Plausible es su consideración de la rebelión fascista del 36 como algo que «podría revestir la calificación de crimen contra la humanidad». Creo, sin embargo, que quedarse ahí, en el análisis de la responsabilidad penal de unos criminales que ya no viven, y punto, puede convertirse en un brindis al sol vacío de faena alguna
He leído con particular interés y agrado la noticia referida a su consideración del glorioso alzamiento nacional como una rebelión dirigida contra el régimen republicano legalmente constituido y la puesta en marcha de un plan de exterminio sistemático de sus oponentes políticos. Ante ello, no puedo sino expresar mi más completo acuerdo con lo afirmado y mi más sincera consideración para con su proceder.
Plausible es, igualmente, la consecuencia derivada de lo anterior, relativa a la necesidad de efectuar exhumaciones de cadáveres en distintas fosas comunes, pues aquí, en Iruñea, podrá servir para acelerar y completar los trabajos de distintas asociaciones en relación a las correspondientes al penal-centro de exterminio de San Cristobal-Ezkaba.
Sin embargo, hay algunas cosas que no termino de entender o con las que no acabo de estar de acuerdo. Esto es así porque junto con la noticia aparecida se dice también que habida cuenta que Franco y los otros 34 jefes que dirigieron el alzamiento fascista han muerto ya, una vez que se consiga su certificado de defunción se declarará extinguida su responsabilidad criminal.
Pues bien, permítame que le formule distintas dudas en relación con lo anterior. Primera: ¿Quiénes son esas 35 personas consideradas por Vd. como «jefes»? Leo que, entre ellos, está el general Mola, pero, ¿se encuentran también los miembros de la Junta Carlista de Guerra de Navarra (Baleztena, Martínez Berasain, Úriz, Eusa, Ulíbarri, Gómez Itoiz, Martínez de Morentin y Morte Celayeta) o la dirección de Falange en esta provincia (Ruiz de Alda, Moreno, Uranga, Machiñena...) que tan importante papel y responsabilidades tuvieron en esa ilegal rebelión de la que Vd. habla y en la cobarde matanza de más de tres mil personas en esta nuestra tierra? ¿No cree Vd. que achacar las responsabilidades por aquel alzamiento criminal a tan sólo 35 personas se queda muy, pero que muy corto?
Por otro lado, si bien es evidente que a las personas muertas no se les puede exigir responsabilidades penales, ¿qué hay del resto de responsabilidades que pudiera achacárseles, como las civiles? ¿O acaso no es cierto y comprobado que de aquel alzamiento se derivó la apropiación y robo de todo tipo de bienes a quienes perdieron la guerra y que del ilegal régimen de él nacido hubo quienes amasaron inmensas fortunas, empezando por el mismo Franco y su familia? Por eso, aún cuando estén muertos, ¿no sería necesario expropiar todas sus propiedades y volverlas a sus legítimos propietarios?
Noto en falta también la presencia del alto clero, instigador ideológico de primer orden de aquel régimen faccioso. Porque, al igual que ocurre hoy con lo que, gracias a Vd. y a otros importantes magistrados, es ya una asentada y copiosa jurisprudencia sobre la entidad jurídica propia del «entorno terrorista», pienso que debería incluirse en la lista de principales responsables de aquel inmenso crimen a los cardenales Gomá e Ilundain y a todos los arzobispos y obispos que, con la sola excepción de Mateo Múgica y Vidal y Barraquer, firmaron aquella «Carta del Episcopado español» que calificó como «Cruzada» la matanza realizada y bendijo con millones de misas y toneladas de incienso el régimen criminal de ella nacido.
Por esa misma razón, considero que todos los colegios religiosos, iglesias y bienes de todo tipo regalados a la Iglesia Católica en pago a su decidido apoyo al alzamiento y al franquismo deberían ser expropiados y recuperados, destinándose su importe a reforzar la cada vez más desasistida red de enseñanza y otros importantes servicios públicos.
Por otro lado, si aquel alzamiento fue ilegal por asentarse en una represión despiadada calificada como «crimen contra la humanidad», ¿qué pasa con las décadas posteriores de dictadura en las que todo el poder estuvo concentrado y manó de aquel criminal -Franco- que encabezó y dirigió toda aquella escabechina? ¿Acaso no puede y debe considerarse que ese vicio en origen del régimen franquista fue insubsanable y afectó a toda su vida posterior? Además, si aquella rebelión fascista supuso, como Vd. dice, la puesta en marcha de un plan de exterminio sistemático, ¿acaso no puede afirmarse con fundamento que este objetivo se materializó no solamente en la represión inmediata al golpe, sino también en los años y décadas posteriores en los que todo tipo de oposición política fue sistemáticamente perseguida y extirpada?
He leído recientemente (los datos son de 2007, así que alguno de ellos se habrá caído de la lista) que siguen vivos dieciocho de los ministros que acompañaron a Franco en sus cuatro largas décadas de dictadura. Entre ellos, Fraga Iribarne, Villar Palasí, Licinio De la Fuente, López de Letona, Monreal Luque, Barrera de Irimo, Fernando Liñan, José María Gamazo, José Utrera Molina, Nemesio Fdez. Cuesta...
Pues bien, es evidente que, durante su mandato, todos ellos fueron corresponsables, junto con Franco, de la represión de todo tipo de libertades; de los fusilamientos a los que dieron su visto bueno en el Consejo de Ministros, de las torturas y asesinatos cometidos por su Policía y de la apropiación de todo tipo de prebendas para beneficio propio. Alguno, como Fraga Iribarne, alguien a quien se homenajea y alaba como uno de los artífices de la transición y «padre de la Constitución», ha sido el responsable político directo de atrocidades recientes, presentes aún en la retina y la mente de mucha gente, como fueron los crímenes de Gasteiz, Montejurra...
Repito lo dicho al principio. Plausible es su consideración de la rebelión fascista del 36 como algo que «podría revestir la calificación de crimen contra la humanidad». Creo, sin embargo, que quedarse ahí, en el análisis de la responsabilidad penal de unos criminales que ya no viven, y punto, puede convertirse en un brindis al sol vacío de faena alguna. Cuarenta años de dictadura exigen bastante más.
(Gara. 26 / 10 / 08)
