UN RECONOCIMIENTO PARA LA INJUSTICIA. Articulo de Ana María Pascual

Tras la Guerra de la Independencia, Fernando VII premió al militar Enrique José O’Donnell con el título de Conde de La Bisbal por su heroicidad al capturar al general francés Schwartz. En 1949, el caudillo Francisco Franco recompensó al general Fidel Dávila con un marquesado que lleva su nombre por su papel en la sublevación contra la II República. Además, en 1951 le regaló la Grandeza de España, la máxima dignidad de la jerarquía nobiliaria española. O’Donnell contribuyó a la expulsión de los franceses; Dávila, al fratricidio.

Como jefe de Estado, Franco se arrogó, mediante la ley de 4 de mayo de 1948, la capacidad de conceder títulos nobiliarios, abolidos durante la República. Recompensó con ellos a militares que secundaron el levantamiento del 18 de julio de 1936, como Juan Yagüe, José Luis Moscardó y Gonzalo Queipo de Llano; a empresarios fieles a su cruzada, como el vizcaíno Patricio Echevarría, fundador de la marca de herramientas Bellota, y Alfonso Churruca, abuelo de Emilio Ybarra, ex presidente del BBVA; a los más destacados falangistas, como José Antonio Primo de Rivera y su hermana Pilar, y a intelectuales y científicos, como el escritor Ramiro de Maeztu y el premio Nobel de Medicina Santiago Ramón y Cajal.

En total, Franco otorgó 35 nuevos títulos nobiliarios que hoy siguen vigentes y que ostentan los descendientes de aquellos agraciados. Este aspecto, la herencia de las dignidades nobiliarias otorgadas en la dictadura, no se contempla en la Ley 52/2007 de 26 de diciembre, conocida como de Memoria Histórica. Y así, los nietos de los militares y políticos que ejercieron la represión están solicitando la renovación de sus títulos sin ningún obstáculo. Los últimos en hacerlo han sido Francisco García-Escámez Pablos, nieto de teniente general García Escámez, que renovó el título de Marqués de Somosierra en julio de 2008, y Emilio Mola Pérez de Laborda, nieto del general Emilio Mola, que obtuvo la renovación el pasado 10 de marzo. Precisamente, la firma de la resolución por Mariano Fernández Bermejo, en esa fecha ministro de Justicia, para que se expida la Real Carta de Sucesión en el título de duque de Mola ha provocado la reacción de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) y de Izquierda Unida (IU). Ambas entidades exigen la supresión de los títulos concedidos por Franco a todos aquellos “que participaron y colaboraron en el sostenimiento de la dictadura”. Para Emilio Silva, presidente de ARMH, es “intolerable que aún conserven sus honores los que se levantaron contra el gobierno legítimo de la República”. El diputado de IU, Gaspar Llamazares, opina que “la Ley de la Memoria Histórica debe ser mejorada. Igual que establece la supresión de símbolos de exaltación de la dictadura, esos títulos nobiliarios deben ser derogados”.

“La historia es la historia”

Si fuera por Eugenia Yagüe Martínez del Campo, hija del general Juan Yagüe, lo que desaparecería sería la Ley de Memoria Histórica y no el título que el caudillo regaló a su progenitor, Marqués de San Leonardo de Yagüe, y que ahora ostenta su hermano Juan, también militar. El general Yagüe ha pasado a la historia como el carnicero de Badajoz por la matanza de republicanos que bajo sus órdenes se acometió en la capital extremeña. “La historia es la historia y hay que asimilarla. Un pueblo que olvida su historia es un pueblo muerto –sentencia Eugenia Yagüe–. Franco concedió el título a mi padre por sus méritos, por su categoría técnica y humana. Me parece una locura que ahora se quiera abolir”.

La mayoría de los nobles de Franco son vistos con cierto desdén por el resto de la aristocracia española, formada por 2.790 títulos, concedidos todos ellos por distintos monarcas. Un conde español, abogado, cuyo título fue concedido a finales del siglo XIX, reconoce a Interviú que “los nobles de Franco desvirtúan la esencia misma de la nobleza, por no haber sido designados por un rey”. Señala también este conde que “una dictadura militar, antecedida de una guerra civil, no es el escenario ideal para recompensar a nadie con un título”. Otro aristócrata, cuyo abolengo data del siglo XVIII y cuya familia no comulgó con el franquismo, opina que los herederos de los militares y empresarios agasajados por Franco con una dignidad nobiliaria “deberían haber renunciado a la sucesión, porque hoy en día están claras las barbaridades que cometieron algunos, como firmar sentencias de muerte para compatriotas”.

Aunque a los ojos de otros nobles los de Franco sean vistos como menos aristócratas, lo cierto es que la corte del dictador amasó considerables fortunas y ennoblecieron a sus familias. Fue el caso del ingeniero vizcaíno Alfonso Churruca Calbetón, abuelo de Emilio Ybarra, ex presidente del BBVA. Churruca, quien perdió un hijo en la guerra, ocupó la presidencia de Campsa, Azucarera Española, Altos Hornos de Vizcaya y de otras 15 grandes empresas. En 1969, Franco lo nombró Conde de El Abra, título que heredó su hija María Dolores y que recientemente ha cedido a su hijo Santiago. El gallego Pedro Barrié de la Maza fue otro empresario convertido en conde, en su caso de Fenosa, ya que fue el creador de las Fuerzas Eléctricas del Noroeste, en 1943. Presidente del Banco Pastor, de Astilleros y Talleres del Noroeste (Astano), Gas Madrid y de la compañía Española de Propaganda, Industria y Cinematografía, entre otras sociedades. Barrié fue uno de los promotores de la donación del Pazo de Meirás al caudillo.

El general Gonzalo Queipo de Llano, uno de los cabecillas de la sublevación de julio del 36, recibió una finca donada por el pueblo de Sevilla, tras ser nombrado marqués, en 1950. Su hijo, el segundo Marqués de Queipo de Llano, fallecido el año pasado, declaró en 1976: “La suscripción popular fue hecha en homenaje a mi padre, tomando parte en ella personas de toda clase y condición que, voluntariamente, en prueba de agradecimiento por haberles salvado de caer bajo dominio rojo, no dudaron en aportar lo que buenamente podían”. El hijo del general, que a su vez fue teniente general del Ejército del Aire, ocupó durante muchos años un puesto en el consejo de administración de Inmobiliaria del Sur, uno de los principales grupos empresariales andaluces.

Muchos de los decretos que ennoblecieron a los militares franquistas fueron firmados un 18 de julio, fecha significativa del régimen, que “nos impone de manera ineludible el deber de reavivar el recuerdo de los que por los actos y servicios prestados en la Cruzada se hicieron acreedores a que la gratitud de la Nación se exteriorice, otorgándoles honores adecuados a sus merecimientos”. Por decreto, a la mayoría de ellos se les condonó el impuesto de sucesión del título en las dos siguientes generaciones y su último privilegio fue disponer del pasaporte diplomático, retirado en 1984.

Algunos descendientes de aquellos militares golpistas han seguido la carrera militar sin renunciar a los negocios. Por ejemplo, el hijo del capitán general José Enrique Varela, Marqués de Varela de San Fernando, ex-ministro del Ejército. Su único hijo varón, actual marqués, es capitán y fue consejero de Cementos Lemona, absorbido por Portland, y está vinculado a Cementos Alfa, otra de las más importantes firmas del sector.

(Interviú. 18/05/09)