la zona, que llamó a la Policía Municipal. A los pocos minutos, según relatan algunos testigos, los agentes se personaron en el lugar «muy alterados».Ante ese panorama, la cuadrilla decidió marcharse del lugar y se fueron al Bar Pako, en la calle Mayor, cerca del Puente Colgante. Alguno de aquellos veinteañeros recuerda que, al rato, se acercaron de nuevo a las fiestas y cuando llegaron a la altura de las barreras del tren, «salió de una esquina el municipal Ángel Román Barrios», empuñando una pistola y apuntando a uno de los jóvenes. Éste, instintivamente le agarró de la mano y pudo así desviar dos disparos efectuados por el guardia.
Acto seguido fue arrestado e introducido en un vehículo policial, aunque «estando en el coche escuchó un disparo y fue cuando huyó refugiándose donde un familiar, hasta que cuatro días después fue detenido por la Guardia Civil». Estuvo un mes en la cárcel de Basauri y en el juicio fue condenado a una pena de seis meses de prisión, que no cumplió al considerarse «menor» el castigo.
Los testigos recuerdan que aquella noche, al poco tiempo de introducir a este arrestado en el vehículo, el municipal -del que dicen que provenía de la Guardia Civil y era vecino del barrio- «puso la pistola en el pecho de Félix Arnaiz, disparándole a quemarropa, asesinándole en el acto». Esta versión no coincide con la transmitida por las autoridades y recogida en los periódicos, que llegaron a calificar la muerte de «accidente fortuito», al haberse disparado el arma al poli- cía municipal en un «forjeceo» con otra persona y haber alcanzado a Arnaiz Maeso -de 20 años y residente en Leioa- que era «mero espectador». Obviaron así que era integrante de la cuadrilla perseguida. Tras la muerte, las fiestas de Erromo fueron suspendidas.
A los pocos meses, en febrero de 1970, el Consistorio de Getxo acordó indemnizar a la familia de Félix Arnaiz Maeso con 450.000 pesetas de la época, después de que hubiese un acuerdo extrajudicial y los allegados de la víctima renunciasen a ejercer la acusación particular en el proceso que se había abierto en el Juzgado de Instrucción número 6 de Bilbo.
La verdad, rememora Miguel Ángel Arnaiz Maeso, hermano de la víctima, es que las presiones hacía la familia fueron «brutales», presentándose en el puesto de trabajo de su padre para intimidarle y que desistiese de cualquier iniciativa ante los tribunales. «Hay que darse cuenta que estábamos en pleno franquismo y el principio de autoridad del régimen imperaba», aclara.
En búsqueda de testigos
La familia no ha olvidado lo que sufrieron y, a raíz de la aprobación de la Ley de Víctimas del Franquismo, decidieron solicitar el reconocimiento de víctima, que la Comisión de Evaluación del Gobierno español desestimó en primera instancia. Por ello, presentaron un recurso del que aún no tienen noticia y mientras siguen tratando de buscar testimonios de personas que pudieran ayudarles «a desmontar la versión oficial», que es en la que confía todavía en el siglo XXI el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.
Miguel Ángel Arnaiz Maeso reconoce que su hermano no murió por participar en una manifestación, acto o reunión de carácter político, pero estima que «las circunstancias en que se produjeron los hechos y cómo se desarrolló la actuación de la Policía Municipal de Getxo en Romo tiene que ver con la absoluta impunidad con que se movían los cuerpos policiales y las autoridades en aquella época». Asimismo, los Arnaiz Maeso vienen repitiendo, y así lo confirmaron a GARA, que ellos no buscan una indemnización económica, sino que finalmente, «más de 40 años después de aquellos hechos que destrozaron a nuestra familia, se esclarezca lo qué pasó, se reconozca que se cometió un atropello con resultado de muerte y alguien sea considerado responsable de aquello».
Ahaztuak coincide con los familiares de Félix Arnaiz Maeso en que en la Ley española de Víctimas del Franquismo «tan sólo se habla de indemnización económica, pero la reparación también es esclarecer los hechos y depurar responsabilidades».
«Es importante -subraya Martxelo Álvarez- que, por ejemplo, en el caso de Félix Arnaiz se reconozca que se produjo un abuso de poder. El tratamiento que se dio en este caso es fruto del autoritarismo imperante, aunque no fue un hecho político. Lo que sucedió en Romo es un termómetro de ese autoritarismo imperante. Había un recorte de libertades».
Mientras colaboran a buscar nuevos testimonios de aquellos hechos violentos, Ahaztuak prepara un homenaje, en el que se prevé instalar una placa conmemorativa y se espera contar con el movimiento festivo y asociativo de Erromo.
(Gara. 13 / 06 / 2011)
