Su labor se circunscribe a lo meramente «asistencial». Recuperación de fosas y realización de homenajes a las víctimas. Labores necesarias, pero a todas luces insuficientes si no van acompañadas de una definición ideológica clara de para qué y en qué clave se realizan.
Por nuestra parte, tenemos claro que nuestro objetivo prioritario es atrapar al «mono» y romper de una vez por todas la maldita cadena que no nos deja afrontar con todas sus consecuencias el Genocidio Franquista, el Terrorismo de Estado y sus derivaciones pasadas y actuales.
Esto tiene su plasmación en la exigencia de supresión de la Ley de Amnistía del 77 y un objetivo meridiano: la creación de una comisión de la verdad de Euskal Herria que vehiculice los pasos hacia el necesario juicio a los crímenes franquistas.
Los que juegan con la blanca cadena del «buenismo», de la compensación a las víctimas desde lo meramente asistencial, como si se tratase de afectados por una inundación, no difieren mucho de aquellos «franquistas de buen corazón» que aliviaban el peso en sus conciencias susurrando a los familiares de las víctimas en qué cuneta estaban los cuerpos de sus familiares para que clandestinamente les diesen cristiana sepultura. Es como ese reciente decreto del Gobierno Andaluz que pretende, con el reparto de unos cuantos cientos de euros por cabeza, «compensar» a las mujeres que fueron violadas, torturadas, vejadas, su pelo rapado, paseadas desnudas tras hacerles tragar aceite de ricino... Sin ofrecer a estas mujeres eso a lo que tienen derecho: la verdad, a la justicia y a la reparación.
La ley de punto final de 1977 es el freno que impide tensar la cadena, y por ello los que pretendan hacer algo sin suprimirla se limitan a enredar y dejar pasar el tiempo mientras los asesinos y criminales envejecen en sus cargos públicos, militares, policiales, judiciales y policiales o en sus dorados retiros de leales funcionarios del Estado. Mientras, los testigos mueren y las víctimas y sus familiares sufren en la ignominia, el desprecio y el ninguneo más absoluto, eso sí, aderezado por esporádicos «homenajes institucionales a las víctimas del Franquismo» sin ningún contenido real y encaminados según sus promotores a «cerrar página» o a la «reconciliación» edificada sobre la impunidad Franquista.
La mal llamada Ley de Memoria Histórica no ha supuesto sino alargar la cadena al mono. Ese mono, o gorila azul», que simboliza el terror azul que canta Fermín Valencia sobre la trágica violación y asesinato de la niña Maravillas en Nafarroa a manos de guardias civiles y falangistas.
El juez estrella Garzón jugó también con la cadena del mono y el «gorila azul» le dio en la cabeza con ella. No se puede, como hacen el PSOE e Izquierda Unida (y algunas asociaciones memorialistas del Estado), defender que Garzón no sea un prevaricador y a la vez mantener la vigencia de la Ley de Amnistía del 77. Porque si los crímenes del franquismo no son crímenes de genocidio, o en su caso de lesa humanidad (que lo son), Garzón es evidentemente un prevaricador al intentar investigar unos hechos que han sido amnistiados. Por el contrario, si los crímenes del franquismo son de lesa humanidad y por lo tanto no prescriben y no son amnistiables sin haber sido juzgados, el Estado español, sus estructuras, sus políticos, sus jueces (incluido Garzón), militares y policías llevan décadas amparando conscientemente a responsables de un régimen genocida, cuando no manteniéndoles en puestos de honor y responsabilidad. Con todo ello el Estado en su conjunto quedaría, por emplear un término muy al uso en medios judiciales españoles, «contaminado» como prolongación directa de un régimen que cometió de manera masiva crímenes contra la humanidad, al no haber abordado en su día la depuración y el enjuiciamiento de estos crímenes.
Desde Lau Haizetara Gogoan, desde la tabla de compromisos que próximamente empezaremos a plantear a todas las instituciones y a los agentes políticos, sociales y culturales vascos, luchamos por conseguir de una vez por todas la articulación de una comisión de La verdad en Euskal Herria, cuyo desarrollo pleno pasa por dejar sin efecto la Ley de Amnistía de octubre de 1977, ley de punto final para la impunidad de los criminales franquistas. Esta ley es en sí misma el principal escollo contra de la recuperación de la memoria histórica y de la consecución de los principios de verdad, justicia y reparación. Por ello, quienes no asumen una posición activa en contra de la ley de punto final, son meros cómplices de la impunidad franquista. Enredan con la cadena para seguir ganando tiempo en aras de la impunidad del «gorila azul», del que han terminado por formar parte dentro de ese «franquismo constitucionalista» que devora cualquier atisbo de regeneración democrática del Estado español.
(Gara. 21 / 10 / 2010)
