RECHAZADA UNA SEGUNDA MOCION CONTRA CALLES FRANQUISTAS

El Ayuntamiento de Burlada vio ayer rechazada de nueva la moción presentada por ANV para la eliminación de las calles franquistas de la localidad (José Mina, Faustino Garralda, Pío Loperena y Federico Mayo), además de eliminar toda la simbología franquista y retirada de la condición de hijo adoptivo a Uranga por participar en el golpe de Estado. Maite Ezkurra (ANV) calificó de "desfachatez" la resolución del TAN al inadmitir el recurso que se presentó contra el acuerdo de pleno rechazando la misma moción. Para Josema Urroz (NaBai) urge consensuar una propuesta alternativa aunque considera que algunos símbolos pertenecen a espacios privados, y considera que es momento de "dar pasos y abandonar la vía judicial". Para Enrique Escudero, habría que reurbanizar el municipio si se eliminan calles y "casas", en referencia a las del Patronato. IU dice que "ya es hora de quitarlas". Y el alcalde José Muñoz (PSN) cree que "no hace falta ninguna moción para cumplir la ley" pero hay "más temas" prioritarios. En este sentido, el socialista Silvio Lozano recordó que existe el compromiso de cambiar las calles pero "cuando se consensúe desde todo el arco del Ayuntamiento y también los ciudadanos, seguramente no de forma drástica todas las calles".

(Noticias de Navarra. 28 / 11 / 08)

LA BUENA NUEVA. Artículo de Bingen Amadoz

Nunca antes una película me había hecho llorar tanto. Tampoco recuerdo que un largometraje me hubiera quitado el sueño de toda una noche. Ha sucedido con LaBuena Nueva, de Helena Taberna. Nada de lo que vi me sorprendió. Conociendo de cerca la realidad de los hechos, sólo puedo añadir que lo que ocurrió fue mucho más cruel, pero no le reprocho a la directora del film que no lo haya enseñado todo. Hubiera sido demasiado doloroso para las familias represaliadas y a los que no se sienten cercanos al drama sólo les hubiera dado morbo. Nos basta con saber que fue aún peor. El género humano tiene suficientes motivos para avergonzarse con tan solo ser consciente de que, al menos, ocurrió lo que La Buena Nueva nos muestra.

Helena Taberna nos ha hecho reflexionar. Espero que a todos porqué la realidad que nos cuenta no puede dejar indiferente al público. Todavía menos al de Navarra.

Reflexión primera: en muchas ocasiones las minorías no tienen el poder pero si la razón, y el tiempo, más pronto o más tarde, da la razón a esas minorías. Marino Aierra, el cura joven de Altsasua tenía razón y esgrimía sólo razones evangélicas para actuar como lo hacía. Su proceder en el entorno eclesiástico era una excepción. Pero no fue el único. Y ciertamente otros pagaron más cara su pertenencia a la minoría. Santiago Lucus Aramendia era un joven cura natural de Pitillas, que fue asesinado en Undiano, según sus verdugos, por simpatizar con las izquierdas. Y hubo otros que también compartieron el terrible final de muchos de sus feligreses o, simplemente, convecinos como Eladio Zelaia de Azkoien, en Cáseda, y José Otaño de Lerga, en Hernani. La Iglesia oficial nunca los mencionó entre sus mártires, ni abrió causas de beatificación para elevarlos a los altares. Tampoco hizo nunca nada por saber de las vidas ni de la muerte de los 3.400 asesinados por el fascismo en Navarra, aún sabiendo que muchos de ellos fueron fervientes cristianos. En plena orgía de sangre, la Iglesia oficial aplaudió, alentó, denunció, colaboró, arengó desde los púlpitos a las hordas integristas para que actuaran, y hasta participó directamente en los asesinatos. Otros guardaron un silencio cómplice y sólo unos pocos tuvieron la osadía de rebelarse contra aquella barbarie, y sin embargo tenían la razón y el Evangelio de su parte. Han pasado muchos años y no parece que la jerarquía de la Iglesia haya avanzado mucho. Hace dos o tres años, el arzobispo de Iruñea solicitaba todavía el voto para requetés y falangistas. Como para pedir perdón estaba el hombre… Los tiempos pasan ahora factura a la Iglesia. Los figurantes de la película de Helena Taberna, gentes navarras de 2008, no sabían ni santiguarse y hubo que traer un experto eclesial para que les enseñara el "Por la señal...".

Reflexión segunda: en contra de lo que dicen los mandamases navarros, es decir los de siempre, la recuperación de la memoria histórica no destapa la caja de los truenos. Ni reabre heridas porqué nunca se han cerrado. Cuneteros, cómplices y sus herederos ideológicos, disfrazados de demócratas de toda la vida, manejan los hilos del poder en Navarra desde entonces. ¿Qué pueden ser sino los que se niegan a condenar una y otra vez aquella sublevación que nos dejo un dolor tan inmenso? ¿Cómo calificar a los dirigentes que sólo cambian los nombres fascistas de las calles por dictado de los jueces y no por voluntad propia? ¿Qué nombre pueden merecer los que mantienen el mausoleo del general Mola presidiendo la arteria principal de Iruñea, en una plaza que lleva el nombre de uno de los peores represores? ¿Cómo se van a cerrar las heridas si todavía, después de 72 años, hay muchas familias que no han podido encontrar a sus seres queridos, asesinados por requetés y falangistas, para darles una sepultura digna?

No dudo de que también entre las gentes de derechas deben existir minorías en desacuerdo con los extremos a los que nos tienen acostumbrados sus representantes. Son en todo caso minorías silenciosas. Disentir en el seno de la derecha no debe ser fácil. Aunque el nombre les viene ya muy ancho, los socialistas de estos tiempos colaboran con la derechona, ahora ya sin tapujos y de manera gratuita. La minoría en este caso no sólo existe sino que además a veces opina en público. Yo creo que estas minorías también están llenas de razones. Al menos, ejercen una cierta oposición a la vergonzosa actuación de sus mayorías.

Tercera reflexión: las heridas abiertas de las familias quebradas y amputadas por la derecha navarrera no se pueden cerrar abriendo heridas nuevas a los demás. Nuestra buena palabra de vascones, de vascos, tiene que ser la que ponga voz a la legítima defensa y aún al ataque civilizado para esgrimir argumentos que convenzan. ¿Qué necesidad tiene nadie de manchar de sangre sus manos y su conciencia cuando se está cargado de razones? Nosotros no somos como los que nos llenaron de víctimas las cunetas y las simas. Hay ideas muy legítimas que merecen el respeto de todos. Hay quien asesina a los otros por pensar diferente en estos días y no tiene ninguna razón para hacerlo. Los que así actúan no parecen haber entendido nada de lo que reclamaban nuestros familiares asesinados, ni de lo que aún proclamamos los que les honramos. Yo no escuché hablar de venganza. Sólo heredé principios solidarios, dignidad y amor por la justicia, por la libertad, por el respeto a los demás, por la cultura y por los más desfavorecidos.

(Noticias de Navarra. 28 / 11 / 08)

NOMBRES FRANQUISTAS EN 140 CALLES DE MADRID

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid presentará en el Pleno ordinario que se celebra hoy una petición para la retirada de los nombres franquistas y fascistas de 140 calles de la capital y su sustitución por otros "dentro del ámbito del consenso", así como la facilitación a los descendientes de las víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura las labores de localización e identificación de los desaparecidos y la elaboración de mapas en los que consten los terrenos en los que se localicen restos de ellos. "Esa información debería unirse a la que elaborará el Gobierno central con el fin de que sea accesible a la ciudadanía", explicó ayer el portavoz municipal, David Lucas, que insistió en la necesidad de preservar esos terrenos y en la autorización para llevar a cabo tareas para localizar los restos de las personas desaparecidas. La proposición pasa por establecer un procedimiento para que los familiares directos puedan recuperar los enterrados en fosas para su posterior identificación y traslado.

(Deia. 28 / 11 / 08)

AHAZTUAK EMPIEZA A TRABAJAR EN ERRIBERA

Ahaztuak 1936-1977 se acaba de presentar en Tutera, capital de Erribera, que sufrió al máximo nivel la represión franquista. Su aspiración, según explicaron sus portavoces, es, antes que nada, «intentar localizar, enumerar y coordinar a las víctimas del golpe de Estado, de la represión y el régimen franquista, y sus familiares, para hacer realidad su derecho a la memoria, a la verdad y a la justicia, y para defender sus intereses». En el acto de presentación se incluyó también un homenaje simbólico a una persona que sufrió la muerte de familiares y amigos, a quien se entregó un ramo de flores con los colores de la bandera republicana.

Ahaztuak explicó en Tutera que trabajará además para «conseguir la anulación de los sumarios y expedientes incoados por el régimen franquista». Y fija también como objetivo el de «instar a los denominados poderes públicos a apoyar, en el ámbito de sus competencias, la labor de identificación y recuperación de restos de personas desaparecidas o ejecutadas extrajudicialmente como consecuencia de la represión franquista, siguiendo las normas del derecho internacional de los derechos humanos».

(Gara. 27 / 11 / 08)

EL TRIPARTITO PIDE LA "COMISION DE LA VERDAD" A MADRID Y EZKER ABERTZALEA A GASTEIZ

Ante las últimas actuaciones de la Audiencia Nacional y cuando la actitud de la Fiscalía ya hacía predecir que las expectativas de las familias de las personas desaparecidas y fusiladas durante el franquismo se verían frustradas, el tripartito presentó una proposición no de ley en el Parlamento de Gasteiz para que esta institución inste «al Gobierno español a crear una Comisión de la Verdad que investigue y ponga al descubierto los graves crímenes cometidos por la dictadura tanto durante el golpe de estado contra la II República como durante la guerra civil y la dictadura».

