Tras cinco años de incumplimiento por parte de la Diputación de Álava del mandato de sus Juntas Generales, por fin se ha aprobado la norma foral que regula el resarcimiento económico a los afectados del 3 de marzo de 1976 en las mismas cuantías que lo hace la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo. Esta norma es un paso positivo, pero insuficiente y a falta de completar con el expreso reconocimiento, la verdad y la justicia que merecen tanto los trabajadores asesinados como las personas heridas y represaliadas por la actuación de la Policía Armada al amparo de un Estado dictatorial.
La Asociación transmitió que dicha norma foral debía recoger dos aspectos fundamentales: reflejar el expreso reconocimiento y la consideración de todos los afectados de aquella masacre, y dar el mismo trato y acogimiento a dichos afectados que el que se daba a las víctimas del terrorismo en la Ley de Solidaridad 32/1999.
Publicado y examinado el borrador de la norma, no quedaba expresado de forma clara el reconocimiento que desde la mayor institución de Araba merecen los afectados. Tampoco se amparaba en la norma a los que sufrieron cárcel o represalias sociales o laborales. Remitimos a todos los grupos de las Juntas unas reflexiones para su inclusión y otros matices para su discusión: calificar las muertes de asesinatos, corregir errores de cifras, sustituir la palabra compensación por resarcimiento o resaltar la magnitud e impunidad de la actuación policial. Es incomprensible y extraño que gran parte de los calificativos que habíamos aconsejado incluir eran utilizados con normalidad en las intervenciones por algunos portavoces, pero en cambio no se tenían en cuenta para incluir en la redacción final de la norma foral. Expresiones como asesinato de obreros , deuda de reconocimiento para con las víctimas de aquella matanza , mismo trato para todas las víctimas . No se aceptó, incluso, una enmienda en la que se solicitaba el mismo amparo y tratamiento que el que recoge la Ley de Solidaridad, atendiendo a esta ley sólo como referencia de las indemnizaciones.
El resarcimiento económico es un derecho al que no renunciamos, pero es con todo el menos importante. Seguimos apreciando en muchos estamentos gran reticencia y discriminación a la hora de tratar a todas las víctimas por igual: La ley de Solidaridad no nos acoge porque da credibilidad a los informes policiales mentirosos de 1976. La Ley de Memoria lo hace de manera parcial y sesgada. La actitud del Gobierno Vasco es más ingrata, a pesar de tener el reconocimiento unánime del Parlamento como víctimas del terrorismo, no nos ampara en sus leyes de solidaridad con dichas víctimas.
No valen excusas como la argumentada por el PSE al decir que con la Ley de Amnistía se impide la revisión o enjuiciamiento de hechos anteriores. Es el propio auditor presidente del Tribunal Militar Territorial 4º de A Coruña, el que en referencia a los sumarios de los sucesos de Vitoria nos impide su acceso alegando que "las personas que figuran no fueron juzgadas y (...) no pudieron beneficiarse de la amnistía que posteriormente se acordó por lo que en el momento actual, encontrándose vivas, pudieran ser sometidas a un enjuiciamiento social de sus conductas".
Por ello que continuaremos en nuestro empeño de sentar algún día a los responsables de aquella matanza en el banquillo de los acusados. Son los gobiernos los que con leyes valientes deben marcar las actuaciones a seguir para, sin ningún tipo de ambigüedad, esclarecer todos los hechos oscuros del pasado y cerrar todas las heridas que aún se mantienen abiertas e infectadas.
(Noticias de Alava. 26 / 11 / 08)
