Unas 2.000 familias de todo el Estado solicitan recuperar el dinero, emitido por el bando republicano, que les fue incautado por el régimen franquista a partir de 1938 y hasta entrada la postguerra. Todas ellas se han asociado en la Agrupación de Perjudicados por la Incautación del Gobierno Franquista (Apigf), que se dedica a recoger copias de todos los recibos que emitieron las autoridades cuando les requisaron el dinero y que se reunieron ayer en Barcelona para estudiar qué posibilidades tienen de recuperar lo incautado. Su reivindicación es que se reconozca la confiscación y se restituya a los afectados y a sus descendientes el dinero con un valor actualizado al curso. Estiman que una peseta de la época de 1936 son 2,85 euros de hoy.
Dinero del enemigo
En 1938, en plena Guerra Civil, un decreto del Ministerio de Hacienda del gobierno franquista, con sede en Burgos, ordenó la prohibición de "la tenencia de papel moneda puesto en curso por el enemigo". Esta orden supuso la incautación del papel moneda impreso por el Gobierno Republicano a partir de 1936, que también pusieron en circulación algunos ayuntamientos situados en territorio republicano e incluso cooperativas. Con esta finalidad, se creó el Fondo de Papel Moneda puesto en Circulación por el Enemigo, de acuerdo con un decreto del Ministerio de Economía franquista. Vecinos de todo el país tuvieron que entregar sus ahorros al Banco de España, entidades bancarias privadas y a los Ayuntamientos, y nunca cobraron la cantidad abonada. Eso sí, todos recibieron un recibo oficial donde se certificaba la cantidad entregada. "Pedimos justicia, que a los perjudicados se nos devuelva el dinero incautado" al igual que se restituyeron los bienes de partidos políticos o sindicatos, solicitó Jiménez.
Historiadores que colaboran con la entidad tuvieron acceso a los libros de actos del Archivo Histórico del Banco de España, y comprobaron que, según los registros, se reconoce que al menos se incautaron y no se devolvieron 3.560 millones de pesetas de la época, "aunque la cifra total podría superar los 5.000 millones de entonces", precisó Jiménez. Hay unas 1.200 familias afectadas que viven en Cataluña. El resto, unas 800, viven en el resto del Estado.
(Deia. 14 / 06 / 09)
