Así se pronunciaba después de que la revista Interviú publicara ayer un reportaje en el que se sostenía que un equipo forense habría entrado por primera vez y en secreto en la sepultura para buscar los restos de nueve militantes libertarios muertos a manos del bando franquista. La visita se habría producido el lunes 6 de septiembre y se habría prolongado hasta el día 9 -sin orden judicial, según el artículo-, y habría contado con la presencia de algunos familiares, a quienes se pidió que no hicieran pública su asistencia. Los restos humanos, por otra parte, se habrían mostrado difícilmente identificables.
El socialista respondía a los rumores en una visita a Lugo, donde recalcó que "lo único que se está autorizando es una investigación que realiza un equipo de forenses especializados para ver el estado de los yacimientos". Además, el Gobierno español habría comunicado a las familias que solicitaron subvenciones para llevar a cabo las exhumaciones que el monumento "no está en condiciones" de dar entrada a nadie, sino que sería preciso llevar a cabo un trabajo previo de carácter documental y forense para elaborar el censo.
El presidente de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva, por su parte, criticó la "falta de transparencia", y reclamó luz y taquígrafos. Lo mismo hizo la secretaria general de la Asociación de Archivos de Guerra y Exilio, Dolores Cabra, quien mostró su desacuerdo con cualquier desenterramiento sin una presencia judicial que pueda preservar eventuales pruebas de crímenes.
(Deia. 12 / 10 / 2010)