El pasado 11 de mayo, el pleno del Congreso aprobó una moción para impulsar el desarrollo de la Ley de la Memoria Histórica y, especialmente, para garantizar la responsabilidad de todas las instituciones del Estado en las labores de búsqueda y exhumación de fosas de las víctimas del franquismo. La resolución, pactada entre IU-ICV y el PSOE, contó con la única oposición del PP y UPN, la abstención de Coalición Canaria y el respaldo del resto de grupos. No hay que olvidar que, tal y como recuerdan las asociaciones de familiares de desaparecidos, Navarra se encuentra en "un limbo" legal ante la exhumación de cuerpos de personas fusiladas durante la Guerra Civil, debido a que el Gobierno de Navarra se ha negado, al igual que las autonomías dirigidas por el PP, a suscribir el convenio propuesto por el Ministerio de Justicia para realizar el mapa de fosas y establecer un protocolo sobre cómo acometer las exhumaciones. A ello se une que se estima que los restos de unas mil personas podrían permanecer en fosas comunes salpicadas por la geografía foral.
En relación con este asunto, la lectura de un reciente artículo de Queralt Solé i Barjau (Inhumados en el Valle de los Caídos. Los primeros traslados desde la provincia de Madrid, Hispania Nova. Revista de Historia Contemporánea, 2009, 9), disponible libremente en Internet en la dirección http://hispanianova.rediris.es es de gran interés porque de él se desprende que las autoridades navarras de 1958-1959, pese a no enviar el mapa de fosas comunes que se les ordenó hacer entonces, habrían contado con alguno, siquiera parcial, por cuanto enviaron al Valle de los Caídos los restos de más de un centenar de republicanos fusilados durante la Guerra Civil.
El mapa de fosas comunes y las circulares de 1958
El Monumento a los Caídos de Cuelgamuros (Guadarrama) se construyó entre 1940 y 1959, inaugurándose el 1 de abril de ese último año. Los pormenores del traslado de los restos óseos que se depositaron en los columbarios construidos en la cripta han podido ser reconstruidos por medio de la consulta de los fondos conservados en el Archivo General de la Administración en Alcalá de Henares.
En una reunión del Consejo de Obras del monumento a los Caídos del 30 de diciembre de 1957, celebrada en el despacho del Ministro de Gobernación, Camilo Alonso Vega, y a la que asistió, entre otros, el Ministro de la Presidencia, Luis Carrero Blanco, se acordó "que por la Guardia Civil, se proceda a levantar unas relaciones de los muertos y asesinados en las distintas localidades, para que en el momento oportuno se conozca el número y un informe referente a los deseos de los familiares acerca del traslado de dichos restos".
Una circular de 23 de mayo de 1958 enviada por el ministro de Gobernación a todos los gobernadores civiles impartía instrucciones sobre cómo localizar enterramientos, pidiendo detalles sobre si estaban dentro o fuera de los cementerios, si eran enterramientos individuales o colectivos o si eran civiles o militares. Además, el ministro indicaba a los gobernadores que para obtener los datos solicitaran la colaboración de los alcaldes, párrocos, Guardia Civil y cualquier otra autoridad local que pudiera facilitar la labor mencionada, exigiendo, además, la remisión en el plazo de un mes de las relaciones de las personas enterradas en cementerios católicos, iglesias o panteones privados en quienes concurrieran las circunstancias antes expresadas, y cuyos más próximos parientes expresaran el deseo o prestaran su aquiescencia para que los restos de sus familiares fueran trasladados al monumento. Al principio de dicha circular se explicaba el motivo de la misma: el hecho de que uno de los principales fines perseguidos con la construcción del Monumento de los Caídos era "el de dar en él sepultura a cuantos cayeron en la Cruzada sin distinción del campo en que combatieran, según impone el espíritu cristiano que inspiró su creación, siempre que unos y otros fueran de nacionalidad española y religión católica". También ordenaba que se publicara una circular en el Boletín Oficial de la Provincia correspondiente, así como en los periódicos de mayor tirada y en los tablones de anuncios de los ayuntamientos. En el acta de la reunión del Consejo de Obras del Monumento a los Caídos de junio de 1958 se acordaba ampliar el plazo a los gobernadores civiles para la presentación de las relaciones de muertos en la guerra.
En Navarra se publicaron dos circulares en relación con esa cuestión en el Boletín Oficial de la Provincia de Navarra del miércoles 4 de junio de 1958. La primera conllevaba la obligación por parte de los ayuntamientos de realización de un mapa de las fosas comunes que hubiera en cada municipio en el plazo de 15 días. La segunda se refería a que los familiares de las personas de cuyos restos se notificara la existencia manifestaran en el plazo de quince días su deseo o consentimiento para que los restos de sus familiares fueran trasladados a la cripta de Cuelgamuros. Hay que señalar que en los demás números del Boletín Oficial de la Provincia de Navarra no hay más noticias acerca de la cuestión.
Con todo, la solicitud de información no tuvo demasiado éxito. En una segunda circular enviada por el ministro de Gobernación Camilo Alonso Vega a los gobernadores civiles el 31 de octubre de 1958 se detallaba exactamente la información que se quería obtener, cómo se quería y para cuándo, especificándose las medidas de las urnas individuales o colectivas y fijándose las fechas máximas para la realización de exhumaciones y envío de restos en cada provincia. Se decía que el 20 de noviembre sería la fecha tope para recepción de información. Los gobernadores tendrían que concretar las cifras de enterrados en cementerios o en fosas comunes, identificados o no, individualizables o no, diferenciando diversas categorías. Se abría la posibilidad para que se especificara si se trataba de "mártires" o de "rojos". En la Circular también se pedía que se elaborara un mapa de la provincia en el que se marcaran las poblaciones con enterramientos y el número de éstos, anotando los de cada tipología. También se ordenaba que los restos en cajas debían estar preparados para el 1 de febrero de 1959.
