El reconocimiento que ofrecerá el Gobierno español a las víctimas del franquismo, treinta años después de la extinción de la dictadura, se quedará simplemente en un certificado que constatará tal condición, según uno de los cuatro decretos acordados ayer en el Consejo de Ministros para tratar de acelerar la puesta en práctica la aplicación de la Ley de Memoria Histórica, estancada desde que entró en vigor en enero.
El decreto, que desarrolla por primera vez el reconocimiento oficial del status de víctima del franquismo, especifica que el Ministerio de Justicia expedirá un certificado -de valor simbólico, ya que no otorga derechos económicos como en el caso de las compensaciones otorgadas por el Gobierno vasco- a todas las víctimas y sus familiares en reconocimiento de que sus fusilamientos, encarcelamientos, torturas o trabajos forzados por motivos políticos fueron injustos.
Las asociaciones para la recuperación de la Memoria Histórica pedían la anulación de todos los juicios, pero el Gobierno ha optado por esta vía simbólica sobre todo por la presión del mundo judicial, contrario a una revisión completa de la justicia franquista.
El Gobierno, con los otros decretos, resuelve el caso de todos los asesinados desde 1968, año del primer muerto a manos de ETA, Melitón Manzanas. Son víctimas que, como los cinco fallecidos a manos de la Policía en Gasteiz en 1976, se habían quedado fuera de las reparaciones. El Gobierno establece una reparación de 135.000 euros (la misma que reciben las víctimas del terrorismo) para sus familias.
(Deia. 04 / 10 / 08)
