El lema de la página web de la Memoria Histórica de Málaga, es por sí solo elocuente: “Los pueblos que no recuerdan su pasado están condenados a repetirlo”, reza. Hoy, para los descendientes de aquellos que hace más de medio siglo perdieron su vida por los principios republicanos, el viejo adagio parece convertirse, más que en una advertencia, en una premonición. La ‘Asociación contra el silencio y el olvido por la recuperación por la Memoria histórica de Málaga’ fue creada en 
2003 por un puñado de vecinos que tenían –y en muchos casos aun tienen- familiares enterrados en las siniestras fosas comunes del antiguo cementerio de San Rafael, a punto de ser transformado en parque por el Ayuntamiento local. A la fecha, más de 4.100 nombres de víctimas del franquismo ejecutadas y enterradas en estas fosas están documentados, testimoniándose más de 1.900 personas asesinadas en la provincia de Málaga. En un prolijo, respetuoso y sacrificado trabajo de profesionales y voluntarios, los restos exhumados son catalogados y numerados, ordenados en cajas con sus correspondientes fichas arqueológicas y almacenados, para que los familiares puedan darle un entierro digno en el futuro parque que cubrirá el cementerio, e inscribir sus nombres en un monumento recordatorio. El éxito de la tarea llevada a cabo a pulmón durante estos cinco años contra viento y marea, apelando a la colaboración estatal y de particulares, permite presumir que la organización funciona a la perfección. Sin embargo, la realidad es otra: la ‘Asociación contra el silencio y el olvido por la recuperación por la memoria histórica de Málaga’ está prácticamente quebrada.
2003 por un puñado de vecinos que tenían –y en muchos casos aun tienen- familiares enterrados en las siniestras fosas comunes del antiguo cementerio de San Rafael, a punto de ser transformado en parque por el Ayuntamiento local. A la fecha, más de 4.100 nombres de víctimas del franquismo ejecutadas y enterradas en estas fosas están documentados, testimoniándose más de 1.900 personas asesinadas en la provincia de Málaga. En un prolijo, respetuoso y sacrificado trabajo de profesionales y voluntarios, los restos exhumados son catalogados y numerados, ordenados en cajas con sus correspondientes fichas arqueológicas y almacenados, para que los familiares puedan darle un entierro digno en el futuro parque que cubrirá el cementerio, e inscribir sus nombres en un monumento recordatorio. El éxito de la tarea llevada a cabo a pulmón durante estos cinco años contra viento y marea, apelando a la colaboración estatal y de particulares, permite presumir que la organización funciona a la perfección. Sin embargo, la realidad es otra: la ‘Asociación contra el silencio y el olvido por la recuperación por la memoria histórica de Málaga’ está prácticamente quebrada. El trasfondo real
Acusaciones cruzadas entre los miembros, recelos sobre la transparencia del accionar de sus integrantes y agrias discusiones en las asambleas, ocultan el trasfondo real de la fractura. Para Rafaela Torres, administradora de lo que fuera la página web del colectivo, ese trasfondo está claro: “Existen discrepancias ideológicas, dado que nuestra visión de la Memoria Histórica difiere mucho de la Junta Directiva de la Asociación”, dice. “Para ellos lo único que interesa es sacar el mayor número de cuerpos, poner en un monumento los nombres de todos los que fueron fusilados y poco más –explica Torres-. Para nosotros, la Memoria Histórica es recobrar la historia que nos fue ocultada por un régimen dictatorial y fascista, hacerla llegar a los jóvenes para difundir el peligro del fascismo en el mundo, anular de pleno derecho todos los juicios franquistas y honrar la memoria de los que lucharon contra la opresión y el fascismo en este país”. El episodio que precipitó el enfrentamiento entre los miembros de la Junta Directiva y quienes editan la página web, parece confirmar el origen político del conflicto. Se trata del ‘desalojo’ de Juliana Sánchez, una aguerrida mujer de 73 años que cada día se desplaza casi 90 kilómetros hasta Málaga desde la Villa de Rute, junto a su marido, para buscar los restos de su padre, Vicente Sánchez, enterrado en una de esas fosas.
