La marcha atrás del juez Baltasar Garzón en la causa contra el franquismo no impide proseguir con las indagaciones. El problema reside en la voluntad política. Este análisis llega de la mano de la asociación Ahaztuak 1936-1977 , que ve más de un camino posible para salir del laberinto del olvido histórico que denuncian desde su agrupación. La plataforma en defensa de las víctimas del golpe de Estado, de la represión y del régimen franquista vio ayer un reducto en los tribunales locales, si bien las llaves para abrir esa vía de escape las tendría, según aseguraron, la voluntad política.
En una rueda de prensa ofrecida ayer en Bilbao, el portavoz de la asociación, Martxelo Álvarez, consideró "un paso atrás" la decisión de dejar en manos de los juzgados locales las investigaciones sobre las muertes del franquismo, aunque precisó que ese hecho no evita que pueda llegarse al esclarecimiento de la verdad. "El elemento más criticable de todo este asunto es la falta de voluntad política", censuró.
En opinión del cabeza visible de la plataforma, la decisión ha llegado forzada por las presiones que, a su juicio, se han recibido desde la Fiscalía, la política, los medios de comunicación o la Iglesia para enterrar la cuestión. "No se pueden generar expectativas a gente que lleva arrastrando desde hace setenta años la falta de sus familiares para, de la noche a la mañana, volver a decir, como están diciendo muchos, que esto ya no tiene recorrido", reprobó. Además, criticó que las investigaciones y el debate se centren en los casos de los niños perdidos durante la dictadura de Francisco Franco puesto que, según opinó, deberían valorarse todos en conjunto y no utilizar estos aspectos como "distracción".
ANTECEDENTES
Los hechos que censura Ahaztuak 1936-1937 se remiten a la decisión de Garzón de atender las denuncias de 22 asociaciones de familiares de desaparecidos, lo cual desembocó en que, el 16 de octubre, decidiera abrir 19 fosas. La Fiscalía, ante la iniciativa del magistrado, anunció que recurriría la decisión al entender que la Audiencia Nacional no tenía competencia para indagar en el asunto. Sin embargo, Garzón argumentó que los sucesos denunciados eran constitutivos de un delito de detención ilegal sin dar razón de paradero, como así lo acreditaría la sentencia que esgrimió el juez para sustentar su tesis. El fallo al que se refería correspondía al caso del ex-militar Adolfo Scilingo, acusado de las desapariciones ocurridas en Argentina. La sentencia dictada por el Tribunal Supremo permitiría, según Garzón, establecer que las desapariciones constituyen delitos contra la humanidad.
En sus investigaciones, apuntó como responsables a 35 altos cargos del régimen franquista, incluido el propio Franco. Para emitir su fallo, pidió el certificado de defunción de los implicados para declarar la extinción de responsabilidad penal de éstos. Por ese motivo, este martes, el juez extinguió la responsabilidad de Franco tras comprobar su muerte, tras lo cual remitió la causa a los juzgados de las localidades donde se ubiquen las fosas.
(Deia. 22 / 11 / 08)