La cuestión será debatida mañana en el pleno y el grupo Ezker Abertzalea ha presentado una enmienda para que en lugar de instar a Madrid, se pida que sea el Gobierno de Lakua -que debiera ser más receptivo a las proposiciones del Parlamento autonómico que el Ejecutivo español- el que cree esa comisión. Solicita también que la investigación se extienda a todo el tiempo en el que «continuaron vigentes las estructuras» del franquismo.

El PSE, por su parte, intentará que todo quede en que la Cámara de Gasteiz reconozca la importancia de la Ley de Memoria Histórica y pida tanto al Gobierno de Zapatero como a todas las administraciones públicas que se impliquen «decididamente, en su ámbito y competencias respectivas» y que aporten «todos los medios a su disposición» para el logro de los objetivos especificados en la mencionada ley.

El Partido Popular, en esta ocasión, no ha presentado ninguna enmienda, ni parcial ni a la totalidad.

Peticiones complementarias

La propuesta del tripartito incluye también la petición de que se cree en el Estado «una Fiscalía especializada en la investigación de los crímenes denunciados en todo el territorio del Estado, así como la búsqueda de las personas desaparecidas, de acuerdo con las familias de las mismas».

Como en el punto anterior, Ezker Abertzalea cree más factible pedir que sea el Gobierno de Ibarretxe el que «articule las medidas políticas, jurídicas y técnicas necesarias para investigar los crímenes denunciados por los familiares de las ciudadanas y ciudadanos vascos», así como para la búsqueda de las personas desaparecidas.

También se pide que se pongan al servicio de la investigación todos los datos sobre personas desaparecidas en este periodo. El tripartito intenta llevar esta responsabilidad al Ejecutivo español y Ezker Abertzalea propone que la asuma el Gobierno de Lakua.

(Gara. 27 / 11 / 08)

DECOMISARAN BIENES NAZIS EN COMPENSACION POR UNA MASACRE EN GRECIA

La Justicia italiana ha autorizado el decomiso de bienes nazis para compensar a las víctimas de la masacre de Distomo (Grecia), ocurrida el 10 de junio de 1944 cuando las SS mataron a 218 personas de entre dos meses y 86 años de edad.

El Tribunal de Apelación de Florencia volvió ejecutoria en Italia la sentencia de 1997 de un tribunal griego que condenaba al Estado alemán a pagar unos 50 millones de euros a las familias de las víctimas, y abre la vía a la confiscación de sus bienes en Italia. Además, las autoridades militares de Roma concluyeron la investigación sobre la masacre de la división italiana Acqui en Cefalonia (Grecia) en 1943 y pedirán la entrega para ser juzgado del suboficial alemán, Otmar Mülhauser, de 88 años.

(Gara. 27 / 11 / 08)

UN PASO ADELANTE, PERO INSUFICIENTE. Artículo de opinión de Andoni Txasko, Eva Barroso y Jose Luis Ocio ("Asociación de Victimas del 3 de Marzo")

Tras cinco años de incumplimiento por parte de la Diputación de Álava del mandato de sus Juntas Generales, por fin se ha aprobado la norma foral que regula el resarcimiento económico a los afectados del 3 de marzo de 1976 en las mismas cuantías que lo hace la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo. Esta norma es un paso positivo, pero insuficiente y a falta de completar con el expreso reconocimiento, la verdad y la justicia que merecen tanto los trabajadores asesinados como las personas heridas y represaliadas por la actuación de la Policía Armada al amparo de un Estado dictatorial.

La Asociación transmitió que dicha norma foral debía recoger dos aspectos fundamentales: reflejar el expreso reconocimiento y la consideración de todos los afectados de aquella masacre, y dar el mismo trato y acogimiento a dichos afectados que el que se daba a las víctimas del terrorismo en la Ley de Solidaridad 32/1999.

Publicado y examinado el borrador de la norma, no quedaba expresado de forma clara el reconocimiento que desde la mayor institución de Araba merecen los afectados. Tampoco se amparaba en la norma a los que sufrieron cárcel o represalias sociales o laborales. Remitimos a todos los grupos de las Juntas unas reflexiones para su inclusión y otros matices para su discusión: calificar las muertes de asesinatos, corregir errores de cifras, sustituir la palabra compensación por resarcimiento o resaltar la magnitud e impunidad de la actuación policial. Es incomprensible y extraño que gran parte de los calificativos que habíamos aconsejado incluir eran utilizados con normalidad en las intervenciones por algunos portavoces, pero en cambio no se tenían en cuenta para incluir en la redacción final de la norma foral. Expresiones como asesinato de obreros , deuda de reconocimiento para con las víctimas de aquella matanza , mismo trato para todas las víctimas . No se aceptó, incluso, una enmienda en la que se solicitaba el mismo amparo y tratamiento que el que recoge la Ley de Solidaridad, atendiendo a esta ley sólo como referencia de las indemnizaciones.

El resarcimiento económico es un derecho al que no renunciamos, pero es con todo el menos importante. Seguimos apreciando en muchos estamentos gran reticencia y discriminación a la hora de tratar a todas las víctimas por igual: La ley de Solidaridad no nos acoge porque da credibilidad a los informes policiales mentirosos de 1976. La Ley de Memoria lo hace de manera parcial y sesgada. La actitud del Gobierno Vasco es más ingrata, a pesar de tener el reconocimiento unánime del Parlamento como víctimas del terrorismo, no nos ampara en sus leyes de solidaridad con dichas víctimas.

No valen excusas como la argumentada por el PSE al decir que con la Ley de Amnistía se impide la revisión o enjuiciamiento de hechos anteriores. Es el propio auditor presidente del Tribunal Militar Territorial 4º de A Coruña, el que en referencia a los sumarios de los sucesos de Vitoria nos impide su acceso alegando que "las personas que figuran no fueron juzgadas y (...) no pudieron beneficiarse de la amnistía que posteriormente se acordó por lo que en el momento actual, encontrándose vivas, pudieran ser sometidas a un enjuiciamiento social de sus conductas".

Por ello que continuaremos en nuestro empeño de sentar algún día a los responsables de aquella matanza en el banquillo de los acusados. Son los gobiernos los que con leyes valientes deben marcar las actuaciones a seguir para, sin ningún tipo de ambigüedad, esclarecer todos los hechos oscuros del pasado y cerrar todas las heridas que aún se mantienen abiertas e infectadas.

(Noticias de Alava. 26 / 11 / 08)

EGIAREN BATZORDEA ERATZEKO ESKAERA

Memoria Historikoaren Legeak ekarri duen «porrota» ikusita, Euskal Herrian egiaren batzorde bat sortzeko eskatu zuen atzo Joseba Azkarraga Eusko Jaurlaritzako Justizia sailburuak. Hegoafrikan da sailburua, Jon Landa Giza Eskubideetako zuzendariarekin batera. Nelson Mandela Fundazioko eta Giza Eskubideen aldeko Abokatuen Elkarteko kideekin memoria historikoa berreskuratzeari buruz hitz egiteko bildu ostean egin zuen eskaera. Haren ustez, prozesu horrek ezin du izan «neutrala» edo «guztientzako erruen banaketa», giza eskubideen ikuspegitik egina baizik.

(Berria. 08 / 11 / 26)

ADIOS A LOS HEROES: EN LA MUERTE DE MIGUEL NUÑEZ. Escrito de Jordi Borja

Brecht, escritor, hombre de teatro y comunista, no apreciaba los países o los momentos históricos que requerían héroes. Pero sí que admiraba a los que hacían propuestas de acción y ofrecían caminos de libertad convincentes. El siglo XX, problemático y febril, tan pródigo en momentos trágicos, ha generado tanto personajes criminales como héroes cotidianos. Un siglo de revoluciones y contrarrevoluciones, de progresos sociales y de guerras y campos exterminadores. El siglo actual, por lo menos en Europa, principal escenario de las tragedias pasadas, parece haber dejado atrás la era de las revoluciones. Y dudamos que Talleyrand pudiese decir de estos tiempos postrevolucionarios su hermosa y aristocrática añoranza: aquel que no vivió los tiempos anteriores a la revolución no conoció la dulzura de vivir. Nuestros tiempos, oscilantes entre la histeria economicista y el aburrimiento social, no son dulces, son banales y patéticos. No son tiempos en todo caso para héroes.

Y los héroes del pasado siglo se van elegantemente por el foro. Como ahora Miguel Nuñez, que acaba de morir en Barcelona a los 88 años. Un tipo de héroe particular, de una personalidad que seducía, convencía y nos hacía siempre, después de hablar con él, sentirnos mejores. El hombre brechtiano que hacía propuestas y nosotros las seguíamos. Pero también, como siempre reclamaba, uno entre muchos, uno más que no sería sino estuviera con los otros. Comisario en el Quinto Regimiento con Miguel Hernández a su lado, encarcelado al terminar la guerra civil, dirigente político de los “maquis” a finales de los 40. Luego clandestino en la década de los 50 hasta su detención y nueva larga estadía en la cárcel de Burgos a partir de 1958. La aventura de sus interrogatorios y de su declaración en el juicio se convirtió en un referente mítico para aquéllos que iniciábamos nuestra actividad contra la dictadura. Sus enfrentamientos verbales con los siniestros hermanos Creix, jefes de la Brigada político-social, éstos ordenando la tortura y Miguel colgado del techo sin tocar el suelo, ridiculizándolos hasta hacer que reconocieran delante de sus policías que ellos sí que “hablarían” (denunciarían a sus compañeros) si se encontraran en la misma situación. El juicio generó dos mitos, uno interno al partido y a sus entornos, Miguel Nuñez, y otro que pronto adquirió carácter público, su abogado, Josep Solé i Barberà.

