El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón recibió ayer una lista con los nombres de 143.353 desaparecidos en la Guerra Civil y la dictadura, entregada por la "Plataforma de Víctimas de Desapariciones Forzadas por el Franquismo", que presentó denuncias en su juzgado por estos hechos.
Así lo anunciaron representantes de la plataforma -integrada por once asociaciones de familiares de desaparecidos, la Confederación General del Trabajo (CGT) y particulares-, en una rueda de prensa en la que su secretaria, Paqui Maqueda, advirtió de que "faltan tantos que no nos atrevemos a dar una cifra exacta".
Según la plataforma, los desaparecidos durante la guerra y la posterior dictadura franquista ascienden a 42.131 en Andalucía, 14.660 en Castilla-León, 8.851 en Castilla-La Mancha, 3.424 en Madrid, 6.000 en Asturias, 29.034 en la Comunidad Valenciana, mil en Murcia, 9.538 en Aragón y 7.000 en Galicia.
Además, la lista incluye 2.535 desaparecidos en Cantabria, 1.900 en el País Vasco, 3.920 en Navarra, 2.070 en La Rioja, 2.211 en las Islas Canarias, 768 en Ceuta y Melilla, 1.486 en las Islas Baleares, 3.338 en Cataluña y 9.486 en Extremadura, lo que suma un total de 143.353 casos documentados.
Críticas a los ayuntamientos
En el listado también figuran los nombres de asesinados o desaparecidos fuera de España. La presidenta del Forum per la Memoria del País Valenciá, Empar Salvador, insistió en que la cifra es "orientativa" y subrayó que "no hay que perder de vista que cada uno de esos números era una persona, con todo su entorno familiar".
Cecilio Gordillo, de la CGT, destacó que Garzón es "el único ciudadano de este país que ahora tiene un listado de desaparecidos, a pesar de que la mayoría de la documentación ha salido de las tripas del Estado, de todo tipo de archivos".
No obstante, Gordillo aseguró que "hay muchas otras investigaciones realizadas a las que no se ha podido tener acceso" a pesar de que "muchas de ellas han sido financiadas con dinero público". "Cuando el juez Garzón decidió dirigirse solamente a cinco ayuntamientos, la inmensa mayoría del resto de las corporaciones evadieron la responsabilidad de suministrar esos datos", aseveró el representante de la CGT.
Gordillo citó el caso de Andalucía, que "lleva financiando proyectos de investigación relacionados con esto desde 2003" y que "no ha aportado ni un solo dato producto de esas investigaciones, la mayoría de ellas incluso publicadas".
Al margen de los requeridos por el juez, "que sepamos, sólo Galicia y Cataluña han entregado documentación", afirmó Gordillo, quien advirtió de que, "al no haber hecho el Estado su asignatura, habrá muchos nombres que estén duplicados e incluso triplicados" en la lista, "al ser originarios de una comunidad y víctima en otra". El representante de la CGT reconoció su preocupación por este fenómeno, que "puede dar pólvora a algunos, que pueden empezar a argumentar que estamos inflando las cifras".
Buscan reparación más que penas
Maqueda explicó que con la entrega del listado -que se produce tras las denuncias presentadas en diciembre de 2006 y en julio de 2007 y que aún no han sido admitidas a trámite por Garzón- se pretende "reparar el nombre y la vida de las personas, con todos los medios legales". "No es el primer objetivo de nuestras asociaciones que se siente en el banquillo a los verdugos que aún viven", ha declarado Maqueda, que no obstante ha añadido: "Si debe haber consecuencias penales, bienvenidas sean".
También opinó que el "retraso" del Gobierno en la elaboración de un mapa de fosas, tal y como exige la Ley de Memoria Histórica, se debe a "una ausencia total de voluntad política", para apostillar: "El trabajo lo estamos haciendo familiares y asociaciones".
(Noticias de Alava. 23 / 09 /08)
