El Gobierno aceleró ayer la aplicación de la ley de memoria, estancada desde que entró en vigor el pasado enero. El consejo de ministros aprobó ayer cuatro reales decretos en los que desarrolla por primera vez en la historia democrática el reconocimiento oficial del estatus de víctima del franquismo. El Ministerio de Justicia expedirá un certificado -de valor simbólico, sin derechos económicos- a todas las víctimas y sus familiares en reconocimiento de que sus fusilamientos, encarcelamientos, torturas o trabajos forzados por motivos políticos fueron injustos. La democracia repara así el daño moral causado por la dictadura y rehabilita el nombre de los represaliados.
Las asociaciones de memoria pedían la anulación de todos los juicios, pero el Gobierno ha optado por esta vía simbólica sobre todo por la presión del mundo judicial, contrario a una revisión completa de la justicia franquista. El Gobierno, con estos decretos, también resuelve un problema pendiente hace 30 años: el de las personas que ni fueron fusiladas por el franquismo -cuyos familiares fueron reparados económicamente en los 80- ni se pudieron acoger a la ley de víctimas del terrorismo, en la que se incluyen todos los asesinados desde 1968, año del primer muerto a manos de ETA. Son víctimas que, como los fallecidos a manos de la policía en Vitoria en 1976, se habían quedado fuera de todas las reparaciones. El Gobierno establece una reparación de 135.000 euros (la misma que las víctimas del terrorismo) para los familiares directos de estas personas.
(El Correo Español. 04 / 10 / 08)