A finales de los 60 sale de la cárcel y vuelve a su puesto en la clandestinidad. Responsable político del PSUC en Barcelona, el principal dirigente que conecta permanentemente en Catalunya con las organizaciones obreras y los sectores intelectuales y profesionales adquiriendo un gran prestigio, por su inteligencia, su valentía y su enorme capacidad de seducción. Hasta la legalización del PSUC en 1977 Miguel habrá vivido a lo largo de casi 40 años habrá vivido la mayor parte del tiempo en la clandestinidad o en la cárcel.

Este personaje, como él insistía, era una persona con vocación de hombre corriente que asumió ser un héroe. Y como tal, como personaje, era él y muchos. En la cárcel el militante político solo se vive, intensamente, con las razones y las esperanzas que dan sentido a tu vida prisionera, si estás con los otros. Y en la clandestinidad lo mismo, tu trabajo, tu vida cotidiana, tu seguridad, depende de muchos otros, que más anónimamente que el “clandestino” se juegan también la vida y la libertad con él. Los líderes como Miguel, y los anónimos como tantos otros, ahora nos parecen supervivientes de un tiempo pasado. Hoy, se desconocen o se olvidan, pero sin ellos no seríamos lo que somos, no viviríamos como vivimos.

Miguel, en la democracia, adivinó muy pronto que si quería continuar siendo el de siempre, su lugar no estaba en el Congreso aunque fue diputado algunos años. Y se volcó hacia América latina para convertirse muy pronto en un referente tanto de la cooperación europea como de la izquierda latinoamericana. Pero es otra historia, no la que contamos ahora. El personaje al que despedimos es al que hemos conocido más directamente, fue un dirigente comunista a la vez muy típico y muy peculiar. Típico puesto que realizó un “parcours sans faute”, una trayectoria modélica de disciplina, sacrificio y eficacia. Y al mismo tiempo una individualidad de la que emerge una terrible lucidez crítica.

Su historia política el mismo la ha contado en su libro La revolución y el deseo. Otros podrán referirse a la persona bondadosa, cálida, estimulante. Creo que a él le complacería que una reflexión sobre él nos ayudara a entender la ambigüedad del “héroe comunista”. Los personajes heroicos son, a pesar suyo quizás, inevitablemente ambiguos. Su fuerza viene de sus convicciones. Y éstas conducen a considerarse fácilmente depositarios de la verdad. El protagonismo relativodel Partido Comunista en la resistencia antifranquista vino de su militancia y de sus cuadros dirigentes animados por una parte de realismo práctico a medida que crecía su inserción social a partir sobretodo de los años 60 y 70. Pero a la vez, la mayoríade los dirigentes y militantes estaban animados por una conciencia mesiánica, se veían portadores de una sociedad mejor, casi idílica. La referenciala Unión Soviética se fue debilitando especialmente después de la invasión de Checoslovaquia (1968) pero sin una crítica radical de la misma y la utopía de crear una nueva sociedad siendo el partido el principal protagonista de la obra estuvo muy presenta hasta la crisis del bloque socialista en los años 80. La fuerza y el prestigio del partido radicaba en buena parte en su disciplina, tan inherente a la dura clandestinidad como al sustrato cultural mesiánico, reforzado además por un cierto culto a la personalidad, a sus “héroes”.
Miguel no quería ser mito, ni héroe. No estoy seguro que fuera solo modestia. Veía el peligro que conllevaba esta mitificación. En más de una ocasión en nuestras últimas conversaciones me comentaba con indignación la frase que en otros tiempos se aplicaban a los que discutían alguna consigna de la dirección: mejor equivocarse con el partido que acertar en su contra. Su posición crítica iba mucho más allá de la denuncia del estalinismo aunque fue uno de los primeros dirigentes comunistas españoles en criticar no los excesos solamente sino la misma naturaleza del llamado “socialismo real” y lamentaba el prolongado silencio de los comunistas democráticos sobre ello. Su crítica se extendía a la concepción de los partidos como depositarios únicos del poder, como portadores de la verdad y como moduladores de la sociedad. Algo que nos parece demasiado actual.

Con un cierto humor comentábamos recientemente que algo de “locura” había en nuestra militancia comunista, especialmente en la suya, puesto que mi generación, la que él contribuyó tanto a formar, no vivimos ni de lejos una clandestinidad ni una represión similar. Sabíamos lo que suponía esta militancia durante el franquismo, que nos dedicaba una atención perseguidora preferente. Y éramos conscientes que en una democracia plural seríamos un partido más, sin el protagonismo de la clandestinidad. Y para colmo si alguna vez el partido comunista clásico se hacía con el gobierno era muy probable que, en el mejor de los casos nos mandaran a casa o alguna actividad secundaria al extranjero.

Esta mezcla de lucidez crítica y esperanza a pesar de todo fue quizás la mejor cualidad de estos héroes que nos dicen adiós. No es su tiempo, pero pobres tiempos si ninguna ilusión futura nos guía en este presente gris.

INDECENTE RESPIRO. Artículo de Jose Ignacio Lacasta- Zabalza, profesor de Filosofia

ANTE la inhibición del juez Garzón a favor de varios juzgados ordinarios para investigar los crímenes del franquismo, han respirado tranquilos los medios de comunicación que no han sabido romper moralmente con la dictadura, y lo han hecho de modo particularmente indecente el ABC , El Mundo y similares. Que, como el PP, han aprovechado el momento para arremeter contra lo actuado por el juez Garzón.

Y ahora no se trata de hablar de los vicios y virtudes de este juez (no sería la primera vez que le he criticado en estas páginas y en otras), sino de destacar lo positivo de esta iniciativa judicial concreta para quienes están buscando todavía el cadáver de los suyos, y para quienes deseamos que se reconstruya la verdad de lo acontecido. Pues no es cierto que la sociedad civil española haya conocido las dimensiones de lo reprimido por la dictadura de Franco ni el número de fusilados por ella, y por eso los ciento y pico mil asesinados o los -de veinte a treinta mil- todavía desaparecidos, han sobrecogido la conciencia de cualquier persona de bien.

Pero también han descansado intelectuales y periodistas que no pertenecen a la derecha tradicional. Javier Pradera nos ha llamado panglossianos a quienes hemos visto el lado positivo de esa actuación de Baltasar Garzón; como el preceptor Pangloss, el personaje de Voltaire quien, de puro optimista, podía fijarse en que le quedaban nueve dedos cuando le habían cortado uno.

Retórica aparte, no es lo de menos la acogida local e internacional que han tenido los razonamientos y datos del auto de Garzón en televisiones, radios y periódicos varios. Pues no comparto la tesis consistente en afirmar que cada cual tiene su propia memoria, y que a los antifranquistas y republicanos, a nuestros hijos y nietos, nos corresponde construirla familiarmente en colaboración con los historiadores. De aceptar esta tesis, que es la de Pradera, resultan lo mismo los momentos de la guerra, en la que hay responsabilidades en los dos bandos, que lo actuado entre 1939 y 1977 (asesinatos y demás delitos de los que solamente son responsables los poderes franquistas). Así que de este período dictatorial, Pradera pretende que los opuestos al régimen nos quedemos como en una especie de literario y doloroso sueño de familia. Y todo para que no se incomoden con el mismo recuerdo los descendientes de quienes pusieron en práctica las fechorías franquistas en comisarías, cárceles y ¡ay! (porque ahí duele bastante solamente con recordar los apellidos de sus componentes) en los miles y miles de consejos de guerra.

El truco es persistente: se mezcla todo y así se difumina todo, de manera que sea imposible la elaboración de una memoria que diga algo tan elemental como que, pasada la guerra, el antifranquismo era el bando perseguido, y el franquismo el perseguidor poder ejercido por los verdugos y asesinos de quienes se oponían al régimen.

Pradera nos recomienda que los herederos del antifranquismo y de los republicanos leamos obras y novelas para forjar nuestra memoria de vencidos y represaliados. Desde luego, hay trabajos excelentes, así como muy buenos estudios históricos; pero lo que deseamos es que los lean los demás, pues ésta es una sociedad en la que los libros no son la primera fuente de información (y en la que se ojea muy poco la letra impresa, inclusive la de los periódicos). Es decir, y tomo la idea de Julián Casanova, son necesarias las políticas públicas de la memoria para que en escuelas y colegios se estudie la guerra sin prejuicios, y se analicen los desmanes de la dictadura franquista.
Me gusta más la idea de la memoria compartida de Javier Ugarte en las recientes páginas de Hika (nº 202). Pero para ello hace falta una derecha que por fin sea civilizada, y que no tema romper con el franquismo, así como intelectuales y periodistas que dejen el miedo que profesa Javier Pradera a que la derecha actual se enfade por el conocimiento público de las medidas de las atrocidades franquistas y los nombres de sus más que concretos autores.