Una figura emblemática
Juliana es casi un emblema de la Memoria Histórica en Málaga. Sobreviviente de la guerra después de haber pasado mil penurias, dedica lo que resta de su vida a atender a las familias de víctimas enterradas en las fosas comunes, orientarlas, recabar información y alentar las excavaciones. De discurso inflamado y marcadamente republicano, la anciana goza del respeto de los jóvenes, y hasta 2007 era consultada a menudo por la prensa nacional e internacional. Durante largo tiempo, Juliana desarrolló su actividad en una habitación que la Asociación por la Memoria Histórica disponía y dispone en el cementerio, habitación que fue acondicionada por la propia anciana para que los familiares de las víctimas pudieran realizar sus necesidades y recibir información –generalmente proporcionada por Rafaela Torres- en una improvisada “Sala de Espera”. En abril de 2008, meses después de un áspero entredicho con un miembro de la Junta Directiva que le prohibió hablar en nombre de la Asociación con la prensa internacional, Juliana fue desalojada de esa habitación y confinada junto a su marido, también anciano (foto), a una caseta de obra donde se depositan las cajas con restos humanos, en un extremo del cementerio cercano al paredón del fondo, sin lavabo ni retrete, y sin contacto con nadie. Explicaciones y entredichos La Junta Directiva explica que el traslado se debió a un “reacomodamiento” de los enseres de la Asociación, que le permite ahorrar 400 euros al mes en concepto de alquiler de casetas. “Esto se puso a consideración de la Asamblea y se preguntó si existían otras propuestas o si algún miembro de los asistentes quería manifestar algo en tal sentido, pero nadie manifestó nada al respecto”, asegura el histórico presidente de la Junta, Francisco Espinosa Jiménez. Lo que Jiménez no puede explicar claramente, es si ese ahorro fue destinado a pagar al guardia de Seguridad que en los últimos días apareció custodiando la puerta de la habitación que utilizaba Rafaela, y que al parecer tiene instrucciones de no dejar entrar a los “díscolos” de la Asociación a la zona de excavaciones. “No se trata solamente de una cuestión de ahorro de dinero: lo que pretenden es que Juliana no hable, por su discurso antifranquista”, contesta Rafaela Torres, quien refiere un amargo episodio en el que la anciana y su marido habrían sido catalogados de “camarilla de fascistas” por el mismo presidente de la Junta. “La Asociación está integrada por hombres y mujeres que, en su inmensa mayoría, tienen algún familiar en las fosas o han sufrido la represión franquista, y no pretende ostentar otra representación que la que legítima y democráticamente le han otorgado”, afirma un comunicado de la Junta Directiva, en elíptica referencia a la disidencia de Rafaela Torres y otros miembros de la Asociación. La activista denunció públicamente el desalojo de Juliana a través de la página web, e inició una campaña que logró la adhesión de decenas de vecinos y agrupaciones políticas para pedir que se revierta esta situación. La Junta Directiva desautorizó a la página, indicando mediante un comunicado que “la legítima representación de aquellas personas que han decidido voluntariamente unirse la ostenta la Asociación, de acuerdo con sus estatutos”. “Rafaela Torres no debería atribuirse la representación de los familiares que acuden al cementerio ni la de los familiares que integramos la Asociación”, fustiga el presidente.
Un colaborador incómodo
Quizá lo más objetivo de todo el entredicho esté en el listado de colaboradores de la Asociación. Allí se encuentra, en un lugar destacado, el Ayuntamiento de Málaga, actualmente en manos del PP, partido de reconocida simpatía por el dictador Francisco Franco. “La aparición de políticos y simbología de izquierda irritaba a la actual directiva, que debe temer incomodar al Ayuntamiento malagueño”, confiesan en la intimidad allegados a la Asociación. La habitación que le fuera cerrada a Juliana Sánchez pertenece a Parcemasa, empresa de cementerios del Ayuntamiento de Málaga. Y a cargo de las excavaciones está Sebastián Fernández, miembro de la Junta Directiva de la Asociación y actual Decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Málaga, cuya última acción fue comunicar que posee “los derechos intelectuales de la exhumación” –sea lo que esto fuese- por lo cual prohíbe hacer fotografías de la excavación sin su permiso. Por ahora, la principal afectada es doña Juliana, cuya figura alta y magra se ve transitar desde su automóvil -en el que pasa las horas después de haber rechazado la caseta- hasta los baños de un bar cercano. “Se siente desengañada y triste, la gran ilusión que sintió cuando después de más de cuarenta años de búsqueda se enteró que su padre estaba en una fosa común del cementerio de San Rafael, se ha desvanecido”, asegura Torres. Agrega que “su entereza es lo único que la hace seguir en la lucha, no puede entender cómo una asociación que se convoca contra el olvido la silencie reiteradamente y la insulte”. Sobre sus palabras, sobrevuela el lema de la web de la Asociación, y ese pasado tan temido que todavía parece empecinarse.
(Glocalia. 19 / 08 / 08)
