¿Esperaba esta decisión del Tribunal Supremo de no admitir a trámite el recurso?
Sabíamos que era muy difícil que lo aceptaran porque no existe la valentía que tendría que haber para encauzar esta situación. El Supremo se atiene a la Ley de Memoria Histórica para eludir la anulación de estas sentencias. Aunque manteníamos la esperanza, no podíamos esperar otra cosa.
¿Qué razones cree que tiene la justicia para no anular estas sentencias del franquismo?
Darnos la razón habría sentado un precedente importante que a la justicia no le interesa. Hay muchos casos como el nuestro en los que los familiares están pendientes de poder borrar las condenas y sentencias políticas del franquismo. El Supremo tendría que enfrentarse a muchas solicitudes.
La Sala de lo Militar del Supremo, responsable en decidir la admisión de estos recursos, ¿no ha tenido en cuenta las nuevas pruebas que han presentado?
No, y es algo que no entendemos. Éramos optimistas porque la fiscalía sí aceptó los nuevos documentos que encontramos y que contribuían a demostrar que la sentencia que condenó a muerte a Miguel estaba infundada. De momento, y hasta que recibamos el auto, sabemos que reconocen la injusticia y la barbaridad que se cometió con Miguel. Ante eso me pregunto, si lo ven así ¿porqué consienten que su sentencia a muerte siga existiendo?.
¿Cómo se plantean el escenario futuro?
Primero esperaremos a recibir el auto y después valoraremos todos los puntos en los que se han basado para la denegación. No descartamos nada ni nos vamos a detener aquí. Nos plantearemos ir al Constitucional y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos si es preciso. Al margen de los recursos legales, no desdeñamos acciones en la calle, con la ciudadanía. Desde luego no vamos a parar.
La ley 52/2007 de Memoria Histórica, ¿ha sido una piedra en el camino?
Esta norma es un disparate. Está muy mal hecha. Establece que las sentencias y condenas dictadas por razones políticas e ideológicas son ilegítimas, pero no las anula, y por ello tampoco podíamos esperar otra decisión del Supremo.
(Público. 17 / 02 / 2011)