Debo comenzar dejando claro que comprendo perfectamente a aquellos que, en defensa de legítimos intereses, creen que se puede dar una competencia desleal de las asociaciones memorialistas o de familiares de víctimas por una “cuota de mercado”, frente a profesionales agrupados en fundaciones, empresas de servicios, etc… en el caso de las fosas comunes del franquismo
Quien esto escribe ha participado en exhumaciones de víctimas del franquismo, dirigidas por un conservador jefe de un Museo Arqueológico de Comunidad Autónoma, o por un catedrático de Universidad, que sacrificaron sus vacaciones de manera absolutamente desinteresada. En el mundo en que vivimos algunos entienden que existe “profesionalidad” si, por ejemplo, se parte de un convenio firmado con una institución pública que garantiza 3.000 € (es un suponer) por cadáver exhumado. Cierto es que en determinadas circunstancias las asociaciones hemos tenido que actuar en condiciones precarias, porque obviamente no es lo mismo realizar una exhumación con el respaldo político y económico de instituciones importantes (incluso en algún caso con cajas de ahorro como “sponsors”), que con medios limitados e incluso con las instituciones en contra, y además dependiendo de la disponibilidad profesional y personal de voluntarios y especialistas. Por desgracia el voluntarismo y el compromiso militante no son siempre suficientes, o al menos no permiten que se “compita” en igualdad de condiciones.
De todos modos creemos que el tema de las fosas comunes del franquismo exige de las personas dedicadas a ello (profesionales, miembros de asociaciones, responsables políticos…), el respeto escrupuloso a unos límites éticos y formales que en ningún caso se deberían traspasar, como ha sucedido cuando algunas instituciones han financiado campamentos y talleres con enorme aparato propagandístico, pero dejando en situación de abandono fosas llenas de barro de las que asoman restos humanos (2). O en los campamentos de verano para estudiantes de Arqueología que, no es que trabajen gratuitamente, sino que pagan una matrícula por rescatar los restos de republicanos, socialistas o anarquistas asesinados. Por suerte son casos particulares y aislados, pero reales.
Las reflexiones sobre la transición o la amnistía de 1977, con que el Sr.Ortiz comienza su artículo antes de entrar en el fondo real del asunto, resultan cuando menos discutibles: no dudo de que mucha gente comparta la valoración positiva que hace de la Transición: por ejemplo, las instituciones y empresas que se lucraron con mano de obra republicana esclava y a quien nunca nadie ha pedido responsabilidades o cuentas; los antiguos fiscales y jueces del Tribunal de Orden Público; los torturadores de la Brigada Político Social (hoy la mayoría ancianos, disfrutando de pensiones que les permiten de un merecido y acomodado retiro) ; o algunos célebres próceres y padres de la Patria, responsables directos de los hechos de Montejurra o de Vitoria en 1976.
Discrepo de la opinión del Sr.Ortiz: si la Transición hubiera sido tan modélica ni él no yo tendríamos que estar debatiendo, 35 años después de la muerte del dictador, sobre la exhumación de 3.000 fosas comunes y de docenas de miles de víctimas de asesinato y del crimen contra la Humanidad de desaparición forzada.
El Sr.Ortiz critica, generalizando, la “politización” de la exhumaciones, como si los restos que extraemos de fosas comunes no fueran de políticos y sindicalistas asesinados precisamente por eso, por ser militantes políticos y sindicales. Parece ser que los restos de republicanos y antifranquistas a exhumar deberían recibir el mismo tratamiento (muy profesional, eso sí) que los de visigodos o de víctimas de la viruela, por mucho que los Comités de derechos humanos y contra la tortura de la ONU, o los convenios internacionales sobre desapariciones forzadas, mantengan otra cosa.
Por otra parte, pienso que la concepción despectiva de “lo político”, el desapego de la política del cual se hace gala en el artículo, desgraciadamente generalizado en nuestra sociedad, es una muestra de la pervivencia del triunfo del franquismo sociológico; aquello que decía “su excelencia” a un almirante: “haga como yo, no se meta en política”. Precisamente todo lo contrario a lo que en su día defendían las víctimas cuyos restos pretendemos exhumar: los valores republicanos de lo público, lo colectivo, la sociedad politizada, organizada y movilizada. Lo dicho: Atado y bien atado.
El Sr.Ortiz “no sale de su asombro” porque algunos comparan la Ley de Amnistía de 1977 con las Leyes de Punto Final de las dictaduras del cono sur americano. Es una opinión respetable pero discutible, por cuanto quien ha definido recientemente la Ley de Amnistía del 77 como Ley de punto final ha sido el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Menos cuestionable es aún si quien lo dice es la propia Ley de Amnistía, con un articulado tan claro que deja poco lugar a la interpretación.
Artículo Segundo.
En todo caso están comprendidos en la amnistía:
e) Los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes del orden público, con motivo u ocasión de la investigación y persecución de los actos incluidos en esta Ley.
f) Los delitos cometidos por los funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas.
