En ese pueblo de las zonas altas del departamento de Ayacucho, el batallón militar que realizó la masacre hizo que los propios campesinos cavaran su propia fosa, con el engaño de que se trataría de una piscigranja para beneficio de ellos.
En la fosa, descubierta entre mayo y julio de 2008, se hallaron numerosos casquillos de bala pertenecientes a la Fabríca de Armas y Municiones del Ejército (FAME).
A pesar de las numerosas evidencias y el testimonio de un soldado acerca de la responsabilidad militar los sucesivos ministros de Defensa de los sucesivos Gobiernos peruanos se han negado de manera terminante a entregar información sobre los presuntos responsables.
En enero de 2010 la fiscal Cristina Olazábal que lleva adelante las investigaciones sobre este y otros crímenes cometidos por las FFAA peruanas -como el de Accomarca- ha sido acusada de prevaricación por el actual presidente peruano Alan García y su labor se halla amenazada, poniendo en riesgo toda la investigación avanzada. Hay que señalar que la masacre de Accomarca compromete -a tenor de la denuncia- al mismo Jefe de Estado -a Alan García- por haberse realizado durante su primer gobierno.
Cabe recordar que a raíz de la últimas exhumaciones de restos humanos relacionados con la matanza de Putis, se tiene información de que solo en Putis existirían al menos 14 lugares de entierro con cerca de 400 cuerpos enterrados aproximadamente.
Asimismo, tras casi diez años de investigación fiscal, todavía se continúa sin poder identificar a los militares responsables de la base contrasubversiva que existió en los años ochenta en Putis y que realizó esta masacre, debido principalmente a que el ministerio de Defensa se ha negado sistemáticamente a proporcionar dicha información.
(Servindi)
