Las principales asociaciones de víctimas del franquismo criticaron la decisión del juez de la Audiencia Nacional española Baltasar Garzón de inhibirse en la causa que él mismo abrió para investigar las desapariciones en los años siguientes al golpe de Estado fascista liderado por los generales Francisco Franco y Emilio Mola.
Martxelo Álvarez, portavoz de Ahaztuak 1936-1977, recordó que cuando Garzón inició esta causa ya señalaron que «había quedado en evidencia el modelo de impunidad imperante en el Estado español, también en los últimos 30 años, así como la inexistencia de medidas destinadas a la reparación o la investigación de crímenes de lesa humanidad».
Álvarez añadió, en declaraciones a GARA, que lo que Garzón relató al iniciar esta investigación en octubre «no era algo novedoso, ya que nosotros lo habíamos denunciado durante años» y destacó que «era evidente que el Estado iba a tratar de llevar a una vía muerta todo el debate social que se ha abierta sobre esta cuestión». «A Garzón le han tirado de las orejas», subrayó Álvarez, que consideró que «los aparatos del Estado han intervenido en la línea de seguir defendiendo el modelo de impunidad», en el que ubica tanto la Ley de Amnistía de 1977 como la Ley de Memoria Histórica de 2007.
Ante esta situación, Álvarez remarcó que «la única garantía para lograr la verdad, la reparación y la justicia es la activación social de las víctimas del franquismo y de sus descendientes».
Ioseba Eceolaza, representante de la Asociación de Familiares de Fusilados de Nafarroa, una de las asociaciones que presentó denuncia en la Audiencia Nacional, por su parte, lamentó la decisión de Garzón, aunque destacó que el auto del juez del tribunal especial «deja una puerta abierta para continuar con la vía judicial». «En el año 2008 no podemos seguir admitiendo que se consideren las desapariciones como un problema privado o particular. Si tenemos que llamar a las puertas de instituciones internacionales, lo haremos», añadió Eceolaza a la agencia Europa Press.
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) calificó de «decepcionante» el auto judicial, destacando que representa «la incapacidad de la democracia española para hacer Justicia». El presidente de la ARMH, Emilio Silva, añadió que «la pelota ahora está en el tejado del Gobierno [español], que no puede consentir que haya familias caminando por las cunetas y los montes buscando a sus seres queridos sin ayuda del Estado».
La secretaria de la Plataforma de Víctimas de Desapariciones Forzadas por el Franquismo, Paqui Maqueda, mostró su sorpresa y dolor por la inhibición de Garzón y criticó «la labor obstruccionista» del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, y del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que «no han allanado el camino para que se haga Justicia, sino que, al contrario, no han parado de poner obstáculos».
Lo que dice el auto
En el auto que hizo público ayer, Garzón anuncia que dejará de instruir esta causa porque ya no hay responsables vivos contra los que dirigir la acción penal, aunque considera que los delitos permanecen y no han prescrito.
El juez del tribunal especial se inhibió en favor de los juzgados territoriales en los que se encuentran las fosas cuya apertura autorizó -entre ellas la del monte Ezkaba, en Iruñerria- al declararse competente para investigar los hechos, ya que ha «constatado» que el general Francisco Franco y otros 44 altos cargos fascistas han muerto. Garzón, sin embargo, destaca que los fusilamientos y desapariciones no han prescrito, «ya que son delitos permanentes cuya comisión o efectos jurídicos son actuales».
Por ello, «sugiere» la derogación de la Ley de Amnistía de 1977, considerada básica en el proceso de «transición» español tras la muerte del general Franco, tal y como recomienda el Comité de Derechos Humanos de la ONU, que también propone crear una comisión de expertos para «restablecer la verdad histórica sobre las violaciones de los derechos humanos» durante el franquismo y permitir que las familias identifiquen y exhumen a sus allegados.
Se va antes de que le echen
Con el auto de ayer, Garzón se adelanta a la decisión que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional debía adoptar sobre su competencia para instruir la causa, al resolver un recurso de la Fiscalía en el que se sostiene, precisamente, que los hechos son competencia de los juzgados territoriales donde se cometieron los crímenes fascistas. Fuentes jurídicas sugirieron que la Sala de lo Penal iba a mostrarse favorable a las tesis de la Fiscalía. Es decir, que Garzón ha optado por retirarse de la causa antes de que le echasen.