No me parece afortunada la simetría que Ugarte establece entre Paracuellos, que sin duda fue un crimen de lesa humanidad por la saca de militares y burgueses (así lo decía la delegación de Orden Público de Madrid), y los bandos exterminadores del Ejército franquista. Puede parecer así que todos fuimos culpables, hasta los que no habíamos nacido, cuando el asunto central es que cada cual siempre es responsable de sus actos. Los crímenes de retaguardia habidos en el lado legal y constitucional, el republicano, pertenecen responsablemente a sus autores. Pero las guerras, desde el siglo XVI, son atributo principal de quienes las inician (y no es lo mismo en esta vida agredir ilegítimamente que defenderse de modo legítimo).

En el fondo, todo se reduce a lo mismo en las razones de Javier Pradera y, ahora, en las de Javier Ugarte: la Ley de Amnistía de 1977. Contraria a todo el derecho internacional actualizado pero que, respira hondo Pradera, no puede ser aplicado en el Reino de España sin previa transposición interna a través de las normas que lo desarrollen (tal y como lo ha sentenciado el Tribunal Supremo en el año 2007 a propósito del caso Scilingo). Cuando lo decente como juristas, lo decoroso, que también tiene cabida en el mundo del derecho, sería exigir que las normas internacionales sobre los crímenes de lesa humanidad sean aplicadas por el sistema jurídico español y formen parte de nuestras normas jurídicas de observación cotidiana. Lo contrario es una cobardía injustificable y un -disfrazado de legalismo- monumento al miedo.

(Noticias de Navarra. 26 / 11 / 08)

LAKUA PROPONE UNA "COMISION DE LA VERDAD HISTORICA"

El consejero vasco de Justicia, Joseba Azkarraga, propuso ayer la creación de una "comisión de la verdad" en el País Vasco, ante el "fiasco" de la Ley de Memoria Histórica y tras la decisión del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón de paralizar la investigación sobre las desapariciones del franquismo.

Azkarraga lanzó esta proposición a la sociedad vasca desde Sudáfrica, tras mantener sendos encuentros con representantes de la Fundación Nelson Mandela y de la ONG Abogados por los Derechos Humanos en Johannesburgo y Pretoria, respectivamente. Las reuniones se centraron en la experiencia de Sudáfrica en la recuperación de la Memoria Histórica.

Azkarraga opinó que la recuperación de la memoria no puede ser "neutra" ni debe ser "un reparto de culpas" o "café para todos", sino "disección de la historia a la luz de los derechos humanos". En el caso del País Vasco, señaló que los temas de recuperación de la memoria necesitan "un replanteamiento", ya que la Ley de Memoria Historia ha sido un "fiasco" o, en su caso, un intento "tímido" de resarcir el daño.

Además, resaltó que, en la vía judicial, el proceso de investigación sobre los desaparecidos del franquismo puesto en marcha por Garzón ha quedado paralizado. "La pregunta que nos hacemos es qué podemos hacer con esos 8.500 datos de personas desaparecidas y fusiladas que le hemos trasladado", dijo.

Así, propuso una reflexión en Euskadi sobre la necesidad de crear una "comisión de la verdad" u otra fórmula que permita hacer el mismo recorrido que han hecho otros países "para lograr la reconciliación". El cometido de esta "comisión de la verdad" sería, según explicó, el de "hacer justicia y reparación" con las víctimas del franquismo y de la Guerra Civil, y en general, con todas las víctimas de violaciones de derechos humanos.

Azkarraga opinó que "la sociedad vasca demanda la verdad" y "está preparada para asumirla" y pidió que se obtenga una verdad "completa" en la que quepan "todos los relatos". El consejero indicó que esta comisión debería estar formada por personas "independientes" y de reconocido prestigio. Al final de su cometido, este órgano debería elaborar un informe con recomendaciones.

(Noticias de Gipuzkoa. 26 / 11 / 08)

1977KO AMNISTIAREN LEGEA INDARGABETZEKO ESKATU DU GIZA ESKUBIDEEN FEDERAZIOAK

1977ko Amnistiaren Legearen baliogabetzea sustatzeko eskatu dio Espainiako Gobernuari Giza Eskubideen Nazioarteko Federazioak. Frankismo garaiko krimenak ikertzeko, egiaren batzorde bat osatzeko ere eskatu dio Jose Luis Rodriguez Zapatero Espainiako gobernuburuari, gutun batean.

«Nazio Batuen Erakundearen Giza Eskubideen Batzordeak eginiko gomendioak betetze aldera» eskatu dio neurriok hartzeko erakundeak Zapaterori. Halaber, Baltasar Garzon epailearen erabakiaren harira, lurralde auzitegiei gogorarazi die halako delituei ez dietela «amnistia neurriek edo iraungitzeek» eragiten. Fiskaltzak Amnistiaren Legeari helduz jarritako helegitearekin, «nazioartearekiko bere betebeharrak urratze bidean jartzen du Espainia», gehitu du.

Federazioaren ustez, «premiazkoa eta ezinbestekoa da behingoz Espainiak frankismoaren biktimen egia, justizia eta ordainerako eskubideei bide ematea». Izan ere, Memoria Historikoaren Legea aurrerapausoa dela baina ez dela «nahikoa» uste du erakundeak.

(Berria. 08 / 11 / 25)

FRAGARI BURUZ TXOSTENA EGITEKO AGINDUKO DU EAK

Manuel Fraga Iribarne PPko ohorezko presidenteak frankismo garaiko delituekin zer lotura duen ikertzeko, txosten juridikoa eskatuko du EAk. Ohartarazi duenez, 1975. eta 1976. urteetan ministro izan zen Fraga; polizien burua. Hortaz, «gizateriaren aurkako krimenak» egin zituen aztertzeko agindu du. «Fragak ez du sekula frankismoa gaitzetsi», ohartarazi du.

(Berria. 08 / 11 / 25)

EA ESTUDIARA SI FRAGA COMETIÓ DELITOS CONTRA LA HUMANIDAD

Eusko Alkartasuna no parece dispuesta a enterrar el hacha de guerra con el PP tras el cruce de acusaciones por la posibilidad de que unos alberguen en sus listas a miembros de Batasuna y los otros a aspirantes con pasado franquista. El partido de Unai Ziarreta anunció ayer que realizará un estudio jurídico para esclarecer si Manuel Fraga cometió delitos contra la humanidad en su etapa de ministro de Gobernación, entre 1975 y 1976. Durante su mandato en un ministerio equivalente al actual de Interior, tuvieron lugar, entre otros, los sucesos del 3 de marzo en Vitoria, donde cinco obreros murieron en una carga policial, y los de Montejurra, que se saldaron con dos muertos y varios heridos.

EA recordó ayer a través de un comunicado que el todavía senador popular "ostentó importantes responsabilidades de Gobierno durante los últimos años del franquismo y en los primeros ejecutivos tras la muerte del dictador y que nunca ha mostrado su rechazo al régimen franquista" ni "arrepentimiento" alguno. Mikel Irujo, miembro de la Ejecutiva del partido, anunció que su formación estudiará si se le pueden imputar "crímenes contra la humanidad" por los actos de "represión sangrienta" que ordenó, así como por la "imposición de la pena de muerte a presos políticos".

Afirmó que EA "no aceptará lecciones de democracia" de un partido que tiene como presidente de honor a alguien "con el historial de Fraga". Irujo insistió en que emprenderán acciones legales contra el PP si no rectifica las declaraciones sobre el posible nexo de EA con ETA.

(Noticias de Gipuzkoa. 25 / 11 / 08)

EL PSOE ACUSA A ROUCO DE USAR UN DOBLE LENGUAJE TRAS INSINUAR QUE LA MEMORIA HISTORICA TRAERÁ VIOLENCIA

Las declaraciones del presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal y arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, sobre la necesidad de evitar actitudes, palabras y estrategias, en relación con la recuperación de la memoria histórica, que puedan derivar en confrontaciones violentas, fueron el detonante de un nuevo cruce de acusaciones entre socialistas y populares con el telón de fondo de la sentencia que obliga a un colegio público a retirar los crucifijos de las aulas.

El vicesecretario general del PSOE, José Blanco, se mostró sorprendido por la apelación al olvido y al perdón de Rouco Varela para superar las heridas de la Guerra Civil, cuando "está promoviendo canonizaciones de aquel momento". Blanco, tras la reunión de la Ejecutiva del PSOE, dijo que "no se puede borrar la memoria histórica de nuestro país", a pesar de que "algunos tienen amnesia en función de si les conviene o no".

Tras recordar que él es creyente, defendió que "la inmensa mayoría del país es católica" y que la Iglesia ha sido reconocida, apoyada y ayudada, pero destacó que hay que ser respetuosos con la Constitución y con los jueces.

Poco antes, Rouco Varela, apeló al olvido basado en "la reconciliación y perdón" para alcanzar "una auténtica y sana purificación de la memoria". "A veces es necesario olvidar -afirmó el obispo durante el discurso de apertura de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española-, no por ignorancia o cobardía, sino en virtud de una voluntad de reconciliación y perdón verdaderamente responsable y fuerte; una voluntad basada en los altos ideales de la paz que se alimenta de la justicia, de la libertad, y ¿por qué no decirlo?, del perdón y del amor fraterno. Es lo que puede llamarse una auténtica y sana purificación de la memoria".

Rouco Varela señaló que "hay que liberar a los jóvenes de los lastres del pasado, no cargándolos con viejas rencillas y rencores, sino ayudándoles a fortalecer la voluntad plena de concordia y de amistad".

