El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón solicitó ayer al Gobierno, a través de una providencia, un informe sobre el número de desaparecidos "a partir del 17 de julio de 1936 como consecuencia directa del denominado alzamiento 
nacional y la situación de Guerra Civil que provocó y la posguerra bajo el mandato del nuevo régimen en España". Garzón se dirige al Ministerio del Interior y al de Defensa, a los que pide, en caso de no poder atender su requerimiento, que identifiquen al organismo competente para realizar tal informe.
La fiscalía solicita el archivo porque en 1936 no existía delito de lesa humanidad. Esta petición del juez se enmarca en las gestiones que está realizando para decidir si admite a trámite las denuncias presentadas desde hace un año por asociaciones de Recuperación de la Memoria Histórica de toda España y que piden esclarecer el paradero de más de 1.200 desaparecidos, la mayoría en Cataluña. Garzón también reclamó ayer a los responsables de estas asociaciones -que consideran que el delito imputable en estos casos es el de lesa humanidad y por tanto no prescribe- que detallen "en la medida de lo posible" las circunstancias de las desapariciones.
nacional y la situación de Guerra Civil que provocó y la posguerra bajo el mandato del nuevo régimen en España". Garzón se dirige al Ministerio del Interior y al de Defensa, a los que pide, en caso de no poder atender su requerimiento, que identifiquen al organismo competente para realizar tal informe.La fiscalía solicita el archivo porque en 1936 no existía delito de lesa humanidad. Esta petición del juez se enmarca en las gestiones que está realizando para decidir si admite a trámite las denuncias presentadas desde hace un año por asociaciones de Recuperación de la Memoria Histórica de toda España y que piden esclarecer el paradero de más de 1.200 desaparecidos, la mayoría en Cataluña. Garzón también reclamó ayer a los responsables de estas asociaciones -que consideran que el delito imputable en estos casos es el de lesa humanidad y por tanto no prescribe- que detallen "en la medida de lo posible" las circunstancias de las desapariciones.
La fiscalía de la Audiencia Nacional se ha pronunciado en contra de admitir a trámite las denuncias. Sostiene que el delito de lesa humanidad no se puede aplicar a este caso porque no existía cuando ocurrieron los hechos (en España entró en vigor en 2004). Las asociaciones se preguntan, sin embargo, cómo es posible que la Audiencia pueda investigar los asesinatos cometidos durante los genocidios maya o ruandés y no tenga competencia para hacerse cargo de los desaparecidos en la Guerra Civil española y la dictadura.
"Los familiares están muy esperanzados e ilusionados con el gesto del juez Garzón. Nuestro objetivo es documentar al máximo el número de desaparecidos, localizar sus restos y conocer la verdad de lo que ocurrió. El Estado tiene que asumir esa reparación", explicó ayer Fernando Magán, el abogado que representa a los familiares de las víctimas.
Uno de ellos es Juan Pérez Silva, de 72 años, hijo de María Silva, La libertaria de Casas Viejas. "No me acuerdo de ella porque la última vez que estuvimos juntos yo tenía 15 meses. Nos llevaron a los dos el 19 de agosto de 1936 a la cárcel de Paterna. A los tres días, a mí me llevaron a casa de mi tía, que fue la que me crió; y no volví a saber nada de mi madre. Desde entonces la estoy buscando. No he dejado de preguntarme un solo día dónde está", explicó Pérez Silva el día que puso la denuncia en la Audiencia Nacional.
Perdió a 26 familiares durante la Guerra Civil y la dictadura, entre ellos también a su padre, un conocido sindicalista. "Él está en el cementerio de Cartagena. Lo que más deseo es encontrar a mi madre y poder enterrarlos juntos. Si no lo hacemos ahora, no lo haremos nunca", añadió Pérez Silva.
(El Pais. 27 / 06 / 08)
