del 36. Golpe militar y plan de exterminio", sostiene que "el problema" al que se enfrentan los investigadores es no disponer de "toda" la información que existe en los diferentes "ámbitos administrativos" en España sobre la represión franquista. "Lo que contamos es lo que hemos ido sabiendo con los años, pero todavía no hemos dado con la fuente fundamental", insiste.
"Vamos sacando un poco de aquí, otro poco de allí, a base de mucho tiempo y de muchísimas investigaciones a lo largo de muchísimos años, pero todavía no hemos dado con lo que en otros países se ha llamado los archivos del terror, que no son otra cosa que, simplemente, los ficheros que tenían los militares, los que tenía también la Guardia Civil de cada pueblo y los que tenía la Policía, que es sobre la que recae la tarea que en el 36 hicieron las Delegaciones Provinciales de Orden Público. De esas comisarías, toda esa documentación, después de la guerra, pasa a las jefaturas de Policía, a las jefaturas provinciales", explica."En los ficheros está todo"
Según Espinosa, esa documentación existió y se utilizó a lo largo de la dictadura: "Son los ficheros básicos donde está todo: qué fue de cada uno, si este murió, dónde murió, incluso el día, el sitio... etc. Lo sabemos porque esos documentos aparecen por otros sitios. O sea, que sabemos que la Policía emitía informes muy exhaustivos sobre la gente, igual que los militares e igual que la Guardia Civil, lo que quiere decir que esos archivos los tuvieron".
El principal muro contra el que se vienen dando de bruces los investigadores en este sentido radica, precisamente, según Espinosa, en que "si uno va al archivo de la Policía, al archivo de la Guardia Civil o a los archivos militares, esos archivos no los puedes ver porque ellos mismos dicen que no los tienen, que no saben o vete a saber...".
Espinosa está plenamente convencido de que las investigaciones sobre los desaparecidos tras el golpe militar y la posguerra darán un paso de gigante cuando "militares, guardias civiles y policías se decidan a explicar dónde tienen esos archivos y, si es que los han destruido, por qué lo hicieron, cuándo lo hicieron y quiénes son los responsables de esa destrucción ilegal". "Si los tienen, que los pongan al servicio de la iniciativa del juez Garzón y de la investigación", sentencia.
Un caso paradigmático
A medida que se han ido ampliando las investigaciones en los últimos meses, el número de víctimas de la represión ha ido en aumento, una realidad extrapolable a otras provincias españolas. El caso de la provincia de Huelva es paradigmático.
En la cuarta edición de "La Guerra Civil en Huelva" (publicada hace dos años), la cifra de represaliados en la provincia onubense ascendía a 4.500 personas. La última actualización del estudio de Francisco Espinosa, que realizó junto a José María García Márquez y cuya publicación es inminente, eleva significativamente el número de asesinados en 6.019. Y no descarta, a falta de dar con los documentos, que supere los 7.000.
(Público. 22 / 09 / 08)
