El Ministerio de Defensa se propone desclasificar documentos de los archivos históricos militares considerados aún hoy como secretos, entre los que se encuentran numerosos consejos de guerra celebrados durante los primeros años del franquismo. La iniciativa supone una inmejorable ocasión para resolver los problemas que siguen afectando a estos archivos, y que van desde las dificultades que enfrentan los investigadores para consultarlos hasta la simple conservación de unas fuentes documentales imprescindibles para enriquecer el conocimiento del reciente pasado. También, por supuesto, para conocer las falsedades y los insostenibles argumentos jurídicos con que fueron condenadas, y muchas veces ajusticiadas, personas cuyo único delito consistía en haber participado en la vida democrática del país.
La regulación del acceso a los archivos militares supone la corrección de una anomalía que, según los propios investigadores, se ha venido resolviendo en algunos casos por la buena disposición de los funcionarios encargados de la custodia. Su actitud refleja, en realidad, un sentimiento extendido dentro y fuera de las Fuerzas Armadas: por injustos que puedan ser los actos que quedan reflejados en esos documentos, en absoluto comprometen a ninguna institución actual. Aunque los archivos se encuentren en dependencias del Ejército, el Ejército de hoy nada tiene que ver con el de entonces, y de ahí que la gestión de estos documentos deba regirse por un sistema reglado, transparente y profesional.
La regulación del acceso a los archivos militares supone la corrección de una anomalía que, según los propios investigadores, se ha venido resolviendo en algunos casos por la buena disposición de los funcionarios encargados de la custodia. Su actitud refleja, en realidad, un sentimiento extendido dentro y fuera de las Fuerzas Armadas: por injustos que puedan ser los actos que quedan reflejados en esos documentos, en absoluto comprometen a ninguna institución actual. Aunque los archivos se encuentren en dependencias del Ejército, el Ejército de hoy nada tiene que ver con el de entonces, y de ahí que la gestión de estos documentos deba regirse por un sistema reglado, transparente y profesional.
La conservación de los archivos es otro de los argumentos que avalan la iniciativa del Ministerio de Defensa. Ahora no existe riesgo de que, como en el pasado, se destruyan documentos por ignorancia de su valor y, menos aún, por razones políticas, con un afán de ocultar episodios comprometedores, como todavía sucedió a mediados de los años sesenta. Los peligros que acechan a estos archivos son los mismos que corre cualquier otro: el deterioro por el paso del tiempo y, sobre todo, la fragmentación y el desorden, que pueden convertirlos en masas de papel en gran medida inutilizables.
El proceso que culminará con la actual iniciativa del Ministerio de Defensa se inició en los noventa. Fue entonces cuando buena parte de los responsables de la custodia de los archivos militares empezó a facilitar el acceso de los investigadores. Antes del final de la dictadura no siempre fue así. Tras la cortina del secreto, muchos documentos fueron destruidos, hasta el extremo de que existe un importante vacío entre 1931, fecha de la proclamación de la República, y 1945, año en el que, tras la victoria de los aliados, el régimen de Franco tuvo que borrar a toda prisa las huellas de su colaboración con la Alemania nazi y la Italia fascista. Pero también se dio el caso contrario: documentos que la dictadura quiso destruir se salvaron gracias a la labor de funcionarios conscientes de su deber.
(El Pais. 15 / 08 / 08)
