"Es un ejemplo de cómo no deberían de hacerse las cosas", he manifestado.
He intentado explicarlo de esta manera:
Las familias de los asesinados por el franquismo, en aquellos casos en que pudieron recuperar sus restos, lo hicieron de forma silenciosa, casi a escondidas, tragándose su dolor y su soledad.
La muerte de Pascual Marín Santos, republicano ciezano cuyos restos fueron hallados recientemente. entre los de una de las fosas comunes próximas al siniestro penal pamplonés del Fuerte de San Cristóbal, no se debió -como dice la crónica periodística- a la tuberculosis, si no a que fue asesinado lentamente, aplicándole tormentos por hambre, frío, y el confinamiento prolongado en las lóbregas y húmedas mazmorras, de uno de los penales más siniestros del régimen franquista, como puede hoy contemplarse actualmente en las visitas guiadas. El final de estas condiciones inhumanas, aplicadas a una persona de una edad entonces avanzada, no podía ser otro que la muerte. La enfermedad solo fue el instrumento para acabar con la vida de los presos.
Resulta lamentable, que a los sesenta seis años de este crimen, la definitiva inhumación de Pascual, se haya hecho de la misma forma en que se llevaban a cabo en la posguerra, de forma casi subrepticia, sin permitir que la sociedad civil, los compañeros de las organizaciones políticas y sindicales en las que militaron durante la República y por cuyo compromiso fueron torturados en su cautiverio antes de morir, sean excluídos de participar en esta despedida definitiva, porque siendo comprensible que una familia quiera realizar las exequias en la más absoluta intimidad, no lo es tanto cuando concurren circunstancias como las que rodearon la vida y muerte de Pascual Marín.
No se puede pasar de la fosa común al nicho común, sin más, porque la Memoria Histórica de las víctimas no es propìedad de las familias, si no un legado de dignidad y ejemplo compartido y compartible con toda la sociedad, o al menos, por toda la sociedad democrática. Porque no es una cuestión de "humanidad", lo que marca el derecho de enterrar dignamente a las víctimas de Franco, si no una concepción de mucha mayor altura: la de hacer de estos actos una suprema didáctica de denuncia de aquel régimen homicida, y una lección de compromiso y de coherencia de las víctimas, con los ideales de justicia y libertad que representaron y por los que fueron asesinados.
(La Tercera. 5 / 10 / 2010)
