El juez Garzón ha puesto en marcha una iniciativa para que se conozca definitivamente el censo de fusilados, asesinados y desaparecidos durante la represión franquista, que sólo en Navarra -donde ni siquiera hubo frente de guerra- se llevó a las tumbas y cunetas a más de 3.000 personas. Seguramente, esa iniciativa de Garzón -un juez con una forma de entender la Justicia en la que el personalismo acompaña innecesariamente las decisiones de Derecho, con resultados muchas veces poco eficaces o, lo que es aún peor, de dudosa legalidad en el ámbito garantista del Estado de Derecho- no tenga recorrido jurídico.
Pero ha puesto en marcha la iniciativa para que el Estado y las instituciones aseguren que la memoria de quienes fueron masacrados por defender la libertad y la democracia tenga un lugar de descanso en el que sus descendientes puedan rendirles homenaje.
Y de nuevo, la reacción de la derecha política y mediática españolas -y el lamentable intento de desentenderse de sus responsabilidades de la jerarquía católica- pone en evidencia la miseria de la especie de ley de punto final que supuso la transición para la larga y oscura noche franquista. Una derecha que aún homenajea la dictadura -la batalla por eliminar los símbolos franquistas en Navarra sigue abierta 35 años después-, o incluso ha elaborado una nueva doctrina revisionista en la que apunta a que el franquismo -y quienes aceptaron sumisos las prebendas del régimen a cambio de mirar hacia otro lado- fue un espacio de tiempo necesario para que la inmadura sociedad transitara hacia la democracia. Su única obsesión -y el ex diputado de UPN Del Burgo volvió a dar la penosa nota en defensa de ese revisionismo franquista- es que la verdad de aquellos hechos siga enterrada y oculta en fosas comunes con cadáveres anónimos por desafectos al régimen, pese a que las resoluciones internacionales insisten en que las leyes de punto final en caso de crímenes contra los derechos humanos son nulas.
La memoria histórica y el derecho de los asesinados y desaparecidos y de sus familiares va más allá de la personalidad de Garzón y de las miserias de un revisionismo derechista: es cuestión de dignidad y de democracia. Y de paso evita la ridícula contradicción de que la Justicia investigara las dictaduras latinoamericanas y jugase a hacer como si aquí no hubiera pasado nada ni hubiera responsables de los 40 largos años de violación de derechos humanos y libertades.
(Noticias de Navarra. 4 / 09 / 08)