En este sentido, recordó lo que había publicado la Conferencia Episcopal en 1999 al hacer balance del siglo XX: "Tanto los conflictos externos, como los enfrentamientos internos entre distintas ideologías, grupos sociales, regiones o nacionalidades han dado paso a una creciente concordia social que es casi seguro el mejor legado de nuestra historia reciente".

Además, añadió, también con palabras de esa Plenaria, que la Iglesia "desea pedir el perdón de Dios para todos los que se vieron implicados en acciones que el Evangelio reprueba, estuvieran en uno u otro lado de los frentes trazados por la guerra". "La sangre de tantos conciudadanos nuestros derramada como consecuencia de odios y venganzas, siempre injustificables, y, en el caso de muchos hermanos y hermanas como ofrenda martirial de la fe, sigue clamando al Cielo para pedir la reconciliación y la paz", concluyó.

El PP, a la espera

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, expresó el respeto de su formación por la sentencia de un juzgado de Valladolid en la que se obliga a un colegio público a retirar los crucifijos de sus aulas pero afirmó que los crucifijos no "molestan" ni al Partido Popular ni a "la inmensa mayoría de los españoles". De Cospedal, sin embargo, no valoró las declaraciones sobre la memoria histórica de Antonio María Rouco Varela. "Las palabras del presidente de la Conferencia Episcopal las debe interpretar el presidente de la Conferencia Episcopal, no la secretaria general del PP", señaló.

(Noticias de Alava. 25 / 11 / 08)

EL "PARQUE DE LA MEMORIA" FUE PRESENTADO EN MARCILLA

La casa de cultura de Marcilla acogió el pasado viernes la presentación del Parque de la Memoria de Sartaguda. El acto, organizado por la comisión de Cultura, contó con la asistencia de Juan Carlos Espinosa, de la Asociación Pueblo de las Viudas; Olga Alcega, de la Asociación de Familiares de Fusilados de Navarra, y José Ramón Martínez, alcalde de Sartaguda.

Durante la charla se presentó el proceso que se ha seguido desde que se germinó la idea de construir el Parque de la Memoria en Sartaguda en 2001, hasta su consecución en mayo de 2008. Además, ponentes y público intercambiaron impresiones y relataron hechos sucedidos durante la Guerra Civil y la posguerra, y se leyeron textos escritos por fusilados, algunos con referencias a represaliados de Marcilla.

Por último, se destacó que Marcilla fue el primer pueblo de Navarra que recuperó los restos de los fusilados y represaliados "gracias al trabajo callado del párroco Javier Vesperinas". Una labor que se desarrolló en 1976, recién fallecido el dictador Francisco Franco "y que ha permitido velar y honrar a los muertos en una tumba en la que aparece una relación de todos ellos con nombres y apellidos, salvo los de tres valencianos cuya identidad se desconoce".

(Noticias de Navarra. 25 / 11 / 08)

PIDEN NO JURAR FIDELIDAD AL REY AL ADOPTAR LA NACIONALIDAD

Hijos y nietos de exiliados republicanos que tuvieron que abandonar el país a causa de la Guerra Civil han pedido que la ley que ahora les permite obtener la nacionalidad española elimine el requisito de jurar o prometer fidelidad al Rey por entender que puede afectar a derechos fundamentales.

La Asociación de Descendientes del Exilio ha entregado en la Dirección General del Registro y del Notariado una petición con ese objetivo, ya que considera que no es comprensible que se les obligue a ello. Esta asociación, en su escrito, recuerda que la ley de 27 de diciembre de 2007 por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura, establece en su disposición adicional séptima la posibilidad de adquirir la nacionalidad por parte de las personas cuyo padre o madre hubiera sido español. Asimismo, reconoce ese derecho a los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española al exiliarse.

(Deia. 24 / 11 / 08)

HIJOS Y NIETOS DE EXILIADOS NO QUIEREN JURAR FIDELIDAD AL REY PARA NACIONALIZARSE

Hijos y nietos de exiliados que tuvieron que abandonar el Estado español debido a la represión franquista han pedido que la ley que ahora les permite obtener la «nacionalidad española» elimine el requisito de jurar o prometer fidelidad al rey por entender que afecta derechos fundamentales.

La Asociación de Descendientes del Exilio ha entregado en la Dirección General del Registro y del Notariado una petición con ese objetivo, ya que considera que no es comprensible que se les obligue a ello.

Esta asociación, en su escrito, recuerda que la ley de 27 de diciembre de 2007 por la que se reconocer y amplían los derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución durante el franquismo prevé la posibilidad de adquirir la nacionalidad por parte de las personas cuyo padre o madre hubiera sido ciudadano del Estado español.

Asimismo, reconoce ese derecho a los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la «nacionalidad española» como consecuencia del exilio.

Sin embargo, para ello exige la promesa o juramento de fidelidad al rey y de obediencia a la Constitución y a las leyes.

La Asociación de Descendientes del Exilio subraya que en absoluto se opone a la obediencia constitucional y de las leyes, pero considera que la declaración de fidelidad al rey es obsoleta y, además, no es exigida en todos los casos de nacionalización.

Opina igualmente que ese requisito vulnera varios artículos de la Constitución, como el que reconoce el derecho a expresar libremente los pensamientos.

«La fórmula establecida obliga a un acto de fe de tipo monárquico a quienes puede que no lo sean y hace prevalecer una interpretación de la Constitución excluyente frente a otra integradora», subraya la asociación.

«Negar la nacionalidad si no se expresa ese juramento supondría una auténtica persecución del pensamiento», añade.

Sin recurso contra Garzón

Las asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica que propiciaron el inicio de la investigación sobre los desaparecidos en el franquismo no recurrirán el último auto del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por el que el magistrado se inhibe del caso, sino que optarán por confiar en que los juzgados territoriales se declaren competentes para asumir el caso.

Así lo acordaron las asociaciones en una reunión mantenida el sábado, según informó ayer Europa Press citando a abogados que les representan.

Por otra parte, ERC e ICV presentarán esta semana sendas preguntas sobre la represión franquista en el Congreso.

(Gara. 24 / 11 / 08)

DECLARACION SOBRE EL INCIDENTE DE COMPETENCIA EN LA AUDIENCIA NACIONAL: EL CRIMEN NO PUEDE SER ORIGEN DEL DERECHO. Equipo Nizkor

Hechos:

El 27 de septiembre de 2008 hicimos público un comunicado donde analizábamos la situación procesal de las denuncias presentadas ante la Audiencia Nacional (AN) y que fueron adjudicadas al Juzgado Central de Instrucción Núm. 5, cuyo titular es el Juez Baltasar Garzón.

Las denuncias iniciales, presentadas el 14 de diciembre de 2006, no fueron objeto de un primer pronunciamiento por parte del Ministerio Fiscal hasta el 29 de enero de 2008, en que la Fiscalía de la Audiencia Nacional, siguiendo instrucciones verbales del Fiscal General del Estado, emitió su dictamen contrario a la admisibilidad de esas denuncias.

No obstante, el Juzgado Central de Instrucción Núm. 5, notificó e hizo públicas sendas providencias de 02 de septiembre y 25 de septiembre de 2008, donde, recurriendo a un instrumento procesal propio de la Audiencia Nacional, ordenó una serie de diligencias que podemos llamar "documentales" para, presuntamente, encontrar elementos que permitan resolver su competencia o no en el procedimiento.

El 16 de octubre de 2008, el Juez Instructor dictó Auto declarándose competente.

El 20 de octubre de 2008 el Ministerio Fiscal recurrió ese Auto ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional; el Fiscal Jefe de la AN solicita en ese recurso se "declare la nulidad de pleno derecho del auto recurrido y la incompetencia del órgano judicial por infracción de las normas de competencia objetiva y funcional conforme al art. 238.1º LOPJ".

Este recurso dio lugar a un Auto del Juez Instructor, de fecha 23 de octubre de 2008, en el marco del Sumario (Proc.Ordinario) 0000053 /2008 E (las Diligencias Previas fueron elevadas a Sumario el 17 de octubre de 2008). En ese Auto el Juez Instructor declara inadmitido el recurso presentado ante la Sala de lo Penal y le indica al Fiscal que el trámite a seguir es el recurso de reforma ante el Juez Instructor.

El 7 de noviembre de 2008 la Fiscalía solicita a la Sala de lo Penal que, estando pendiente la cuestión de la competencia, ordene al Juez Instructor que detenga la práctica de aquellas diligencias que no sean necesarias para comprobar el delito o que no sean de reconocida urgencia, estimando que las ordenadas por el Juez Instructor no revisten ni uno ni otro carácter.

Ese mismo día 7 de noviembre el Pleno de la Sala de lo Penal de la AN accedió a la solicitud de la Fiscalía por 10 votos a favor y 5 en contra; el Pleno solicita al Juez Instructor que "paralice todas las actuaciones acordadas en el sumario 53/08 a excepción de las que, de no realizarse ya, causen un perjuicio irreparable e irreversible al fin de la investigación".

El día 18 de noviembre de 2008 el Juzgado Central de Instrucción Núm. 5 hizo público un Auto inhibitorio a favor de los jueces naturales, concretamente a una serie de 62 juzgados ordinarios repartidos por todo el Estado.

Ante esta nueva situación creemos necesario realizar algunas puntualizaciones a efectos de un análisis más pormenorizado que evite que las consecuencias oculten las causas y las responsabilidades:

Sobre el Auto de inhibición:

1) El problema de fondo en el caso que nos ocupa no es la argumentación jurídica con relación a los tipos penales, sino lo que se denomina competencia absoluta y, en este sentido, tanto el Juez Baltasar Garzón como todos los abogados que presentaron las distintas denuncias ante la Audiencia Nacional sabían o deberían haber sabido que la Audiencia Nacional no es competente para delitos de esta naturaleza cometidos en territorio nacional.

