sábado, mayo 23, 2009

SAHARA LIBRE, SIN MUROS NI MINAS. Artículo de opinión de Lorena Fedz. Vidal, Asociación de Amigas y Amigos de la RASD de Vitoria-Gasteiz

Hace 36 años, en mayo de 1973, un grupo de jóvenes estudiantes saharauis crearon el Frente Popular para la liberación de Seguía el-Hamra y Río de Oro, conocido como Frente Polisario, con el firme objetivo de alcanzar la independencia del territorio del Sáhara Occidental del dominio colonial español. Tres años después, proclama la República Árabe Saharaui Democrática, fundadora de la actual Unión Africana (lo que supuso la auto exclusión de la potencia ocupante marroquí) y reconocida por más de 80 países del mundo. Hasta el 6 de septiembre de 1991 en que se establece un alto el fuego auspiciado por la ONU estos jóvenes saharauis, junto con miles de compatriotas, mantienen un enfrentamiento armado contra Mauritania y Marruecos que aprovechando la escapada del Estado Español habían invadido militarmente el territorio saharaui. Fruto de esos años de guerra es la existencia del llamado Muro de la Vergüenza que divide el Sáhara Occidental, un muro apenas visible desde el aire. El muro en realidad es un conjunto de ocho muros defensivos con una longitud aproximada de 2.500 kilómetros. Junto a él se extienden zanjas de tres metros de anchura y uno de profundidad y campos de minas mixtos: antipersonales y antilevantamiento.

El gran número de minas sembradas alrededor del muro convierte a la población saharaui en una de las comunidades más amenazadas del planeta y constituye uno de los principales motivos de inquietud del Secretario General de las Naciones Unidas, algo que queda acreditado en todos sus informes. Ciertamente, la labor de desmantelamiento de las minas que amenazan diariamente las vidas de miles de personas ha sido una constante en la actividad de la Misión de las Naciones Unidas para el referéndum en el Sáhara Occidental, Minurso , desde el inicio de su mandato en 1991. Landmine Action, una organización no gubernamental con sede en el Reino Unido, inició en agosto de 2006 un reconocimiento completo para ubicar minas y artefactos explosivos sin detonar (...). La labor continúa y, al 30 de septiembre de 2007, Landmine Action había reconocido 49 zonas declaradas peligrosas y marcado 267 puntos en que había minas y artefactos explosivos sin detonar, había recuperado 114 minas y artefactos explosivos del terreno y ejecutado 177 trabajos de demolición.
Sin embargo, 36 años después de la puesta en marcha del sueño de aquellos jóvenes saharauis por construir su futuro en paz y libertad, denunciamos una vez más las razones e intereses que perpetúan un conflicto sobre el que la Corte Internacional de Justicia, órgano judicial principal de las Naciones Unidas, en su dictamen sobre el Sáhara Occidental, consideró aplicable la Resolución 1514 de la Asamblea General y, en particular, el principio de autodeterminación mediante la expresión libre y auténtica de la voluntad del Pueblo Saharaui. Queremos igualmente denunciar que el Estado español continúa siendo responsable legal y políticamente de esta tragedia. Sin embargo, los distintos gobiernos españoles, lejos de cumplir con sus obligaciones internacionales con la población de su ex colonia culminando el último proceso de descolonización pendiente del continente africano, han ejercido casi siempre de diplomáticos palaciegos manteniendo privilegiadas relaciones con la dictadura alauí, representada de forma inmejorable por el gran amigo de las autoridades españolas Mohamed VI, Emir de los Creyentes y máxima potestad civil y religiosa de Marruecos. (...).

36 años después, acompañando las denuncias del Frente Polisario, seguimos recordando la tragedia que vive el Pueblo Saharaui; 36 años después, decimos: Sáhara libre, sin muros ni minas y exigimos que se respete el principio de autodeterminación mediante la expresión libre y auténtica de la voluntad del Pueblo Saharaui; que se protejan los derechos humanos en los territorios ocupados y que la Misión de Naciones Unidas para el referéndum en el Sahara Occidental (MINURSO) asuma entre sus funciones la vigilancia de la situación de los derechos humanos en el territorio; y que se ponga fin al expolio ilegal de los recursos naturales en el Sahara Occidental.
(Noticias de Alava. 21 / 05 / 09)