La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, mostró ayer el "máximo respeto" a la decisión de la Audiencia Nacional de paralizar las exhumaciones autorizadas por el juez Baltasar Garzón, y recalcó que los mecanismos judiciales determinarán el "fin último" de la iniciativa. Además declaró que "una cuestión como ésta "ha de abordarse con sosiego y con rigor".
Destacó que determinar a quien corresponde la competencia para investigar las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo es un "procedimiento judicial ordinario" y que, aunque ahora "se suspende la actuación temporalmente, se decidirá sobre el fondo y continuará el procedimiento". "Mientras tanto, el Gobierno sigue trabajando en el ámbito que le corresponde", y subrayó que se siguen poniendo en marcha las medidas derivadas de la Ley de Memoria Histórica aprobada en el Parlamento para satisfacer las preocupaciones de las víctimas.
En este sentido, Fernández de la Vega recordó que la pasada semana dieron "un impulso" con el desarrollo de unos decretos que incluyen protocolos específicos para la exhumación de los restos y un mapa de situación de las zonas de enterramiento.
Por tanto, insistió la vicepresidenta, "máximo respeto a los tiempos y a los procedimientos judiciales", al tiempo que, concluyó, "el Gobierno, desde el sosiego y el rigor, va a seguir trabajando por el reconocimiento y el apoyo a las víctimas que sufrieron las consecuencias de la Guerra Civil y de la dictadura franquista".
ANTECEDENTES
Como se informó ayer, la Audiencia Nacional aceptó la petición de la fiscalía para desautorizar a Garzón y paralizar la exhumación de los restos de los desaparecidos en la Guerra Civil y el franquismo, hasta que decida si el juez es o no competente para investigar los hechos. El tribunal consideró que la apertura de las fosas "no es ni urgente ni necesaria", y añadió que había actuado así porque si finalmente se decide que Garzón no es apto para investigar los hechos, todas las actuaciones practicadas serían declaradas nulas.
El presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, se mostró de la misma opinión que Fernández de la Vega, y expresó que "en un Estado de derecho hay que acatar las decisiones judiciales". "Pienso que la memoria histórica tiene que desarrollarse cuanto antes en nuestro país, para que todos los que tuvieron a algún antepasado fusilado o desaparecido en la guerra civil pueda encontrarlo y darle las honras que se merece", agregó el político socialista. Sin embargo, recordó que se trata "de "una suspensión cautelar".
A pesar de esta decisión, ayer comenzó la exhumación de una fosa común en Calañas (Huelva), que no fue incluido inicialmente en el auto en el que Baltasar Garzón. A media tarde se informó de que habían sido recuperados los cuerpos de 11 fusilados el 13 de noviembre 1937 a las puertas del cementerio de Calañas, y todas pertenecían a la vecina localidad de El Cerro del Andévalo.
(Noticias de Gipuzkoa. 09 / 11 / 08)