2) La Audiencia Nacional sí lo es para delitos cometidos contra españoles en el extranjero y eso es lo que explica que sea competente en el caso de la querella penal contra cuatro ex SS Totenkopf que actuaron en campos de concentración nacionalsocialistas donde hubo víctimas españolas. Se trata por tanto de delitos cometidos contra nacionales españoles en Austria (Mauthausen) y Alemania (Sachsenhausen y Flossenbürg).

El Golpe de Estado del Generalísimo Franco se produjo, esto es obvio, contra una gobierno democrático, legal y legítimo. Como el Juez Baltasar Garzón no pone en duda, en términos jurídicos, la legalidad franquista, y dado que los delitos fueron cometidos por altos funcionarios del Estado, con el código franquista en la mano, sería competente el Tribunal Supremo. La única solución técnicamente posible es declarar la nulidad de los actos jurídicos del franquismo relacionados y/o consecuencia de los crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos por el régimen franquista.

3) El auto inhibitorio tiene como finalidad principal tratar de evitar el tratamiento del recurso presentado por el Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional ante el Pleno de la Sala de lo Penal y, por lo tanto, tratar de salvar las responsabilidades procesales del juez titular del Juzgado Central de Instrucción Núm. 5, así como la posible nulidad de la mayor parte de la diligencias ordenadas toda vez que la falta de competencia absoluta no deja lugar a otra salida procesal en la lógica seguida por el juez instructor.

4) El auto inhibitorio de fecha 18 de noviembre de 2008 no es firme y cabe que el Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional ordene el recurso de dicho auto ante el Pleno de la Sala de lo Penal, o bien la propia Sala de lo Penal decida sobre el mismo en el momento en que resuelva el incidente de competencia aún pendiente.

5) El Juzgado Central de Instrucción Núm. 5 debería, a nuestro entender, haber hecho uso de artículo 304 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) y enviar las actuaciones al Tribunal Supremo solicitando que se nombre un juez especial para continuar las investigaciones dado que, en este caso, se cumplen las condiciones previstas en dicho artículo. Esperamos que el Pleno de la Sala Penal decida la utilización de este artículo de la LeCrim, lo que demostraría su buena fe en permitir el acceso de las víctimas al derecho al justicia que les asiste.

6) Si bien el principio del Juez natural es un derecho irrenunciable para cualquier organización defensora de la libertades civiles, el reparto dispuesto en el auto inhibitorio del Juzgado de Instrucción Núm 5 a favor de 62 juzgados ordinarios, tiene consecuencias graves para las víctimas y esto por dos razones:

a) en la mayoría de las Audiencias Provinciales existen autos que cierran este tipo de casos con fundamentos claramente violatorios del derecho europeo e internacional y en los que se han usado argumentos como la institución de la prescripción de los delitos y otras argucias ilegales, con el agravante de negar el derecho de recurso al Tribunal Supremo, y

b) no existen abogados con formación suficiente en derecho internacional para hacer frente a una avalancha procesal como la dispuesta por el Juez titular del Juzgado de Instrucción Núm. 5, ni jueces que tengan conocimientos de derecho penal internacional para substanciar los casos respetando el debido proceso y el derecho penal europeo e internacional.Todo ello provoca una clara y completa indefensión a las víctimas y convierte este reparto en un intento de consolidación del modelo de impunidad defendido por el Gobierno y la práctica totalidad de los grupos políticos con representación parlamentaria.

Sobre los tipos penales y la responsabilidad estatal:

7) La argumentación utilizada por el Juzgado Central de Instrucción Núm. 5 en su auto inhibitorio es concordante con algunos de los tipos penales en los que se subsumen los actos que constituyen Crímenes contra la Humanidad. No obstante, esta argumentación es deliberadamente parcial y sesgada en la definición de la casuística a investigar e incluso sobre las responsabilidades penales que se puedan derivar de los crímenes cometidos.

8) Sin lugar a dudas, los ilícitos de todo tipo cometidos por el régimen franquista reúnen todos y cada uno de los elementos del tipo propios de los crímenes contra la humanidad, tal cual estos ilícitos fueron contemplados en la Declaración de Moscú de 1943, la Declaración de Londres de 8 de agosto de 1945 y recogidos en el Estatuto del Tribunal de Nuremberg y, posteriormente, en instrumentos reconocidos por el Estado español como son: la resolución 3 (1) adoptada por la Asamblea General de la ONU el 13 de febrero de 1946; la resolución 95 (I) de 11 de diciembre de 1946; la resolución 177 (II), de 21 de noviembre de 1947 relativa a la Formulación de los principios reconocidos por el Estatuto y por las sentencias del Tribunal de Nuremberg y en la que la Asamblea General de la ONU decide confiar dicha formulación a la Comisión de Derecho Internacional. La Comisión, en su primera reunión de mayo a junio de 1949, elaboró dichos Principios y Crímenes, adoptándolos en 1950.

El estado franquista cometió todos los crímenes previstos en artículo 6 del Estatuto de Nuremberg, esto es:

(a) CRÍMENES CONTRA LA PAZ: a saber, la planificación, la preparación, el inicio o la conducción de una guerra de agresión o una guerra que supone la violación de tratados, acuerdos o garantías internacionales, o bien la participación en un plan común o en una conspiración cuyo objetivo es la ejecución de cualquiera de los actos precedentes;

(b) CRÍMENES DE GUERRA: a saber, violaciones de las leyes o usos de la guerra. Tales violaciones comprenden el asesinato, los malos tratos o la deportación para realizar trabajos forzados, o para otros fines, perpetrados contra la población civil de un territorio ocupado o en dicho territorio, el asesinato o los malos tratos perpetrados contra prisioneros de guerra o personas en alta mar, la ejecución de rehenes, el robo de bienes públicos o privados, la destrucción arbitraria de ciudades, pueblos o aldeas, o la devastación no justificada por necesidades militares, sin que dichas violaciones queden limitadas a los actos enumerados.

(c) CRÍMENES CONTRA LA HUMANIDAD: a saber, el asesinato, el exterminio, el sometimiento a esclavitud, la deportación y otros actos inhumanos cometidos contra cualquier población civil antes de la guerra o durante la misma; la persecución por motivos políticos, raciales o religiosos en ejecución de los crímenes que sean competencia del Tribunal o en relación con los mismos, constituyan o no una vulneración de la legislación interna del país donde hubieran sido perpetrados (...) "Por lo tanto, estos delitos no han prescrito, ni prescribirán en tanto en cuanto no se reconozca el derecho a la justicia que ampara a las víctimas, sus familiares, sus herederos y a las asociaciones que legítimamente representen la casuística de las víctimas del franquismo.

9) De la misma manera y por razones fácilmente comprensibles tampoco ha prescrito la responsabilidad del Estado español y esto por más que los responsables estatales de hacer cumplir el derecho internacional y de garantizar el derecho a la justicia y al debido proceso, como son el Presidente del Gobierno, el Fiscal General del Estado y el Ministro de Justicia, se nieguen a adoptar las medidas que sus propias competencias les permiten; sus decisiones no agotan en modo alguno las responsabilidades del Estado.

Sobre la legalidad del régimen franquista y la responsabilidad penal individual.

10) El auto inhibitorio del Juzgado Central de Instrucción Núm. 5 deja abierta la cuestión de la legalidad de los actos jurídicos del régimen franquista y nos ratificamos en que dicho régimen fue insalvablemente ilegítimo e ilegal y, por lo tanto, deben declararse nulos todos los actos jurídicos, incluídos los juicios sumarísimos y otro tipo de sanciones legales y administrativas.

Recordamos a los Grupos parlamentarios que negaron esta posibilidad en los debates de la Ley de la Memoria, en especial el grupo del PSOE y de Izquierda Unida, que el no proceder de esta forma convierte al Estado español en una excepción histórica y legal entre los países europeos y en el único que afirma y reconoce que el crimen es fuente del derecho.

11) En cuanto a las responsabilidades penales individuales no compartimos en absoluto que éstas estén limitadas a un período legal que se cierra arbitrariamente en 1951 y que afectarían exclusivamente a los responsables de la organización falangista.

Las responsabilidades penales individuales afectan a toda persona responsable de cualesquiera de los actos comprendidos en los tipos penales de crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad hasta la fecha de entrada en vigor de la actual constitución democrática y, muy especialmente, a los integrantes de los sucesivos gobiernos, tanto en calidad de ministros como quienes se hubieren desempeñado en funciones ministeriales de clara designación política.

Es totalmente absurdo que los ministros que firmaron y ratificaron leyes con clara finalidad criminal en términos del derecho penal internacional y que confirmaron las sentencias de muertes dictadas hasta el final del régimen sean excluidos de sus responsabilidades individuales totalmente intransferibles.

Sobre la ley de la denominada "Ley de la Memoria":

12) El auto inhibitorio hace una declaración solicitando la que la jurisdicción penal debe pronunciarse y tiene la obligación legal de establecer "la verdad judicial" a la que las víctimas directas y la sociedad en su conjunto, como víctima también, tienen derecho y aclara que "esa obligación no puede ser sustituida con el recurso a la Ley de Memoria Histórica, que siendo compatible con la investigación penal, no puede ocupar su lugar", con la que estamos totalmente de acuerdo ya que refleja nuestra posición recogida en nuestra declaración de 30 de octubre de 2007 y apoyada por más de 70 asociaciones de víctimas del franquismo.

