33 años después de la muerte de Francisco Franco y de la posterior reforma del régimen político en el Estado español, un tribunal de la Audiencia Nacional ha determinado que el llamado «Alzamiento» de 1936 «fue una decisión perfectamente planeada y dirigida a acabar con la forma de gobierno de España, atacando y ordenando la detención e incluso la eliminación física de personas que ostentaban responsabilidades en los altos organismos de la Nación, y ello, como medio o al menos como paso indispensable para desarrollar y ejecutar las decisiones previamente adoptadas sobre la detención, tortura, desaparición forzada y eliminación física de miles de personas por motivos políticos e ideológicos».
El auto lo firma el juez instructor de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que, contra el criterio del fiscal, se ha declarado competente para evaluar desapariciones ocurridas entre 1936 y 1951. En cualquier caso, avanza al mismo tiempo que cerrará el sumario cuando se certifique que todos han fallecido.
Diez años después de Pinochet
La «investigación» se produce, por tanto, 72 años después del golpe de Estado franquista y una vez transcurridos 57 años desde las últimas desapariciones incluidas en el sumario. Todo ello ha sido promovido a instancia de asociaciones que reivindican la memoria histórica. Garzón, que es instructor de la Audiencia Nacional desde el año 1988, admite ahora que estos hechos «nunca han sido investigados» por la Justicia española, pese a que considera que encajan claramente en un delito de «detención ilegal sin dar razón de su paradero». En consecuencia, los sitúa como delitos de «crímenes contra la Humanidad» que nunca prescriben, según la doctrina aplicada a otros estados por el propio Garzón antes que ahora (hace hoy diez años provocó por ello la detención del chileno Augusto Pinochet). Pero la prescripción sí se habrá producido de facto si todos los culpables han muerto.
Por si cupiera alguna duda, Baltasar Garzón deja claro que en el auto que «con este procedimiento no se trata de hacer una revisión en sede judicial de la Guerra Civil española; ni ésa es la intención de los denunciantes ni puede serlo desde el punto de vista jurídico penal del instructor, ya que eso supondría la formación de una especie de causa general».
Falange se exculpa
Los indicios que llevan a la Audiencia Nacional a responsabilizar a Franco y sus correligionarios tampoco son nuevos. Así, en el auto se citan unas declaraciones del dictador español a un periodista de ``Chicago Daily Tribune'' el 27 de julio de 1936, en las que aseguraba que luchaba contra un bando que combatía «contra España» y que seguiría adelante «a cualquier precio». Al apuntarle el redactor que para ello tendría que «matar a media España», Franco replicó: «He dicho que al precio que sea».
Garzón pide también en el auto que el Ministerio del Interior identifique quiénes eran los máximos dirigentes de Falange Española y de las JONS entre 1936 y 1951. Esta formación, que sigue siendo plenamente legal en el Estado español, emitió una nota en la que niega que sea responsable de ningún crimen porque «nunca propugnó ningún tipo de violencia gratuita».
Autorizan «a la mayor urgencia» la apertura de 19 fosas, entre ellas el cementerio de Ezkaba
La decisión de la Audiencia Nacional no tendrá repercusiones penales, pero sí puede contribuir a facilitar las exhumaciones de restos de desaparecidos ya localizados. Así, Garzón autoriza «a la mayor urgencia» la apertura de 19 fosas, una de las cuales se encuentra en el antiguo cementerio del penal de Ezkaba, junto a Iruñea. Se trata de un depósito de cadáveres hallado hace unos pocos años y del que ya se han desenterrado algunos restos. Todo ello se ha hecho por iniciativa privada y altruista, sin participación institucional alguna, al igual que ha ocurrido con la recuperación de la historia de la fuga del fuerte de Ezkaba en mayo de 1938, una de las más masivas y dramáticas de la historia (hubo más de 200 muertos). Se desenterrarán también restos como los del poeta Federico García Lorca.
En Euskal Herria, la decisión fue saludada por organizaciones como la Asociación de Familiares de Fusilados y Desaparecidos de Navarra, en nombre de la cual Ioseba Eceolaza subrayó la importancia de que «llegue a los tribunales la responsabilidad del régimen franquista en los crímenes de lesa humanidad frente a la impunidad que ha habido hasta el momento».
Ahaztuak llamó la atención sobre la inclusión en el escrito de Garzón de elementos de todo tipo «que en sí no tienen nada de novedosos, más allá de que aparezcan por primera vez en un auto judicial». Destacó como positivo el paso dado, porque refrenda la categoría de «crímenes contra la Humanidad y genocidio que definen las decenas de miles de desapariciones y ejecuciones extrajudiciales del franquismo». Pero espera ahora que no se quede en una mera declaración mediática. «Si busca un nuevo fraude a las víctimas del franquismo, evidentemente nos tendrá enfrente».
(Gara. 17 / 10 / 08)
