Las familias de tres de los cinco fallecidos el 3 de marzo de 1976 en Vitoria, a raíz de la carga de la Policía Armada contra los trabajadores reunidos en la iglesia de San Francisco, se quedarán fuera de las ayudas contempladas en la Ley de Memoria Histórica. Ése es el temor de la Asociación de Víctimas del 3 de marzo, a la que ya se ha avisado de esta situación, que interpreta como un grave ejemplo de las personas perjudicadas por la norma estatal. Desde el colectivo piden modificaciones a la Diputación para que no ocurra algo parecido en las indemnizaciones alavesas.
El portavoz de la asociación, Andoni Txasko, compareció ayer ante las Juntas para valorar el impulso en Álava de unas indemnizaciones para los cinco fallecidos y más de un centenar de heridos en los sucesos de Vitoria. El 10 de noviembre de 2008, las Juntas dieron por unanimidad su visto a estas ayudas, con las que el gabinete de Xabier Agirre pretendía adelantar el dinero de las indemnizaciones del Estado contempladas en la Ley de Memoria Histórica, que no terminaba de desarrollarse.
Sin embargo, finalmente la activación de ambas medidas ha coincidido en el tiempo. Dado que Madrid decidió que fueran incompatibles, desde Álava se ha optado primero porque los posibles beneficiarios obtuvieran la resolución estatal, para después aprobar el reglamento de la Norma Foral alavesa, basada en la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo, que incluye mejores partidas y más casuística que la de Memoria Histórica. El Consejo de Diputados tenía previsto dar luz verde definitiva al reglamento alavés el próximo martes, pero las víctimas afirman que no hay que tener prisa. Prefieren esperar "dos o tres meses más" si la norma incluye diversas modificaciones.
Puesto que la norma alavesa se ha confeccionado para no chocar con la estatal, adolecen de problemas comunes. Las indemnizaciones invalidantes son intransferibles, no se incluyen las incapacidades temporales y se exige demostrar la convivencia y dependencia económica de los posibles beneficiarios con las víctimas, algo difícil cuando los fallecidos hace 33 años eran estudiantes.
Ésta es precisamente la clave para que el Estado, según reveló ayer la asociación de víctimas, vaya a denegar la ayuda a las familias de tres de los cinco fallecidos en la tragedia. Contra esta decisión cabe recurso. La asociación, mientras, valora de forma positiva que desde la Diputación se hayan mostrado dispuestos a solucionar estas trabas, pero por el momento cobra peso la posibilidad de aprobar primero el reglamento y, en el futuro, incluir cambios. La norma alavesa fija una ayuda de 138.232 euros en los casos de fallecimiento.
(Noticias de Alava. 7 / 05 / 09)
