Baltasar Garzón comparte la recomendación formulada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que España derogue la Ley de Amnistía de 1977, según consta en el auto dictado ayer.
En su resolución judicial , Garzón califica de "importante" la decisión que el Comité de Derechos Humanos de Naciones aprobó el pasado 27 de octubre de 2008 y en la que recomendaba al Estado español la necesidad de "considerar la derogación de la Ley de Amnistía".
Como recuerda el instructor, el máximo organismo de la ONU también solicitó al Gobierno español que tomara "las medidas necesarias legislativas necesarias para garantizar el reconocimiento de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad", al tiempo que le aconsejaba crear "una comisión de expertos que restableciera "la verdad histórica sobre las violaciones de los derechos humanos cometidos durante la Guerra Civil y la Dictadura".
Según destaca el juez, con esta resolución "el máximo organismo de la ONU para la interpretación del Pacto de 1966", relativo a Derechos Civiles y Políticos y ratificado por España en 1977, "dice claramente cuál debería ser la pauta a seguir", que, en su opinión, "desde luego no coincide con la interpretación que hace el Ministerio Fiscal en esta causa".
Por eso, Garzón reprocha al fiscal-jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, que alegue que los crímenes de la Guerra Civil y el Franquismo prescribieron con la aprobación de la Ley de Amnistía por tener "una naturaleza política".
"No es los mismo declarar extinguida la responsabilidad de los principales cabecillas por fallecimiento que otorgarles la impunidad, el perdón y el olvido judicial tildando sus acciones como mera represión política", dice el juez, quien expresa que "las víctimas no se merecen una resolución que reconozca sus derechos ni la escenificación que cínicamente se está haciendo desde algunos sectores con una frivolidad difícil de calificar apelando a los más bajos instintos y tratando de resucitar fantasmas de confrontación".
Diferenciación entre víctimas
Así, indica que su intención no es "hacer una diferenciación entre víctimas", y dice que "cualquiera que haya sufrido la agresión contra su vida o su libertad o cualquier otro de sus derechos fundamentales, tiene derecho a ser resarcida", pero admite, en referencia a las causas que le han llevado a abandonar la investigación, que "el proceso judicial iniciado tiene unos contornos muy precisos, que no excluyen otros pero, desde luego, cualquier reclamación no puede ni debe concentrarse en una sede porque entonces sí se trataría de una causa general".
(Noticias de Alava. 19 / 11 / 08)
