El 3 de marzo de ese año confesé a mi familia que era homosexual y les costó mucho entenderlo. Pidieron ayuda a una monja y ella me delató. Un día después se presentaron cuatro policías en mi domicilio en un pueblo de Valencia para llevarme arrestado cuando tenía 17 años.
¿Y qué ocurrió?
Me trasladaron a la comisaría y empezó mi martirio, desde la primera violación hasta las palizas y vejaciones. Estuve tres
meses en la cárcel, primero en Valencia, luego en Carabanchel y Badajoz. La mayor concentración de homosexuales estaba en la última prisión y en Huelva.
¿Cómo se lo tomó?
Te sientes solo y no entiendes el motivo del arresto. Eres consciente de que no has cometido ningún delito. Me aplicaron Ley de Peligrosidad Social en 1976, ya muerto el dictador. Estar en la cárcel era horrible, las vejaciones eran continuas. Los homosexuales estaban con los presos comunes y estábamos expuestos a abusos físicos y psíquicos.
¿Se puede olvidar ese dolor?
No, es imposible. No es sólo lo que se vive dentro, sino que también es horrible cuando sales y tienes que irte desterrado, un año lejos de tu familia. Estas personas tuvieron que malvivir, iban a solicitar un trabajo y cuando entregaban los antecedentes penales se les echaba. Además, sufrían palizas y violaciones potenciadas por los funcionarios y por el estamento policial.
Todavía quedan personas con vida a quienes juzgaron con la Ley franquista de Vagos y Maleantes. ¿Se ha hecho justicia con ellos?
Este colectivo ha estado olvidado hasta que la Asociación de Ex-Presos Sociales ha empezado a luchar por estas personas -sólo viven 80 de 4.000 represaliados-. Hemos conseguido que nuestro sufrimiento fuera reconocido en una declaración institucional por el Parlamento español.
En un principio, el Gobierno negó la pensión vitalicia a este colectivo represaliado por el franquismo, ¿en qué fase está el proceso?
Hemos estado negociando con el Ministerio de Presidencia, porque en el año 2008 se destinó una partida de dos millones de euros para indemnizarnos. Faltaba mucho por hacer, una especie de reglamento o de ley. No obstante, no queremos que las indemnizaciones contabilicen sólo el tiempo que estuvo cada uno en prisión. El juicio que hacen sobre ti al entrar en la cárcel por peligrosidad social es muy doloroso.
¿Considera que se ha reconocido el sufrimiento de este colectivo?
Ha costado que se oiga hablar de nosotros y me alegro de que el Estado reconozca que fuimos represaliados. Necesitamos una indemnización digna, hemos permanecido en el olvido 36 años de democracia.
(Noticias de Gipuzkoa. 30 / 10 / 08)