Javier Ortiz también habla de “dejarnos de apasionamientos para poder realizar investigaciones serias de la historia de España (3), ayudar a las personas que tienen algún desaparecido y dejar por fin de utilizar esos asesinatos como arma arrojadiza de los “unos” contra los “otros”. Pues no, Sr.Ortiz, muchos no pretendemos eso, sino que este país deje de ser una isla de impunidad, que se traten las fosas comunes de las víctimas del franquismo conforme a la normativa de Derechos Humanos y que se aplique aquí de una vez el Derecho Penal Internacional. El tema de las fosas comunes del franquismo es algo demasiado serio como para dejarlo en manos de políticos en busca de la foto ocasional, o de quienes conciben este asunto meramente como uno de los llamados “nuevos nichos de empleo”.
Porque el tratamiento que se da a este tema en nuestro país sigue siendo muy poco serio: por ejemplo, con la caótica concurrencia de protocolos de exhumaciones particulares de cada Asociación, el del Ministerio de la Presidencia aún en borrador, y los respectivos de cada Comunidad Autónoma (menos las gobernadas por la derecha que se lavan las manos), amén de las particulares normativas municipales, legislación mortuoria y de patrimonio que afectan a cada exhumación. Parece que todo el mundo tiene algo que decir en este tema, menos un juez.
De resultas de todo ello, el Sr.Ortiz defiende la frívola iniciativa parlamentaria dirigida a modificar la Ley de Memoria que fue debatida el pasado 11 de mayo: puesto que los jueces no se ponen de acuerdo en el tratamiento de las fosas comunes del franquismo les quitamos por ley toda competencia, y “que sean las administraciones las que se responsabilicen del trabajo“ (el subrayado y negrita es mío). Sr.Ortiz y otros: todo lo que no sea la judicialización de todas las fosas comunes del franquismo, es apuntalar el modelo español de impunidad y certificar definitivamente el triunfo completo (y con consecuencias vigentes) del franquismo.
Aunque a primera vista puede parecer paradójico, la exhumación de las víctimas del franquismo y la recuperación de la memoria histórica no son elementos que vayan indisociablemente unidos. Es perfectamente posible desenterrar los restos enterrando definitivamente la Justicia, la Verdad y la Memoria, sólo es preciso ocultar a la sociedad el significado de la exhumación, e incluso circunscribirlo a un acto de carácter humanitario centrado exclusivamente en las familias.
Si ciertamente es fundamental el respeto de los derechos de los familiares de las víctimas, garantizar que reciban un respaldo organizativo, moral, psicológico… por parte de instituciones, asociaciones y profesionales, no podemos dejar de tener presente que en la mayor parte de las fosas comunes del franquismo hay también víctimas no identificables, o cuyas familias no pueden ser localizadas. Miles de jóvenes fueron asesinados por los franquistas antes de tener descendencia y están desaparecidos sin familiares que los reclamen, pero eso no significa que se puedan obviar sus derechos como víctimas, o que los familiares de quienes están enterrados con ellos puedan decidir por todos. Sólo debería hacerlo un juez en representación del Estado y dentro de un procedimiento jurídico abierto por desaparición forzada: Además hay otros aspectos a tener en cuenta:
1. Los familiares de las víctimas, lo son sólo presuntamente hasta que se produce una identificación positiva tras la comparación de ADN y/o la investigación antropológica.
2. Sobre los derechos de los familiares prevalecen los de las propias víctimas, y estos se vulneran gravemente cuando no se respetan las creencias que tuvieron en vida (y por las que fueron asesinados) y los ritos y símbolos que las representaban, mediante la ocultación o imponiendo los actuales de sus familiares, en demasiados (y tristes) casos, opuestos a aquéllos.
Sr.Ortiz, no escribimos esta réplica porque defendamos la primacía de la actuación de las asociaciones memorialistas en el tema de las fosas comunes del franquismo frente a empresas de servicios funerarios externalizados, sino porque pretendemos que sean los jueces quienes se hagan cargo de TODOS y cada uno de los casos como procedimientos por crímenes de lesa Humanidad, respaldados, eso sí, en el trabajo profesional de arqueólogos y antropólogos forenses. Mientras tanto, nosotras y nosotros, profesionales de diversas disciplinas, y todos/as voluntarios/as, abrimos algunas fosas, presentamos denuncias, recursos, etc… con el fin de que en un futuro se puedan utilizar como pruebas de los crímenes cometidos. Y de paso, devolvemos a la sociedad la memoria que le fue arrebatada y homenajeamos a las víctimas. Realizamos exhumaciones por compromiso personal, ético y político, con la muerte, pero sobre todo con lo que fue la vida de nuestros compañeros, camaradas y en muchos casos, abuelos.
Puesto que la voz de las víctimas del franquismo fue callada por sus asesinos impunes, sus hijos y nietos, junto a las organizaciones memorialistas, reclamamos la potestad y asumimos el deber de ser sus portavoces, de exigir que sus restos (pruebas materiales de su asesinato, de su desaparición forzada, de su inhumación ilegal) sean exhumados conforme a los protocolos internacionales establecidos para la consecución de la Justicia (4), y facilitar a la sociedad el Derecho y el Deber del conocimiento de la Verdad. Por el contrario, podemos continuar permitiendo que, en muchos casos, sus cadáveres sigan siendo utilizados como meras mercancías con valor de uso y valor de cambio.
(Arturo Peinado, 10 de junio de 2010)