13) Ratificamos la calificación de "Ley aberrante" a la denominada Ley de la Memoria Histórica, considerando por lo tanto que se trata de una ley contraria al derecho internacional, a la jurisprudencia europea y que, consecuentemente, viola el propio derecho interno español. Es una ley aberrante.

La Ley de la Memoria no hace frente a ninguno de los problemas jurídicos derivados de la casuística de las víctimas del franquismo: los niños de la guerra y la denegación de su condición de refugiados; las exhumaciones ilegales de fosas comunes, que seguirían llevándose a cabo sin garantías judiciales y sin respetar los protocolos internacionales e internos para este tipo de exhumaciones; el problema de los españoles que lucharon contra el nacionalsocialismo desde los ejércitos aliados; la no declaración de nulidad de los juicios y ejecuciones sumarias, o la previsión de las garantías adecuadas para el acceso a los archivos de la represión.

Creemos que la reconciliación de los españoles sólo puede lograrse con justicia, y que es responsabilidad del Estado español garantizar los medios de reparación correspondientes, que incluyen el acceso a la justicia yal debido proceso, así como la devolución de los bienes requisados y la reparación integral a las víctimas de un régimen fascista. Para todo ello es necesario el reconocimiento jurídico de las víctimas por parte del Estado español.

Sobre las exhumaciones de fosas comunes o masivas:

14) Afirmamos que no existe ninguna relación entre proceder a la exhumación de una fosa y presentar denuncias o querellas por crímenes contra la humanidad y menos aún se da una relación de causa-efecto de modo que sin la exhumación de la fosa no habría querella o denuncia posible. El afirmar esto es un sofisma legal que sólo conduce a la confusión de los familiares y de todas las víctimas.

15) Los desenterramientos de crímenes de guerra y/o crímenes contra la humanidad tienen un protocolo forense para determinar exactamente el tipo penal. No es distinto a lo que hacen los forenses militares españoles en Bosnia y, por supuesto, el protocolo de desenterramiento tiene que ser similar al que utiliza un tribunal como el de la ex-Yugoslavia.

Levantar una fosa sin estas garantías es lo mismo que destruir las pruebas forenses de tipo penal.

Además existe una cuestión ética y moral con relación a los "sin nombre", o sea, a los miles de enterrados que no tienen nadie que los represente y que no podrán ser identificados como ocurre estadísticamente en este tipo de casos ya que, aún utilizando los sistemas más modernos de identificación legal e incluso bancos genéticos de datos familiares de denunciantes, siempre existirán restos no identificados (N.N.) y restos identificados sin representación judicial de sus familiares o herederos.

A esto cabe agregar que debe ser el Estado el que garantice jurídica y financieramente este tipo de procedimientos y no particulares, y menos aún empresas privadas. Eso sería lo mismo que aceptar la privatización de la justicia y de las pruebas forenses, lo cual sería claramente contrario a los principios que rigen la justicia en un estado de derecho.

Sobre la responsabilidad del Gobierno y de los partidos políticos:

16) Le recordamos al Gobierno y a todos los grupos parlamentarios que su irresponsabilidad moral en cuanto a la localización de víctimas de la guerra civil o de la posterior represión franquista puede ser subsanada sin que corran el riesgo de violar código ético, moral o legal alguno, adoptando los mismos principios que configuran el "International Tracing Service" (Servicio Internacional de Búsquedas), entidad que tiene su origen en el Departamento que se creó en 1943 en el seno de la Cruz Roja Británica, por iniciativa de la fuerzas aliadas, para comenzar con el trabajo de localización y registro de personas cuyo paradero era desconocido. Este trabajo daría lugar a que el 15 de febrero de 1944 se estableciera el "Central Tracing Bureau" u Oficina Central de Búsquedas, que acabaría teniendo su sede, desde enero de 1946, en Bad Arolsen.

El 1 de julio de 1947 la Organización Internacional para los Refugiados se hizo cargo del "Central Tracing Bureau" y en 1948 se le dio el nombre de "International Tracing Service" (ITS), por el que esta oficina es conocida hoy.

En abril de 1951 la dirección del ITS pasó a la HICOG (Allied High Commission for Germany - Alta Comisión Aliada para Alemania).

El ITS tiene su base jurídica en los Acuerdos de Bonn. El 6 de junio de 1955, los gobiernos de Bélgica, Francia, República Federal de Alemania, Grecia, Israel, Italia, Luxemburgo, Holanda, Reino Unido y Estados Unidos firmaron un acuerdo para el establecimiento de una Comisión Internacional que supervisara el ITS.

Esa Comisión Internacional la conforman en la actualidad 11 estados parte. En su fundación, al ITS se le encomendó con la tarea de suministrar información sobre el paradero de los perseguidos por el régimen nacionalsocialista y reunir a las familias a quienes la guerra había separado. El ITS está bajo la dirección y gestión del Comité Internacional de la Cruz Roja. Su mantenimiento es con cargo al presupuesto federal de la República Federal de Alemania.

17) El actual estado de cosas no es más que la consecuencia de la falta de responsabilidad ética, moral y legal de los grupos políticos parlamentarios que apoyaron la denominada Ley de la Memoria Histórica, la cual no da solución legislativa a los principales aspectos de la cuestión de las víctimas del franquismo, dejando en la indefensión más absoluta a las víctimas y sus familiares y que pretende alejarles de la historia común europea y, especialmente, de las soluciones que se adoptaron en esta materia en los países que sufrieron regímenes fascistas o nacionalsocialistas.
18) Por último ratificamos la casuística recogida en el Plan de Acción del documento hecho público el 14 de abril de 2004 y que fue apoyado por numerosas asociaciones de víctimas y de derechos humanos del estado español e internacionales y demandamos al Gobierno español tome las medidas necesarias para dar solución a cada uno de los problemas allí planteados.

(Equipo Nizkor. En Madrid y Charleroi, a 20 de noviembre de 2008)

EL CAPELLÁN QUE CONSOLÓ A LOS ROJOS. Artículo de Braulio Hernández Martínez, licenciado en Filosofía

Gracias a "La buena nueva" , basada en las memorias de Marino Ayerra ("No me avergoncé del evangelio"), sabemos de curas que arriesgaron sus vidas por no comulgar con el Alzamiento. "Pero ¿y qué sentido cristiano puede ser éste que inspira, bendice y canoniza una guerra y aprueba a sus asesinos?", se preguntaba el cura Marino. La iglesia fue "mártir y verdugo", "no sólo vencedora sino vengativa" (Santos Juliá, catedrático de la UNED). Curas que confundieron el incienso con la pólvora: "La luna lo veía y se tapaba / por no fijar su mirada / en el libro, en la cruz / y en la Star ya descargada. / Más negro que la noche / menos negro que su alma /cura verdugo de Ocaña". (Miguel Hernández).

"Para que no mueran dos veces: una porque les mataron, y otra por el olvido", decía el cura de Alsasua cuando anotaba el sitio donde yacían los restos de los ejecutados por los requetés y los falangistas.

Otro testimonio estremecedor son las memorias de Gumersindo de Estella. Editadas en 2003 con el título "Fusilados en Zaragoza, 1936-1939. Tres años de asistencia espiritual a los reos", Gumersindo denuncia que "no han sido pocos los sacerdotes que se han empeñado en acreditar con un sello divino una empresa pasional de odio y violencia".

En su convento algunos se alegraban del golpe militar. "Hoy comemos gallinas requisadas en Guipúzcoa por nuestros valientes requetés", decía el superior. Cuando arreciaban las matanzas, "cada día comían veinticinco, treinta o más requetés"… "Sentí mi espíritu sobrecogido de terror. Del fondo de mi alma brotaba una protesta contra los asesinatos". "Yo salía a predicar casi todos los domingos a pueblos de la provincia. Y me di cuenta de la hecatombe... El día 8 de septiembre prediqué en Uterga. Hice un viaje de regreso a pie. Traspuse la sierra de El Perdón. Y quedé aterrado al ver a ambos lados de la carretera y en el interior del monte charcos de sangre y montones de tierra y a la vista... Llegué al convento con impresiones fuertes que sacudían mi espíritu y durante la noche golpeaban mi cerebro. ¿Qué iba a hacer sino expresar mi estado de ánimo? No lo podía remediar".

Su derrotismo, y reticencias, lo paga con el destierro : "Queda destinado a Zaragoza, vaya hoy en el primer tren", le ordena su provincial. Allí se ofrece como ayudante del capellán en la cárcel de Torrero, para consolar espiritualmente a los presos, acompañándoles en el duro trance de su ajusticiamiento. Él anota, con pelos y señales, las vicisitudes de los presos republicanos; sus diálogos con ellos... Y "sus gritos desesperados..." en el paseo hasta la tapia del cementerio.

Sus diarios son "testimonios con valor de documentos". Muchos presos eran víctimas de acusaciones infundadas. Otros, de delaciones... Como Mariano Sebastián, que le dice, "en tono de queja amarguísima, que la culpa de su fusilamiento la tenía el cura de su pueblo, porque, a una con el alcalde, dio malos informes de él". Gumersindo lamenta que los sacerdotes "no hubiesen desplegado más caridad y más abnegación", o que la iglesia hubiera tomado postura del lado de quienes ordenaban aquellas ejecuciones arbitrarias. "¡Cuánto daño hacen ciertos clérigos a la religión de Cristo!".

