Por fin, a ojos de la ley, son víctimas. En su afán por acelerar la aplicación de la Ley de Memoria, el Gobierno central aprobó ayer cuatro decretos reales y, entre ellos, uno que reconoce oficialmente a esos cinco obreros que ni fueron fusilados por el franquismo ni por ETA, pero que cayeron el 3 de marzo de 1976 por defender los derechos de los trabajadores ante un pelotón incontrolado de policías. Los balazos mataron a Pedro Martínez Ocio, José Castillo, Romualdo Barroso, Francisco Aznar y Bienvenido Pereda. Y como compensación, si es que la hay, Madrid entregará a sus familiares directos 135.000 euros.
A partir de ahora los cinco obreros tendrán un status similar, a ojos del Estado, a las víctimas del terrorismo. La cantidad económica que acordó ayer el Consejo de Ministros es la misma que la que reciben los parientes de las personas que caen a manos de las organizaciones terroristas, aunque algo inferior a los 138.000 euros que el ejecutivo foral anticipó hace tres meses. La diferencia, no obstante, estaba prevista. Y tiene solución. El teniente de diputado general, Claudio Rodríguez, ya adelantó que, en el caso de que el Estado estableciera una cuantía diferente, Álava asumiría el gasto de más con cargo a los Presupuestos del territorio.
Y dijo algo más, que la Diputación mantendría las compensaciones en favor de quienes sufrieron lesiones incapacitantes, de mayor o menor grado, aunque el Gobierno central se olvidara de esa otra parte, enorme parte, de la tragedia: más de un centenar de personas. Pues bien, por ahora la memoria de Madrid no da como para delimitar el alcance, la condición y el procedimiento de todas esas cantidades. Pero si algún día lo hace, podrá servirse de los deberes que ya ha hecho Álava.
El proyecto al que dio luz verde en julio el gobierno foral concede una compensación de hasta 390.067 euros a las personas que tengan una gran invalidez como consecuencia de aquellos sangrientos altercados Es la cantidad más significativa de todas las que se aprobaron, aunque no la única de empaque. La indemnización por incapacidad permanente absoluta asciende a 96.161 euros, por incapacidad permanente total a 48.080 euros, y por incapacidad permanente parcial, a 36.000. Asimismo, la Diputación reconoce compensaciones a quienes padecieron secuelas irreversibles, aunque eso no les haya llevado a una incapacidad permanente.
El dinero siempre será bienvenido, aunque las víctimas y sus familiares buscan, en realidad, otro tipo de reparación. Quieren justicia.
(Noticia de Alava. 04 / 10 / 08)
