Ante la firma del Convenio de Colaboración para la elaboración de un “mapa de fosas” que representantes del Gobierno de la firmaron ayer en Madrid con representantes del Ministerio de Justicia español, desde Ahaztuak 1936-1977 (Victimas del golpe de estado, de la represión y del régimen franquista) queremos expresar a la ciudadanía vasca una primera valoración sobre este hecho.
Partiendo de que siempre nos parecera positivo que el Estado y las instituciones del mismo asuman en la practica el papel que les corresponde en lo referente a los derechos de las victimas del franquismo y que es una de las reiteradas demandas de nuestra asociación y de otras tantas, no puede parecernos mal “a priori” la firma de un acuerdo cuyo objetivo es, por lo que hemos leido en prensa, elaborar un mapa de fosas para ayudar a los familiares de las personas desaparecidas susceptibles de estar en ellas a lograr su identificación y proceder a su inhumación en caso de decidirlo asi.
Sin embargo el primer punto de critica hacia este acuerdo es precisamente el desconocimiento que más allá de lo leido u oido en los medios de comunicación tenemos las asociaciones de victimas del franquismo y las propias victimas del acuerdo firmado, toda vez que nadie desde ningun estamento institucional o politico se ha puesto en contacto con nosotros para realizar un contraste o recabar nuestras opiniones o aportaciones a lo que dicho Convenio propone.
El segundo punto de critica es que un Convenio sobre “fosas comunes” donde se hallan sepultadas desde hace más de setenta años decenas de miles de victimas del genocidio franquista debería forzosamente contemplar tambien la asuunción por parte del Estado y de las instituciones de este de asumir el costo absoluto tanto de las exhumaciones posibles como del entierro en caso de darse, asi como de las pruebas de ADN que las personas susceptibles de estar relacionadas con las personas que alli se hallan necesiten para una correcta identificación.
Como tercer elemento de crítica y tambien a tenor de lo recabado en los medios de comunicación hasta ahora, no se contempla en este Convenio la inclusión de un Protocolo de exhumaciones acorde a lo que marca la lgislación internacional de DDHH, esto es, que obligue a que sea la autoridad judicial pertinente la que acuerde las medidas oportunas para ese levantamiento, todo ello en un marco de investigación de los delitos que cometieron las personas que asesinaron o hicieron posible el asesinato de los hombres y mujeres alli enterrados, ya que de no hacerlo asi puede conllevar la destrucción de las pruebas de los delitos cometidos, hacer que las pruebas halladas puedan carecer de validez o que quede rota la cadena de custodia de las mismas y no puedan ser utilizadas en el proceso penal correspondiente que por descontado deberia abrirse. Nada de esto parece estar recogido en este Convenio, según las informaciones dadas publicamente.
Como cuarto punto de critica figura para nosotros lo que tiene que ver con la información necesaria para realizar dicho “mapa de fosas” y con la gestión de la misma. Por un lado, y por muy bien que se intente recabar o se haya recabado la información para la localización de estas fosas a traves de testimonios fundamentalmente, el grueso de las posibilidades de hacer un mapa de fosas sigue estando en manos de la información que la Guardia Civil y tambien la Iglesia siguen custodiando en sus archivos y que como es sabido y tambien se demostró con ocasión del famoso auto del juez Baltasar Garzón y en tantas otras ocasiones siguen estando tan opacados a miradas que estos estamentos o sectores importantes y poderosos de los mismos siguen considerando inoportunas e indiscretas.
En resumen, desde Ahaztuak 1936-1977 creemos que con la firma de este Convenio vuelve a evidenciarse una vez más la plena vigencia del “modelo español de impunidad”, un modelo que en esta ocasión y a traves de este Convenio hará que en el marco de Euskal Herria nos encontremos con un Convenio que se aplicará en la CAV y se desconocerá en Navarra, en función de la adscripción política de cada uno de los Gobiernos Autonómicos, lo mismo que sólo serán siete Comunidades Autónomas –las de gobierno socialista- las que han firmado este Convenio con el Ministerio de Justicia. Entendemos que esto cuestiona muy mucho la voluntad real del Gobierno y del Estado español de querer realmente acabar con el modelo español de impunidad vigente hasta hoy, toda vez que sigue dejando a la voluntariedad el atender o no a las justas demandas y reivindicaciones de las victimas del franquismo, incumpliendo una vez más los propios acuerdos para la persecución de los delitos de genocidio y de lesa humanidad que suscribe a nivel internacional.
A la vista de todo ello creemos que a traves de la firma de este Convenio se revela una vez más una foto que mirandola en su conjunto –no sólo al anuncio de la elaboración de ese mapa de fosas que nosotros tambien reclamamos y apoyamos- nos vuelve a mostrar la elección de hacer algo premeditadamente mal cuando se podia haber hecho bien. No podemos decir otra cosa ante la elección de un Convenio más que insuficiente que obvia casi todos los elementos de esa verdad, justicia y reparación que venimos demandando los familiares de las personas que desde hace más de setenta años están en esas fosas que aparecerán en el mapa que se elabore y que, a traves de nosotros, tambien ellos y ellas demandan.
