Las indemnizaciones para las víctimas de la masacre del 3 de marzo de 1976 en Vitoria ya son una realidad. Por fin. Las Juntas dieron ayer luz verde para que la Diputación adelante estas ayudas, que estaban contempladas por el Gobierno central en la Ley de Memoria Histórica pero aún no se han desarrollado. Los afectados, una vez que la norma foral se publique en el Boletín Oficial, dispondrán de tres meses para solicitar la compensación, que se resolverá en un plazo máximo de un año. Las partidas más importantes van desde los 36.000 a los 390.000 euros. La partida irá a cargo del presupuesto foral, pero el objetivo es que la asuma el Estado. Álava ha satisfecho, de esta forma, una injusticia histórica. Tanto el Legislativo alavés como el vasco han reconocido la condición de los afectados por los sucesos de hace más de tres décadas como víctimas del terrorismo. No así la ley de solidaridad que rige este ámbito. Por ello, las Juntas Generales habían mostrado hasta en tres ocasiones -en 2003, 2005 y 2006- su solidaridad con los trabajadores que vivieron aquellos sucesos y habían destacado la necesidad de una compensación económica. Pero la medida siguió sin activarse.
El 3 de marzo de este año, en el XXXII aniversario de los Sucesos de Vitoria, la Diputación anunció que establecería una indemnización para las víctimas, dado que desde el Estado no se daba ese paso. La medida se concertó en proyecto de norma foral el pasado 1 de julio. Faltaba el visto bueno de las Juntas, que llegó ayer.
El documento aprobado por el Pleno es claro al destacar la deuda con las víctimas de unos sucesos de sobra conocidos: "Un legítimo movimiento social reivindicativo de unas mejoras laborables fue reprimido, de manera injusta y abusiva, por el Gobierno, produciendo cinco fallecidos y más de 100 heridos". Las palabras se quedan cortas para describir los hechos acontecidos aquel 3 de marzo en la iglesia de San Francisco, una tragedia convertida en símbolo de los últimos y graves coletazos del régimen franquista.
Toda la Cámara alavesa votó a favor de la indemnización, una aparente sintonía en los fines que, no obstante, no estuvo exenta de críticas cruzadas.
Con el visto bueno de las Juntas, el único fleco pendiente será la publicación de la medida en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava. Entonces, los afectados por daños físicos o psicofísicos por fallecimiento, gran invalidez, incapacidad permanente -ya sea absoluta, total o parcial- o lesiones permanentes no invalidantes dispondrán de tres meses para solicitar la ayuda. Ésta será de más de 138.000 euros en los casos de víctimas mortales y de 36.000 a unos 390.000 euros dependiendo de las secuelas sufridas.
(Noticias de Alava. 11 / 11 / 08)
