El PSOE quiere blindar la ley de restitución a los partidos políticos de bienes incautados por el franquismo, cuya reforma empieza a discutirse hoy en el Congreso, para evitar que formaciones declaradas ilegales o cuyas candidaturas hayan sido anuladas, como es el caso de Acción Nacionalista Vasca (ANV-EAE), puedan acceder a las compensaciones que prevé esta norma, aprobada en 1998.
Tras la ley que el Gobierno del PP pactó en 1998 con CiU y PNV para la devolución de patrimonio incautado en el franquismo, ANV aprovechó para demandar compensaciones al Estado por un inmueble, 27 saldos corrientes y 96 arrendamientos, y el Consejo de Ministros presidido por José María Aznar acordó otorgar una compensación de 684.298,12 euros para esta formación abertzale nacida en 1930, integrada en Herri Batasuna (HB) en 1978 y revitalizada la pasada primavera para las municipales de Mayo.
Aquella Ley se somete ahora a un proceso de reforma en el Congreso, después de que el pasado mes de Febrero se tomaran en consideración sendas proposiciones de ley de CiU, ERC e IU-ICV. Estos textos, junto con las enmiendas registradas por los grupos parlamentarios, se discutirán mañana en el seno de una ponencia de la Comisión Constitucional, la misma que tramitó la reciente Ley de Memoria Histórica.
INHABILITADO POR TENER CANDIDATURAS ANULADAS
En sus enmiendas, a las que tuvo acceso Europa Press, los socialistas proponen la inclusión de un nuevo apartado que deje claro que no se podrá restituir ni compensar a "partidos políticos que hubieran sido declarados ilegales, disueltos o suspendidos judicialmente". Pero, como eso hoy no afectaría a ANV, la enmienda afina aún más y establece que tampoco podrán recibirse indemnizaciones si ya se ha iniciado el procedimiento de ilegalización, aunque todavía no se haya completado, o si la formación hubiera visto anuladas algunas de sus candidaturas, en aplicación de lo previsto en la Ley de Partidos Políticos. Este último punto es el que impediría ya de facto que ANV-EAE pudiera acogerse a esta norma, dado que algunas de sus listas para las elecciones municipales de 2007 fueron anuladas judicialmente.
Por otra parte, los socialistas buscan corregir la propuesta de reforma de CiU suprimiendo el mandato al Gobierno para que, en un plazo de tres meses, revise de oficio los expedientes incoados en virtud de la ley vigente. Alegando el respeto a la división de poderes, el PSOE rechaza incluir en la Ley un mandato expreso y propone dejar en manos del Ejecutivo la revisión o no de esas solicitudes, sin fijar ningún plazo para ello.
CIU QUIERE ANTICIPOS DEL 30 POR CIENTO
Los nacionalistas de CiU también han registrado una enmienda para que las formaciones políticas puedan recibir anticipos de hasta el 30 por ciento de las indemnizaciones que les correspondan cuando existan "elementos de juicio suficientes para ello". Los nacionalistas apuntan que otros ámbitos del régimen de los partidos políticos, así como la ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común recogen adelantos por ese porcentaje.
Por su parte, IU-ICV y PNV quieren introducir mejoras destinadas a evitar una interpretación restrictiva de la ley de 1998 y a flexibilizar los requisitos formales y documentales que se exigen para poder solicitar estas indemnizaciones. Así, IU-ICV plantea que los partidos puedan ser compensados también por la incautación de saldos en efectivo y de locales que las formaciones políticas disfrutaban en régimen de arrendamiento y propone que el importe de la compensación por este último motivo, se fije por un periodo máximo de duración del contrato de diez años. La cuantía de las indemnizaciones se calculará actualizando la renta anual o la cuantía incautada según el índice del valor constante de la peseta y el euro desde 1936 elaborado por el Banco de España y el Instituto Nacional de Estadística y no podrá superar los 5 millones de euros. Cuando no se pueda acreditar "de forma fehaciente" la condición de arrendatario, la renta o la duración del contrato, IU-ICV defiende hacer el cálculo por un contrato de diez años a una renta de 9 euros anuales.
Por su parte, el PNV sugiere que la ley se aplique también a las propiedades que las formaciones políticas tenían entonces fuera de España, argumentando la persecución del régimen franquista "se hizo efectiva también más allá de las fronteras, en connivencia con los regímenes dictatoriales que imperaron en Europa". Igualmente, pide que se permita "cualquier tipo de prueba" para acreditar la titularidad de los bienes y derechos que se reclaman, habida cuenta de que la dictadura había "una coyuntura conflictiva que impedía producir y conservar documentos con normalidad".
EL PP NO QUIERE RETOQUES
Con el mismo principio, solicita suprimir condiciones "diabólicas" para justificar los locales donde los partidos estaban en alquiler recalcando que en la Guerra Civil hubo que abandonar esas sedes "sin que hubiera "actas de pérdida" del derecho, recuperando el propietario automáticamente la posesión de la finca, sin papel justificante alguno. Por último, el PP se limita, en su batería de enmiendas, a proponer la supresión de todos los cambios que se quieren introducir, pues argumenta que "no procede ninguna modificación ni ampliación" de la cita norma. A su juicio, la ley de 1998 fue objeto ya de un amplísimo consenso entre los diversos grupos parlamentarios y su ejecución, además, ha representado una plena restitución o compensación de los bienes y derechos incautados por Franco.
(Europa Press)