En cualquier caso, Garzón, en el auto hecho público ayer, advierte al Estado y a la Fiscalía de que «obstaculizar la investigación, luego de la omisión de la misma durante años, sería contravenir flagrantemente el Convenio Europeo de Derechos Humanos». Junto a ello, acusa a la Fiscalía de «optar por la desprotección de las víctimas» y de tener en esta causa un criterio distinto al mantenido en los casos de la desaparición del militante de ETA Eduardo Moreno, "Pertur", y del procesamiento de los militares fascistas argentinos Adolfo Scilingo y Ricardo Cavallo.
En el caso de "Pertur", Garzón añade que el hecho de que su desaparición se produjera en julio de 1976, antes de la proclamación de la Ley de Amnistía de 1977, no ha sido obstáculo para que se abra una causa sobre estos hechos en la Audiencia Nacional.
«Olvidar esta realidad por más tiempo y poner trabas a la investigación sería tanto como contribuir a la perpetuación de los efectos del delito y ello, además de injusto, sería cruel para las víctimas y contrario a los más elementales derechos humanos de toda la sociedad española y toda la comunidad internacional», añade Garzón.
El PSOE no quiere opinar
El PSOE no quiso valorar el auto de Garzón. Su secretaria de Organización, Leire Pajín, que ayer ofreció una conferencia en el Club Siglo XXI de Madrid, se limitó a señalar que «siempre hemos respetado las decisiones judiciales y, por tanto, este caso también es para expresar respeto profundo a su decisión y actuación».
La portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, en cambio, afirmó que «el tiempo ha dado la razón a quienes sostenían que no era competencia del juez Garzón investigar las desapariciones» del franquismo.
El PP suscribió plenamente el recurso que la Fiscalía presentó contra la decisión de Garzón de investigar las desapariciones y Sáenz de Santamaría subrayó que «el tiempo nos ha dado la razón».
El diputado de IU Gaspar Llamazares atribuyó la inhibición a «las dificultades y a los obstáculos de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y de la Fiscalía General del Estado». Agregó que «hubiera sido mejor que Garzón hubiera continuado con sus investigaciones porque se lo creía, en vez de dejar la causa en manos de otros juzgados. Espero que la Justicia siga investigando».
El diputado de ICV, Joan Herrera, por su parte, reclamó la creación de una Fiscalía especial dedicada a la Memoria Histórica para «garantizar los derechos de las familias de la víctimas».
Joan Tardà, diputado de ERC, calificó como «una mala noticia» la inhibición de Garzón y denunció «el sabotaje permanente del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, a este sumario».
Siquiatría
Garzón recoge que Antonio Vallejo-Nájera usó la siquiatría para «identificar el biopsiquismo del fanatismo marxista» y que fue pionero en el uso de esta ciencia al servicio de una ideología.
El juez recuerda que el franquismo arrebató miles de hijos a sus padres
En el auto que hizo público ayer, Baltasar Garzón recuerda que el franquismo arrebató miles de hijos a sus padres, al considerar que «las familias republicanas eran inadecuadas para su formación».
Garzón cita la Declaración de Condena de la Dictadura Franquista de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa de 2006, que recordaba que el franquismo calificó de «irrecuperables» a estos niños, y denuncia que «durante más de 60 años no han sido objeto de la más mínima investigación, específicamente tras la entrada en vigor de la Constitución (30 de diciembre de 1979)».
El juez copia en su auto el testimonio de Teresa Martín, presa en la cárcel de Saturraran en 1944, del libro «Los niños perdidos del franquismo». Martín relata cómo «funcionarios y religiosas ordenaron a las presas que entregaran a sus hijos y, tras los forcejeos y resistencias, fueron introducidos en número indeterminado en un tren con destino desconocido: un tren de hierro y madera lleno de niños, que hacía chas, chas». Esos niños no fueron nunca devueltos a sus familias.
(Gara. 19 / 11 / 08)