Sin envío de mapa desde Navarra
Las autoridades navarras no comunicaron ningún mapa de fosas, sino que se limitaron a informar solamente de los restos de cuatro personas, todos ellos del apartado que incumbía a personas enterradas en cementerios e identificadas. Navarra fue, junto con Soria (3) y Orense (1), la provincia que informó de los restos de menos personas. Otras provincias con cifras bajas fueron Logroño (10, de diferentes apartados), Salamanca (6), Zamora (8). Por contra, así como algunas provincias se limitaron a dar cifras de restos de personas del bando franquista, otras proporcionaron también datos de enterrados del bando republicano.
El traslado de restos a Cuelgamuros
Parece ser que las autoridades franquistas decidieron en 1958 trasladar a Cuelgamuros también restos de muertos republicanos, contrariando la idea original de que el monumento custodiase únicamente restos de muertos en el bando nacional. Aunque no es algo documentado, hay versiones que consideran que el cambio de opinión se pudo deber a una condición impuesta por la jerarquía de la Iglesia para aceptar hacerse cargo del monumento y del Monasterio.
En una circular de febrero de 1959 se regulaba cómo debían de ser las urnas y cómo debían hacerse las exhumaciones y cómo debían enviarse a Cuelgamuros. Los primeros restos llegaron allí a lo largo de marzo y abril de 1959.
El número total de inhumados en el monumento sería de 33.847. De ellos, 21.178 están identificados en el Libro de los muertos de la Guerra Civil Española, en su práctica totalidad del bando franquista, en muchos casos enterrados en fosas comunes cercanas a campos de batalla, siendo imposible su individualización para su traslado a su localidad de origen. De esos 21.178 inhumados identificados, las provincias con más nombres registrados serían Madrid (4.338), Zaragoza (3.839) y Teruel (2.448). Navarra sólo cuenta con 7 nombres, una de las provincias con menos. Guipúzcoa cuenta con 232, Vizcaya con 35 y Álava con 497. Asimismo, Logroño registra 10 y Soria con 40.
Además, se calcula en 12.669 el número de personas sin identificar cuyos restos habrían sido trasladados. Estos últimos se encuentran en los laterales de la cripta, detrás de los muros, y la mayoría corresponderían a restos de republicanos.
Envío de restos de republicanos desde Navarra y rescate en 1980
Entre los restos de 10.001 personas enviados allí desde la mayoría de las provincias españolas en los primeros meses se computaron los restos de 144 personas remitidas el 23 de marzo de 1959 desde Navarra, 7 de ellas en cajas individuales (que serían de combatientes franquistas identificados) y 137 en 9 cajas colectivas, estos últimos de republicanos fusilados. Es evidente que las familias de los combatientes navarros del bando nacional rechazaron el traslado. También hay que decir que algunos familiares de fusilados supieron entonces de la posibilidad de su exhumación y traslado.
Comparativamente, Navarra fue la provincia del bando franquista que en aquella primera tanda de envíos remitió más restos de personas, con diferencia, en cajas colectivas, extraídas de fosas comunes de fusilados. Por lo tanto, aunque no se habría comunicado a Madrid el mapa de fosas encargado a los ayuntamientos, sí que se habría hecho uso de alguna cartografía para acometer dicho traslado.
En febrero de 1980 se trajeron a Navarra los restos de 133 de esos fusilados republicanos navarros inhumados en Cuelgamuros. Tal y como se ve en el documento que reproducimos, eran 6 de Allo, 19 de Azagra, 27 de Corella, 1 de Larraga, 5 de Lodosa, 6 de Los Arcos, 2 de Mendavia, 52 de Pamplona y 15 de San Adrián, originalmente enterrados en fosas de Aberin, Arandigoyen, Ayegui, Cadreita, Pamplona, Milagro, Murillo, Ribaforada y Tudela. El rescate de los cuerpos fue posible tras numerosas gestiones iniciadas en mayo de 1979 por una comisión de cinco personas de familiares conocedores del tema. Javier Tusell, catedrático de Historia Contemporánea fallecido en 2005 y que entonces, con el gobierno de UCD, era director general de Patrimonio Artístico, Archivos y Museos del Ministerio de Cultura, habría representado el papel oficial de recibir a los familiares cuando fueron a recoger los restos al Valle de los Caídos, después de haber conseguido la autorización, habiendo sido para ello determinante la amenaza de la publicación en prensa de las largas que aquéllos recibían para conseguir su objetivo. De cualquier forma, parece ser que, tal y como han podido constatar, familiares de inhumados que han tratado de recuperar sus restos de allí en base a ese precedente (que sería hasta hace poco el único), no existe actualmente constancia en Patrimonio Nacional de dicha autorización obtenida por los representantes de los familiares navarros.
Todas las informaciones anteriores, pero sobre todo el hecho ignominioso de que hace cincuenta años se ocultara la localización de fosas comunes en las que posteriormente se exhumaron restos de represaliados para enviarlos a Guadarrama, deberían ser tenidas en cuenta de cara a un tratamiento mínimamente honesto de la cuestión hoy en día.
(Noticias de Navarra. 6 / 06 / 2010)
