Con un nutrido público como telón de fondo, la Corporación cerrajera se comprometió en un Pleno Extraordinario, celebrado el jueves, a prestar apoyo "político, técnico y económico" para iniciar los trámites necesarios que permitan interponer las preceptivas denuncias antes los juzgados competentes, en relación a las detenciones ilegales y desapariciones que se produjeron en la sublevación de 1936.
Este acuerdo es fruto de la aprobación de la declaración institucional a favor de las víctimas del franquismo, que auspiciada por la "Comisión de Amigos y Familiares de Fusilados del Alto Deba", se trasladará al resto de consistorios de la comarca para recabar su colaboración.
Así, a través de este texto, el Ayuntamiento aboga por llevar a cabo un juicio penal e histórico, a la vez que subraya su "solidaridad" y "voluntad política" para respaldar las acciones y procedimientos de condena de los crímenes contra la humanidad -en contra de lo afirmado por el fiscal de la Audiencia Nacional que los considera delitos comunes-, que promueva el citado colectivo. Muestra también su disposición a contribuir en los gastos que puedan originarse de estas actuaciones, cuyas ayudas se regularán por subvenciones.
La moción insiste en que hay "muchas razones" para juzgar el franquismo, ya que a lo largo de 40 años se cometieron "muchas muertes, torturas y robos, de forma organizada, planificada y aprobada por los mandos rebeldes". "Ni en la Transición, ni con la ley de memoria histórica se les ha exigido a los autores de esos crímenes ninguna responsabilidad política y judicial", incide.
El Consistorio reconoce, además, que las víctimas de franquismo tienen el derecho adquirido a recibir el reconocimiento basado en la "verdad, la justicia y la reparación", pasados 72 años "de silencio e impunidad desde el alzamiento militar fascista". Por su parte, parientes y convecinos de los fusilados y desaparecidos de la contienda, muestran su disposición a actuar como testigos.
Arropado por numeroso público, entre ellos familiares de fusilados, el portavoz de la comisión, Juan Ramón Garai, recordó que de octubre a noviembre de 1936, las autoridades detuvieron a 62 civiles -28 de Arrasate-, "cuatro curas y cinco mujeres, que fueron conducidos a la cárcel de Ondarreta, donde el comandante juez militar Ramiro Llamas vio que las denuncias no eran suficientes para llevarles a juicio, y les hizo firma su libertad para posteriormente fusilarlos". "Nunca hemos sabido dónde están enterrados", aseguró.
Las opiniones
La moción contó con el visto bueno de todos los partidos políticos, salvo el PP. Su portavoz, Icíar Lamarain, precisó que apoyaba retirar el título de alcalde honorífico a Francisco Franco -el texto también incluía este punto que salió adelante-, pero hizo hincapié en que "nunca" colaborarán para que "unos mondragoneses sienten en el banquillo y juzguen a otros mondragoneses, reabriendo las heridas que se cerraron en la Transición".
(Noticias de Gipuzkoa. 8 / 11 / 08)
