La denuncia de Autobús de la Memoria se extiende al Ministerio de Defensa, propietario del fuerte y promotor de los trabajos, al Ayuntamiento de Berrioplano por legalizar las obras y al departamento de Cultura del Gobierno de Navarra por emitir un informe favorable a través de Príncipe de Viana. En la demanda piden asimismo que se restituya el fuerte a su estado anterior, dado que está perfectamente documentado cómo estaba y cómo ha quedado después de las obras. Ayer en la vista, que duró unos 45 minutos, únicamente pudieron intervenir los abogados de las partes, pero no los historiadores.
Carlos Otxoa explicó que las obras del Ministerio de Defensa en el fuerte de Ezcaba comenzaron en 2008. En principio estaban previstas labores de limpieza y desbroce, pero después se convirtieron en demolición de muros, lo que supuso la destrucción de parte del espacio físico en el que se desarrollaron los acontecimientos en el penal durante la guerra civil y en los años posteriores.
Autobús de la Memoria recurrió en principio al Tribunal Administrativo de Navarra en base a dos argumentos: las obras no tenían licencia ni el informe de Príncipe de Viana necesario al tratarse de un edificio declarado Bien de Interés Cultural. El TAN les dio la razón pero se declaró incompetente y les remitió al Juzgado Contencioso Administrativo. Entre tanto, el Ayuntamiento de Berrioplano solicitó el informe de Príncipe de Viana, que fue favorable, y, con posterioridad, legalizó las obras. "Creemos que el informe de Príncipe de Viana es anulable y, por tanto, también la licencia del Ayuntamiento", señaló Otxoa.
El tribunal sí aceptó ayer las pruebas testificales, recogidas básicamente en el libro Penal de San Cristóbal/Ezkaba: derribos contra la memoria, que el colectivo Autobús de la Memoria editó en primavera y que aporta informes de decenas de historiadores y peritos. Para Carlos Otxoa, "la actuación que se ha hecho en Ezkaba va en contra de la Ley de Patrimonio y de la Ley de la Memoria Histórica y trabajaremos para recuperar la verdad".
"mutilación del conocimiento" Pedro Oliver, de la Universidad de Castilla-La Mancha, reivindicó la importancia de que los historiadores participen en este tipo de cuestiones y señaló que "el patrimonio histórico no puede dejarse en manos de técnicos y administrativos". Señaló con ironía que tal vez hubieran aceptado "a un historiador no de derecho sino de derechas" y argumentó que "lo que se ha hecho en San Cristóbal es una mutilación del conocimiento, es destruir puentes contra la historia".
Oliver destacó el "meritorio" trabajo realizado que "merecía la pena haber dejado exponer hoy", y dijo haberse sentido "ninguneado en algunos momentos" porque "hay una guerra de memorias que sigue teniendo asiento en los tribunales de justicia. En Navarra estamos en una etapa de indocumentación, dejar esta cuestión en manos de arquitectos sin que se documente es sorprendente".
Según se recoge en el libro Penal de San Cristóbal/Ezkaba: derribos contra la memoria, en el penal se derribaron tres muros que se construyeron en su día para transformar el fuerte en cárcel: uno cerraba el patio militar para convertirlo en patio penal; la segunda pared derribada es la de la cocina, vital para comprender la historia del fuerte ya que allí se fraguó parte de la fuga de 1938; y el tercer muro es el del locutorio y su derribo desdibuja la sala destinada a las visitas de los familiares.
(Noticias de Navarra. 26 / 11 / 2011)
