El presunto criminal de guerra nazi Josias Kumpf, de 84 años y sobre el que pesa una orden internacional y europea de detención y entrega a España dictada el pasado mes de septiembre por el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno por un supuesto delito de genocidio, falleció hoy en Viena (Austria), donde se residía tras ser entregado en abril por las autoridades de Estados Unidos, según informó la radio pública austriaca ORF.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 decretó el pasado 17 septiembre la búsqueda, captura e ingreso en prisión de Kumpf y otros dos presuntos genocidas nazis -- Johann Leprich, de 84 años, y Anton Tittjung, de 85-- por su actuación como cómplices en un presunto delito de genocidio y lesa humanidad por su actuación como miembros del Batallón de la Calavera de las SS (SS Totenkopf-Sturmban), que habría actuado en tres campos de concentración entre 1942 y 1945.
El magistrado de la Audiencia Nacional adoptó esta decisión a partir de una petición formulada en mayo por la Fiscalía y tras la querella presentada por un superviviente español del Holocausto nazi y los familiares de otras cinco víctimas de los campos de concentración.
El juez cita en la biografía de los tres presuntos genocidas y considera "acreditado" que los tres estuvieron destinados en las campos de concentración nazis de Mauthausen, Sachsenhausen y Flossenbürg durante la II Guerra Mundial. Según los querellantes, en estos recintos estuvieron confinados más de 7.000 españoles, de los que más de 4.300 murieron.
Explica que todos ellos "fueron miembros de las Totenkpf SS, prestaron servicio como guardias armados en lugares destinados a la persecución de personas por motivos políticos, étnicos y raciales". En concreto, en Mauthausen estuvieron destinados Leprich, nacido en Birk (Rumanía), y Tittjung, natural de Erdud (Croacia), mientras que Kumpf, originario de Nova Pasova (Serbia), desarrolló su labor en Sachsenhausen.
Entre los hechos acaecidos en estos campos se citan en el auto casos de inanición, palizas, torturas y asesinatos por gaseamiento, ahorcamiento, estrangulación, administración de inyecciones en el corazón, electrocución, palizas, ahogamiento, quema de personas vivas, desnutrición o ejecuciones.
El informe presentado por el Ministerio Público también hacía referencia a la declaración testifical que realizaron en marzo pasado las víctimas de campo de Mauthausen Jesús Tello y Emeterio Ramiro Santisteban, que relataron al juez las condiciones en que vivieron durante su confinamiento y la forma de actuar de los guardias.
Según describieron, los vigilantes nazis "tenían obligación de disparar no sólo en caso de huída del prisionero sino también tenían la facultad de ejecutar a un prisionero si se acercaba a menos de seis metros de ellos". Además, relataron que "la administración del campo recompensaba a los guardias con un día de permiso con cada prisionero ejecutado".
Los cuatro imputados en esta causa --la Fiscalía española no solicitó el ingreso en prisión del cuarto imputado, Iwan Demjanjunk, porque fue extraditado a Alemania, donde, según consta en la causa, "se siguen actuaciones" en su contra--, que desarrollaron su labor como guardias armados en los citados campos de concentración, se instalaron en Estados Unidos al término de la II Guerra Mundial, aunque en los últimos años han perdido la nacionalidad estadounidense por orden de los tribunales de este país.
Según la Fiscalía, los prisioneros fueron sometidos a "programas de exterminio diseñados por el sistema nacionalsocialista, siendo retenidos en contra de su voluntad por razones de raza, religión, nacionalidad o convicciones políticas". "Fueron objeto de formas extremas de maltrato y abuso, incluido el asesinato", se añadía en la demanda.
En concreto, la actuación judicial ha sido impulsada por David Moyano, combatiente francés que sobrevivió al confinamiento en Mauthausen; y los familiares de Agustín, Marcos y Francisco Puente, exterminados en Sachsenhausen; Donato de Cos Gutiérrez, asesinado en Mauthausen; Gabriel Torralba, liberado por las tropas estadounidenses tras permanecer en Auschwitz y Mauthausen; y Víctor Cueto, superviviente de este último campo.
Los querellantes solicitaron la extradición a España de los cuatro ex oficiales argumentando que su jurisdicción tiene competencias para enjuiciar "hechos delictivos cometidos fuera del territorio nacional vinculados a la existencia de víctimas españolas", tal y como se hizo en casos como el genocidio del pueblo maya o los crímenes durante la dictadura argentina, que citaron expresamente.
(Deia)
