Fue una jornada intensa la que vivieron las 80 personas que
participaron ayer en el teatro gernikarra en la iniciativa de Ahaztuak
1936-1977. La economista Nekane Jurado abrió la sesión matinal de la
Audiencia exponiendo el origen económico del golpe de 1936, con el que
las clases dominantes, según apuntó, frenaron la redistribución de la
renta entre unas clases populares cada vez más concienciadas y
combativas. Tras la victoria de los franquistas, subrayó, el control de
las empresas y de la propiedad quedó en manos de los promotores del
golpe.
Jurado tuvo tiempo para recordar que el levantamiento militar contra
la II República española se asemeja a lo vivido décadas después en
Argentina y Chile y no perdió la ocasión de calificar de «golpe» lo
vivido en Grecia e Italia, o la llegada de personas de la «cupula
económica», como el ministro del PP Luis de Guindos, al Ejecutivo.
Conchi Fernández, hija de Anton Fernández, muerto durante la
represión policial de 1969 en Erandio; Manolo Castrillo, otra víctima de
aquellos sucesos; o Fermín Pérez Elexpe, cuyo hermano cayó abatido en
1975 por las balas de la Guardia Civil cuando repartía propaganda a
favor de los trabajadores de Potasas de Navarra, dieron a conocer sus
demandas de justicia.
Xabier Amuriza y Julen Kaltzada, curas que fueron encarcelados en la
prisión concordataria de Zamora, señalaron la connivencia de la
jerarquía de la Iglesia católica con el régimen fascista y su compromiso
para hacer frente a la españolización de Euskal Herria. La hija y el
nieto de Doroteo Calzada, uno de los ocho busturiarras fusilados en
1937, denunciaron su caso, como lo hizo la morgarra Marijo Zorrozua,
sobrina de Teofilo Zorrozua, uno de los 42 tripulantes del mercante
Udondo que fueron fusilados en Ferrol después de ser apresados en alta
mar por un barco franquista.
Al escenario de Lizeo Antzokia subieron también, a exponer diferentes
casuísticas, integrantes de la asociación SOS Bebés Robados, quienes
insistieron una y otra vez en denunciar la impunidad. En su relato,
recordaron las teorías del comandante y siquiatra Antonio
Vallejo-Nájera, quien defendió que las personas de ideología marxista
tenían una mentalidad inferior. A partir de esos planteamientos
paranoides, el régimen impulsó la separación de los hijos de sus
progenitores por el hecho de defender ideas de izquierda.
Crimenes de lesa humanidad
Desde SOS Bebés Robados abogaron porque todo lo relacionado con esos
casos sea considerado por las autoridades como crímenes de lesa
humanidad, lo que lleva aparejado que no prescriben. En la actualidad,
lamentaron que se encuentran con la paradoja de que después de descubrir
algún delito, algunos jueces decretan la prescripción escudándose en
los años trans- curridos.
En su intervención, expusieron cómo lo que en un principio era poner
en práctica las tesis de Vallejo-Nájera derivó con el paso de los años y
beneficiado por la impunidad con que se movieron los componentes de
esas tramas -muchos de ellos vinculados a la Iglesia católica- en
prácticas con el mero objetivo de beneficiarse económicamente del
sufrimiento de personas humildes y desamparadas.
Impactó el testimonio de Beatriz Petuya, que sigue buscando a un tío
que fue entregado a una institución de monjas de Barakaldo cuando sus
progenitores fueron al frente, o el de Daniela Zorrozua, que perdió a su
hermano en 1937 después del bombardeo de Turtzioz.
(Gara. 29 / 03 / 2012)