(Noticias de Navarra. 28 / 01 / 2010 y Gara. 5 / 02 / 010)
Partiendo de que siempre nos parecera positivo que el Estado y las instituciones del mismo asuman en la practica el papel que les corresponde en lo referente a los derechos de las victimas del franquismo y que es una de las reiteradas demandas de nuestra asociación y de otras tantas, no puede parecernos mal “a priori” la firma de un acuerdo cuyo objetivo es, por lo que hemos leido en prensa, elaborar un mapa de fosas para ayudar a los familiares de las personas desaparecidas susceptibles de estar en ellas a lograr su identificación y proceder a su inhumación en caso de decidirlo asi.
Sin embargo el primer punto de critica hacia este acuerdo es precisamente el desconocimiento que más allá de lo leido u oido en los medios de comunicación tenemos las asociaciones de victimas del franquismo y las propias victimas del acuerdo firmado, toda vez que nadie desde ningun estamento institucional o politico se ha puesto en contacto con nosotros para realizar un contraste o recabar nuestras opiniones o aportaciones a lo que dicho Convenio propone.
El segundo punto de critica es que un Convenio sobre “fosas comunes” donde se hallan sepultadas desde hace más de setenta años decenas de miles de victimas del genocidio franquista debería forzosamente contemplar tambien la asuunción por parte del Estado y de las instituciones de este de asumir el costo absoluto tanto de las exhumaciones posibles como del entierro en caso de darse, asi como de las pruebas de ADN que las personas susceptibles de estar relacionadas con las personas que alli se hallan necesiten para una correcta identificación.
Como tercer elemento de crítica y tambien a tenor de lo recabado en los medios de comunicación hasta ahora, no se contempla en este Convenio la inclusión de un Protocolo de exhumaciones acorde a lo que marca la lgislación internacional de DDHH, esto es, que obligue a que sea la autoridad judicial pertinente la que acuerde las medidas oportunas para ese levantamiento, todo ello en un marco de investigación de los delitos que cometieron las personas que asesinaron o hicieron posible el asesinato de los hombres y mujeres alli enterrados, ya que de no hacerlo asi puede conllevar la destrucción de las pruebas de los delitos cometidos, hacer que las pruebas halladas puedan carecer de validez o que quede rota la cadena de custodia de las mismas y no puedan ser utilizadas en el proceso penal correspondiente que por descontado deberia abrirse. Nada de esto parece estar recogido en este Convenio, según las informaciones dadas publicamente.
Como cuarto punto de critica figura para nosotros lo que tiene que ver con la información necesaria para realizar dicho “mapa de fosas” y con la gestión de la misma. Por un lado, y por muy bien que se intente recabar o se haya recabado la información para la localización de estas fosas a traves de testimonios fundamentalmente, el grueso de las posibilidades de hacer un mapa de fosas sigue estando en manos de la información que la Guardia Civil y tambien la Iglesia siguen custodiando en sus archivos y que como es sabido y tambien se demostró con ocasión del famoso auto del juez Baltasar Garzón y en tantas otras ocasiones siguen estando tan opacados a miradas que estos estamentos o sectores importantes y poderosos de los mismos siguen considerando inoportunas e indiscretas.
En resumen, desde Ahaztuak 1936-1977 creemos que con la firma de este Convenio vuelve a evidenciarse una vez más la plena vigencia del “modelo español de impunidad”, un modelo que en esta ocasión y a traves de este Convenio hará que en el marco de Euskal Herria nos encontremos con un Convenio que se aplicará en la CAV y se desconocerá en Navarra, en función de la adscripción política de cada uno de los Gobiernos Autonómicos, lo mismo que sólo serán siete Comunidades Autónomas –las de gobierno socialista- las que han firmado este Convenio con el Ministerio de Justicia. Entendemos que esto cuestiona muy mucho la voluntad real del Gobierno y del Estado español de querer realmente acabar con el modelo español de impunidad vigente hasta hoy, toda vez que sigue dejando a la voluntariedad el atender o no a las justas demandas y reivindicaciones de las victimas del franquismo, incumpliendo una vez más los propios acuerdos para la persecución de los delitos de genocidio y de lesa humanidad que suscribe a nivel internacional.
A la vista de todo ello creemos que a traves de la firma de este Convenio se revela una vez más una foto que mirandola en su conjunto –no sólo al anuncio de la elaboración de ese mapa de fosas que nosotros tambien reclamamos y apoyamos- nos vuelve a mostrar la elección de hacer algo premeditadamente mal cuando se podia haber hecho bien. No podemos decir otra cosa ante la elección de un Convenio más que insuficiente que obvia casi todos los elementos de esa verdad, justicia y reparación que venimos demandando los familiares de las personas que desde hace más de setenta años están en esas fosas que aparecerán en el mapa que se elabore y que, a traves de nosotros, tambien ellos y ellas demandan.
(Noticias de Navarra. 28 / 01 / 2010 y Gara. 5 / 02 / 010)
