La noche del 28 de octubre de 1969 marcó un hito en la historia reciente del País Vasco, al convertirse en escenario del germen de las movilizaciones vecinales, cuando la democracia era todavía un sueño lejano. El contexto histórico y la crudeza con la que se desarrolló la primera gran protesta ciudadana provocaron que aquella revuelta que explotó en el municipio vizcaíno de Erandio en pleno franquismo haya quedado grabada a fuego en la memoria colectiva. El hartazgo por la grave contaminación atmosférica que llevaban años padeciendo los residentes de una localidad fuertemente industrializada fue la chispa que prendió un enfrentamiento entre la Policía Armada y cientos de vecinos de Erandio, que se atrincheraron en las vías del ferrocarril que unía Bilbao y Plentzia y cortaron la carretera de la Ría. La refriega, que tuvo su continuación al día siguiente en forma de huelga, se saldó con dos muertos y decenas de heridos.
El municipio, que por aquel entonces era un barrio de Bilbao y no un municipio independiente, llevaba años soportando las emisiones contaminantes procedentes de empresas radicadas en la zona, como Remetal, Indumetal, Metalquímica, Olarra S.A. y Dow Unquinesa -perteneciente al grupo estadounidense Dow Chemical- ; pero también sufría los gases procedentes de Altos Hornos y otras compañías siderúrgicas y metalúrgicas situadas en zonas colindantes. "Era un agujero donde llegaba el humo de todas partes. Había días en los que la gente tenía que ir con un pañuelo tapándose la boca y la nariz porque no se podía respirar", rememora Manuel Castrillo, un vecino que participó en las protestas con 19 años y recibió un tiro en la pierna. La situación era tal que, sólo diez años después de estos sucesos, según explica Antxon Olabe, consultor ambiental y ecologista de primera hora, el Consejo de Ministros reconoció el área metropolitana de Bilbao como "zona contaminada", calificación que no se retiró hasta 25 años después.
El municipio, que por aquel entonces era un barrio de Bilbao y no un municipio independiente, llevaba años soportando las emisiones contaminantes procedentes de empresas radicadas en la zona, como Remetal, Indumetal, Metalquímica, Olarra S.A. y Dow Unquinesa -perteneciente al grupo estadounidense Dow Chemical- ; pero también sufría los gases procedentes de Altos Hornos y otras compañías siderúrgicas y metalúrgicas situadas en zonas colindantes. "Era un agujero donde llegaba el humo de todas partes. Había días en los que la gente tenía que ir con un pañuelo tapándose la boca y la nariz porque no se podía respirar", rememora Manuel Castrillo, un vecino que participó en las protestas con 19 años y recibió un tiro en la pierna. La situación era tal que, sólo diez años después de estos sucesos, según explica Antxon Olabe, consultor ambiental y ecologista de primera hora, el Consejo de Ministros reconoció el área metropolitana de Bilbao como "zona contaminada", calificación que no se retiró hasta 25 años después.
Buena parte de la población sufría problemas respiratorios y la contaminación era tan intensa que, tal y como recuerdan los vecinos, la ropa tendida en las ventanas adquiría un intenso tono amarillento y hasta las medias de las mujeres se "quemaban" si se acercaban demasiado al área industrial.
Pese al malestar generalizado de la población, las protestas se desataron cuando tomó cuerpo un incipiente movimiento de resistencia contra la dictadura en las zonas industriales. De hecho, sólo un año después las movilizaciones ciudadanas darían un salto cualitativo con el Proceso de Burgos, el juicio sumarísimo montado por el régimen franquista contra 16 miembros de la primera ETA, acusados de participar en los tres asesinatos iniciales de la banda, y que se saldó con otras tantas condenas a muerte, luego conmutadas.
En Erandio ya habían aflorado síntomas de malestar y hartazgo entre los trabajadores y sus familias. De hecho, según cuenta Castrillo, no era la primera vez que las mujeres, muy preocupadas por la salud de sus hijos, acudían a la plaza del pueblo a protestar de forma pacífica, o que los hombres exteriorizaban en las vías del tren su indignación por la falta de medidas contra la contaminación atmosférica que padecían. Pero esa noche, sobre las siete de la tarde, prendió la chispa.
