La demanda de este colectivo se centra principalmente en tres pilares: por un lado, exige que se declare nula de pleno derecho la resolución de alcaldía del 14 de junio de 2010 del Ayuntamiento de Berrioplano, propietario del terreno donde se asienta la fortificación, que procedió a legalizar los trabajos a posteriori. Por otro, solicita lo mismo para la decisión de Príncipe de Viana de 14 de noviembre de 2008, que autorizó estos trabajos. Y, finalmente, pide la nulidad del contrato por el que el Ministerio de Defensa adjudicó las demoliciones a la empresa Tragsa, al ser actuaciones nulas.En su escrito de demanda, el Autobús de la Memoria recuerda que las obras en el Fuerte de San Cristóbal -en las que se eliminaron muros y elementos esenciales construidos para la función de prisión franquista- se ejecutaron sin disponer Defensa de autorización municipal alguna. Hace hincapié en que el Consistorio de Berrioplano, único competente para las actuaciones urbanísticas en esta fortificación, "no actuó debidamente" a pesar de tener conocimiento y "sólo reaccionó, tarde" ante el primer recurso de alzada presentado por el colectivo ante el TAN el 12 de abril de 2010. Critica, además, que una vez que el Ayuntamiento se pone en marcha y pide a Príncipe de Viana el informe autorizando las obras, éste data del 14 de noviembre de 2008 "y en él apenas se aporta un mínimo de explicación del motivo de la conformidad que prestaba, ni se revisa la capacitación técnica de la empresa y el personal que va a llevar a cabo las obras". En este sentido, el Autobús de la Memoria recuerda que la empresa Tragsa carece de la capacitación técnica legal exigida para intervenciones en inmuebles declarados Bien de Interés Cultural, como es el Fuerte de Ezkaba, y que sin embargo las actuaciones afectaron "de forma importante a la estructura interior del inmueble, en concreto, a piezas propias de la acomodación de este inmueble como prisión a partir de 1934". Por todo esto, considera que Defensa "despreció" el procedimiento legal de tramitación de licencias de obras, así como las condiciones básicas de intervención en un Bien de Interés Cultural.
memoria histórica Esta iniciativa recoge en su recurso que, además de vulnerarse la legislación en materia de protección del patrimonio histórico y cultural, no se ha tenido en cuenta la Ley de Memoria Histórica. Por todo ello, cree que el procedimiento seguido para la legalización de las obras del Fuerte es "irregular" y que resulta "evidente" que las demoliciones "no se han realizado" para mejorar la fortificación y protegerla, sino con "la malsana intención de borrar determinados aspectos históricos del edificio que para el Ejército español, a través del Ministerio de Defensa, no le resultan muy cómodos". En este sentido, pone como ejemplo el campo de concentración de Mathausen. "Es como si se eliminasen de él los hornos crematorios porque no figuraban en el proyecto original del campo ni nunca se presentaron públicamente como parte consustancial de las actividades criminales que en él se desarrollaban. Pero por ese tipo de elementos sabemos que no era un simple campo de concentración, sino que se convirtió en un campo de exterminio". Del mismo modo, entiende esta agrupación que es "inconcebible" explicar qué ocurrió en el Fuerte de San Cristóbal "sin conservar y contextualizar sus muros".
Para sustentar su demanda, el Autobús de la Memoria -integrado por la Asociación Pueblo de las Viudas (Sartaguda), Ahaztuak 1936-1977, Basilio Lacort Herri Ekimena, Eguzki Bideoak, Memoriaren Bideak, Psicólogos sin Fronteras, Sanfermines 78 Gogogan, Txinparta y la Hormiga Atómica- aporta un informe, en el que 82 expertos en Historia, Arqueología y Patrimonio Cultural, junto con 25 asociaciones que trabajan por la recuperación de la Memoria Histórica- apoyan que los derribos de este enclave se declaren ilegales y piden su reparación.
(Noticias de Navarra. 5 / 04 / 2011)
