jueves, septiembre 25, 2008

LAKUA OFRECE A GARZÓN LOS NOMBRES DE 8.650 REPRESALIADOS VASCOS DE LA GUERRA


La investigación que el juez Baltasar Garzón ha abierto para arrojar luz sobre los represaliados en la Guerra Civil y los primeros años del franquismo han tenido un amplio eco en todo el Estado, y Euskadi no ha sido menos. El Gobierno vasco, a través de su consejero de Justicia, Joseba Azkarraga, brindó ayer al magistrado un listado con los nombres de 8.650 personas muertas en el País Vasco entre 1936 y 1942, fruto del trabajo de dos años de la Dirección de Derechos Humanos del Ejecutivo y de la Sociedad Aranzadi, que ha excavado nueve fosas en Bizkaia y Gipuzkoa, y tiene localizadas bastantes más, 14 de ellas en Araba.
Eso sí, en aras de proteger la identidad de los fallecidos y de sus familias, debe ser la Audiencia Nacional la que solicite formalmente al Gobierno vasco esos nombres, y por ello se hizo ayer el llamamiento a Garzón. "Tenemos la información preparada para ser enviada en cuanto se nos requiera formalmente para ello", para lo que es necesario que el juez "libre un oficio".
Desde que en 2003 el Ejecutivo y Aranzadi firmaran un convenio para identificar a los represaliados, se ha acudido a archivos, a la memoria de los más mayores y a los picos y las palas para llegar a la siguiente conclusión: desde el inicio de la Guerra Civil hasta el año 1942 murieron en Euskadi 8.650 personas, 2.352 de ellas fusiladas en tapias de cementerios, bosques o campos de tiro, y sencillamente desaparecidas oficialmente, y otros 6.298 que cayeron en el frente o por acción de guerra.
El listado que Azkarraga quiere enviar a Garzón recopila los nombres de esos desaparecidos, de quienes ocupan las fosas comunes y también de quienes se tiene constancia de que fueron muertos y enterrados de forma normal, pero sin duda las inhumaciones anónimas conforman la herida que más supura setenta años después de la contienda.
En todo caso, cada uno de los 8.650 nombres que se quiere remitir a la Audiencia Nacional viene acompañado de su vecindad y del lugar, modo y fecha de su muerte. Según explicó el consejero "el trabajo de Aranzadi está concluido en lo esencial", pues las fosas que se han abierto lo han sido por reclamación de familiares, y de otra forma no se puede echar mano de las excavadoras. Eso sí, hay datos parciales, "líneas abiertas" que en cualquier momento se pueden desempolvar, según explicó el director de Derechos Humanos del Gobierno vasco.
En estos años de trabajo, la Dirección de Derechos Humanos y la Sociedad Aranzadi han recibido 530 solicitudes de información, de las que han atendido 490, y el Departamento de Justicia ha enviado cientos de cartas a los allegados de los fallecidos localizados a raíz de esta investigación. Además, se cuenta con alrededor de 60 testimonios sobre localización de fosas o alguna otra información que puede ayudar a descubrir el destino de los desaparecidos en la contienda y en la posterior represión. Lakua también remitirá el trabajo de recopilación de datos que realizó una organización sindical ya en 1939.
Para Azkarraga, la iniciativa de Garzón debe propiciar que "sea objeto de revisión" lo que "con la Ley de Memoria no se quiso abordar". Según el consejero, el texto legal "ha pretendido que las cuestiones de la memoria sean asuntos privados y no responsabilidad del Estado. El primer movimiento del juez Garzón va contra esa línea política inadmisible y contraria al Derecho Internacional humanitario y contra esas leyes que tan pomposamente se firman".
Delito ayer y hoy
Desde Justicia se argumenta que con el Código Penal de 1932 en la mano, los actos que se cometieron hasta 1942 fueron un delito "y lo siguen siendo, y por eso deberían ser perseguidos". Así, Azkarraga apostó por "llegar incluso a la identificación de los autores, aún cuando estén fallecidos". En ese sentido, el consejero recordó que muchos de los ajusticiados lo fueron por "venganzas personales y codicia". El trabajo conjunto de la Dirección de Derechos Humanos y de Aranzadi entre 2003 y 2005 contó con una financiación de 526.00 euros, más una provisión anual posterior de 24.0000 euros para responder a nuevos datos y peticiones.
(Deia. 25 / 09 / 08)