Le apena aquella "capilla" con el retrato del general Franco (el que firmaba las sentencias de muerte) y el crucifijo a sus pies. Un cuadro humillante, anticristiano, que desencajaba a los reos: "No quiero confesarme con una religión que mata". Cuando había ejecuciones, pasaba a recogerlo el coche del médico muy de madrugada; en la cárcel decía la misa, daba la comunión y confesaba a los presos que lo desearan. Después subía al camión, con ellos y con los guardias, para el paseo final.

"Ya antes de las cinco de la mañana del 22 de septiembre de 1937 subíamos a la prisión en el auto del médico.

- ¿Cuántos hay para ser ejecutados hoy?, pregunté al entrar.
- Tres mujeres y un hombre... No pude contener un gesto de extrañeza y desagrado... Se llamaban Celia y Margarita... la tercera una jovencita por nombre Simona". Oye sollozos desgarradores; se abre la puerta y las ve. Tienen en sus brazos a sus criaturas de pecho, se resisten a que les sean arrancadas: "¡Por compasión, no me la roben. Que la maten conmigo!"... "Que no se la lleven los verdugos", dice la otra. "De aquellos niños, como de otros miles, nunca se supo su paradero" (Julián Casanova, historiador).

En la Asamblea Conjunta de Obispos y Sacerdotes (septiembre de 1971), se planteó la postura de la iglesia ante la Guerra Civil. La primera ponencia incluía esta conclusión: "Si decimos que no hemos pecado, hacemos a Dios mentiroso y su palabra ya no está entre nosotros (1 Jn 1,10). Así pues, reconocemos humildemente y pedimos perdón porque nosotros no supimos a su tiempo ser verdaderos ministros de reconciliación en el seno de nuestro pueblo, dividido por una guerra entre hermanos". Pero el gesto de incluir un reconocimiento de culpa y una petición de perdón era demasiado para 70 de los presentes. No se aprobó. Se modificó: "No siempre hemos sabido ser verdaderos ministros de reconciliación". Aprobada en segunda votación.

"No sería bueno que la Guerra Civil se convirtiese en un asunto del que no se pueda hablar con libertad y con objetividad. Los españoles necesitamos saber con serenidad lo que verdaderamente ocurrió en aquellos años de amargo recuerdo". Lo decía la Conferencia Episcopal Española en el 50º aniversario del inicio de la Guerra Civil. Hoy la jerarquía está más recelosa, "con el paso cambiado" dice un sacerdote. "¿Es que sólo yo interpreto bien la doctrina de Cristo?", se preguntaba el cura de Alsasua.

(Noticias de Gipuzkoa. 24 / 11 / 08)

"LA ACTUACIÓN DE GARZÓN NO IBA A APORTAR A LAS FAMILIAS MAS DE LO QUE PUEDE HACER LA LEY DE MEMORIA HISTÓRICA"

El diputado del PNV en el Congreso arremete contra la actuación del magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón que, en cuestión de treinta y tres días, pasó de ser el campeón de la lucha antifranquista a convertirse en el rompedor de las ilusiones de miles y miles de familias de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura.

Garzón ha enterrado las expectativas de muchísima gente con el argumento de que Franco está muerto.

Sabíamos que su iniciativa iba a terminar así. Cuando comenzó el procedimiento su jurisdicción estaba limitada, ya que era obvio que no podía juzgar a Franco y a los 44 miembros de sus gobiernos porque están muertos y, por tanto, queda extinguida la responsabilidad penal contra ellos. Para ese viaje no hacían falta estas alforjas.

Ha sido un mazazo para los familiares.

Yo le diría a la gente que no debería sentirse decepcionada ya que Garzón no iba a aportar más de lo que puede aportar la Ley de Memoria Histórica. Encontrar a los familiares, buscar los restos, buscar las historias familiares en los archivos... todo eso lo posibilita la Ley. Garzón se fija en unas cuantas fosas afectadas por una denuncia que le llega a él, pero hay muchas más. Y el Gobierno español, según la Ley, tiene obligación de hacer un mapa de fosas exhaustivo de todo Estado.

Siendo obvio que el recorrido de su auto iba a ser imposible, ¿a qué cree que se debió su autodesignación?

Más allá del show al que nos tiene acostumbrado Garzón, no alcanzó a ver el porqué. Ni siquiera en el caso de que algunas personas quieran ir más allá y quieran tener acceso a los tribunales de justicia porque entienden que puede haber alguna responsabilidad por parte de algunas personas. También en este caso, la Ley de Memoria Histórica permite ir a la justicia.

Amnistía Internacional calificó esta ley como una ley de punto final.

Cuando fue presentada por el PSOE la Ley no permitía esta vía judicial, pero, gracias a una enmienda del PNV, se introdujo una disposición adicional segunda que hace posible el camino judicial. Así pues, Garzón sólo podría juzgar a los que encabezaron la rebelión del 36, pero una vez que queda certificada la muerte de todos ellos, se inhibe y traslada el asunto a los juzgados territoriales.

Garzón asumió la competencia para investigar los crímenes de las dictaduras de Chile o Argentina, pero durante tiempo escurrió el bulto en el caso de la dictadura española.

En todo esto ha tenido mucho que ver su personalidad; supongo que pensó que si pudo entrar en las situaciones de Chile o Argentina también podría hacerlo aquí. Se ha comprobado que él no podía hacerlo. Pero la justicia española, concretamente el Tribunal Supremo, sí podría, en base a la Ley de Memoria Histórica, juzgar una denuncia contra personas concretas que todavía vivan. Sin embargo, esta posibilidad tiene un obstáculo: la Ley de Amnistía. La vía factible es hacer que los convenios internacionales de derecho se superpongan a la ley estatal. Es muy difícil y sería un proceso muy largo que tendría que abrir un juez para que luego el Supremo pudiera pronunciarse.

¿Qué destino les depara esto a las familias de las víctimas?

Lo curioso de todo esto es que, por ejemplo, la excavación de las fosas y exhumación de los restos lo puede hacer la Administración. De hecho la Ley contempla que las diferentes administraciones pueden y deben actuar en el ejercicio de investigar, localizar e identificar esas fosas y ayudar a las familias en ese fin, incluso con subvenciones, Además, se encarga de la reparación económica a las víctimas y de facilitar una declaración de ilegitimidad de las condenas de los jueces franquistas.

Sin embargo, colectivos de familiares de víctimas se han mostrado escépticos con la Ley.

Creo que algunos colectivos bastante ligados a algunos grupos políticos insistían en que se anularan las sentencias de los jueces franquistas. Esto era muy complicado desde muchos puntos de vista. Nosotros, por ejemplo, conocemos casos de personas que se negaban a que un tribunal español anule su sentencia, ya que para ellos es un orgullo que Franco les hubiera condenado a muerte. Estos colectivos no se sumaron al consenso de la Ley y ahora han querido revolver en el ámbito judicial porque creen que se ha quedado corta. Es cierto que queda fuera de la Ley la condena del dictador y sus colaboradores, pero también es verdad que eso es imposible, como ha quedado comprobado. Pero, al menos, hemos dejado ese camino abierto.

¿Cómo podría darse ese caso?

No estoy muy seguro de que el camino sea la Audiencia Nacional, sino, a partir de un caso concreto, yendo de tribunal en tribunal.

Otra vía podría ser una comisión de la verdad.

Estaría bien, pero no hay consenso suficiente. Además, entraña complicaciones, ya que habría que delimitar las fechas objeto de la comisión -la preguerra, la guerra y/o la posguerra- y también los lugares porque, según donde miremos, encontraremos tropelías en los dos bandos. La ventaja de la Ley de Memoria Histórica es que reconoce como destinatarios de la reparación sólo al bando perdedor de la Guerra Civil.

En otros países, con situaciones parecidas, sí se han creado comisiones de la verdad. Y han dado buenos resultados.

Nosotros estaríamos dispuestos a apoyarla, pero creo que no tendría apoyo suficiente en el Estado, ya que no la apoyarían ni el PSOE ni el PP. Los socialistas no se atreven a dar ese paso. Si lo dieran, votamos a favor ahora mismo.

Sería un síntoma de salud y madurez democrática.

Sin duda, pero parece que hay miedo a conocer la verdad, algunos pensarán que es mejor dejarla estar. Más aún, diría que hay una parte de la población española que sigue considerando a los franquistas parte de su gente. Además, todavía quedan vivos algunos a los que en la transición se les mantuvieron sus prebendas. El PSOE hizo su apuesta, pero ahora se debería hablar con tranquilidad porque no existen aquellos poderes fácticos que podían hacer tambalear el régimen.

¿Y por qué no se hace?

Por una parte, creo que el PSOE quiere hacerlo, porque se lo debe a su gente; pero, por otra, se encuentra incómodo desde una posición de gobierno.

Invalidada la vía de Garzón, ¿qué pasos han de seguir los familiares vascos de las víctimas para recuperar los restos o reparar la dignidad y la verdad?

En primer lugar, decirles que tienen todos los archivos abiertos para buscar los datos. Además, si conocen donde está la fosa, han de hablar con el ayuntamiento, la diputación, el Gobierno vasco o, sobre todo, el Ejecutivo español que tiene una obligación directa para activar la ley y financiar la localización.

"La Ley obliga al Estado a ayudar a las familias a indagar, identificar y localizar a las víctimas"

"La Ley de Amnistía hace muy difícil que se actúe contra personas concretas".

(Deia. 23 / 11 / 08)