rpusiera una denuncia de 261 casos -entre ellos también vascos- ante la Fiscalía General del Estado. Desde entonces, la representante de este colectivo en Euskadi, la irundarra Flor Díaz, ha recibido «multitud de llamadas y correos» en los que otros ciudadanos vascos denuncian haber sido víctimas del mismo delito. De momento, ha recopilado cuarenta casos: una veintena de ellos en Guipúzcoa, catorce en Vizcaya y siete en Álava, pero «tenemos conocimiento de muchos más», asegura. Ahora, las fiscalías provinciales serán las encargadas de investigar las denuncias.El Gobierno vasco también quiere tomar cartas en el asunto y, a iniciativa propia, se reunirá mañana con representantes de los afectados en Euskadi. En la cita, que tendrá lugar a mediodía en la sede del Ejecutivo en Lakua, estará presente la consejera de Justicia, Idoia Mendia, y la directora de Derechos Humanos, Inés Ibáñez de Maeztu.
La representante en Euskadi de la asociación nacional de afectados por adopciones irregulares (Anadir) está «contenta» con la llamada del Ejecutivo autónomo «porque demuestra que hay interés». En la cita, Flor Díaz informará de los casos que hasta la fecha han llegado a la agrupación, sin olvidar el de sus dos hermanos, supuestamente también robados. En la mayoría de las situaciones analizadas, el modus operandi se repite: arrebataban los recién nacidos a las madres en la misma sala de partos, les decían que habían muerto y posteriormente los entregaban en adopción a familias pudientes a cambio de dinero. En la trama estarían involucrados «médicos, matronas y funcionarios». Los afectados podrían ser cerca de 300.000 en toda España.
«No saben qué hacer»
En el encuentro de mañana, la asociación aprovechará para solicitar al Gobierno vasco que preste apoyo psicológico a los familiares afectados. «La gente, cuando se entera de lo que le hicieron, lo pasa muy mal. En muchos casos recibimos llamadas de teléfono de personas mayores que no saben qué hacer y se echan a llorar. Es una pena. Yo también sufro porque me recuerda a los dos bebés que le robaron a mi madre», señala Flor Díaz. Fuentes del Departamento vasco de Justicia, señalan que la reunión será «una primera toma de contacto para informarse de primera mano de los casos que se conocen y saber en qué líneas están trabajando». La propia consejera Mendia se ha ofrecido a «atender a estos ciudadanos, a escucharles y a colaborar con la Fiscalía en lo que sea necesario». De hecho, la investigación judicial en Euskadi está punto de comenzar.
Desde el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco confirmaron ayer que serán las fiscalías provinciales quienes se encargarán de las pesquisas. Y lo harán por mandato expreso de la Fiscalía General del Estado, que coordinará su trabajo. Como explica Enrique Vila, abogado de Anadir, finalmente el Ministerio Público «ha aceptado» la denuncia que presentaron a finales de enero, «a pesar de las informaciones que apuntaban en un primer momento a que no iba ha haber investigación».
De hecho, según señala Vila, la Fiscalía General del Estado «no llevará físicamente» las investigaciones, pero remitirá a cada uno de los responsables provinciales las denuncias correspondientes para que inicien las pesquisas en cada uno de los 261 casos presentados. «Los hechos que se estudiarán pueden suponer delitos de suposición de parto, falsedad de documento público y tráfico de niños», precisa el letrado.
(El Correo Español. 8 / 02 / 2011)