"Se volvió a producir una nueva emanación de gases nocivos, molestos e insalubres en Erandio. La fumada o nube más intensa tuvo media hora de duración. Esta repetición produjo la irritación de un sector del vecindario que, formando grupos, salió a la calle a manifestarse en señal de protesta". Así describe un periódico local de la época el arranque de los sucesos. Los manifestantes se atrincheraron armados con piedras en las vías del tren y en la carretera, interrumpiendo la circulación durante una hora. Entonces se produjo una "nueva intervención de la fuerza pública para serenar los ánimos, y ante la imposibilidad de lograrlo, los agentes de la autoridad, que se vieron prácticamente acorralados y apedreados por los manifestantes, tuvieron que hacer uso de sus armas, para amedrentar a aquéllos e imponer el orden", describe otro diario con la retórica habitual de la época.
Cuatro vecinos y 17 agentes resultaron heridos esa noche. Uno de los civiles era Antón Fernández. Se asomó al balcón de su casa y le alcanzó una bala en el cerebro. Estuvo 15 días en coma en el hospital de Basurto, donde finalmente murió. "Hubo un agente armado custodiándole en la habitación todo el rato", recuerda su hija, Conchi, que entonces tenía 24 años.
Al día siguiente, se sucedieron nuevos incidentes. Unas 1.500 personas, según la prensa local, se echaron a la calle para protestar por los altercados de la víspera. Los trabajadores de Astilleros Ruiz de Velasco, Celaya, Cemesa, Cándido Echeandía y Somme, entre otras empresas, abandonaron sus puestos de trabajo y se manifestaron con sus uniformes laborales puestos. La mayoría de comercios de Erandio cerró sus puertas todo el día. Los integrantes de la marcha volvieron a intentar cortar la carretera de la Ría a su paso por la localidad y también, de nuevo, el tránsito ferroviario.
Los grises volvieron a cargar. Un disparo en el abdomen mató a Josu Murueta. Dos vecinos más fueron detenidos por agresión e insultos a la fuerza pública y la Policía requisó la cámara de fotos de un redactor en prácticas de La Gaceta del Norte cuando trataba de documentar los incidentes.
Las dos víctimas
- Antón Fernández, de 54 años, estaba casado y tenía dos hijos, José Manuel y Conchi, y dos nietas. Natural de Erandio, trabajaba como ajustador en la empresa Montajes Sarabia. El Ayuntamiento de Erandio le dedicó una calle y hay una placa en Astrabudua que recuerda los incidentes.
- Josu Murueta, de 31 años, estaba casado con María Pilar y tenía dos hijas, Idoia y Josune. Bilbaíno, trabajaba como tornero en un taller de Astrabudua, donde vivía. Aún llevaba el uniforme de trabajo cuando fue abatido por la Policía. El hospital que le atendió llamó a su mujer tiempo después para reclamarle el coste de la atención sanitaria recibida. Se negó a pagar "por dignidad". Una plaza de Astrabudua y un centro cultural llevan su nombre.
Un después vacío de respuestas
Los incidentes marcaron profundamente a Erandio, que dejó de celebrar sus fiestas patronales durante seis años. Días después de los incidentes se celebró un juicio militar en Garellano que finalmente quedó "en nada", se duelen los familiares. No hubo explicaciones. Nunca se depuraron las responsabilidades de los agentes implicados y pronto se cerró el caso. "Lo calificaron de accidente", recuerda Mª Pilar Arenaza. esposa del fallecido Josu Murueta. Los entierros fueron custodiados por tanquetas y guardias civiles a caballo "por si se producían altercados".
Ahora bien, lo sucedido llevó al subsecretario del Ministerio de Industria, Manuel Aguilar, a desplazarse a Erandio para "encontrar una solución urgente" a la contaminación atmosférica. Y la contestada alcaldesa de Bilbao, Pilar Careaga, quien calificó de "intolerable" la situación, llegó a solicitar al Gobierno civil la paralización de dos fábricas, Remetal e Indumetal, hasta que no se instalaran filtros e instalaciones de seguridad. Industria se comprometió a erradicar los "gases tóxicos y peligrosos" y a establecer después "valores límite" para la emisión de contaminantes, aunque Aguilar señaló en un informe que "desterrar los humos de Vizcaya es imposible prácticamente".
Las emisiones se fueron reduciendo poco a poco en los años siguientes, pero los vecinos se duelen de que sólo impusieran a las empresas que fueron investigadas "multas simbólicas". Los familiares de Antón y Josu "no confían" en que la Ley de Memoria Histórica reconozca sus casos. "Nunca han existido reconocimientos oficiales. Hay un agravio comparativo" con otras víctimas, dicen.
En el 40º aniversario de los incidentes la asociación Ahaztuak y el sindicato LAB han convocado esta semana diversos actos que culminarán hoy con una concentración en Erandio.
(El Pais. 31 / 10 / 09)
