Un grupo de hombres asesinados en los primeros días de la Guerra Civil han permanecido enterrados en dos fosas comunes en Santa Marta de Tera (Zamora), localidad zamorana de 315 habitantes, hasta que ayer, por orden de una juez, comenzaron las excavaciones que permitirán a sus familiares cerrar las heridas 73 años después.
La juez de Benavente, Tania María Chico, ha sido la primera en España en atender al requerimiento del magistrado Baltasar Garzón para que se haga justicia y los restos mortales de tres o cuatro republicanos asesinados en Destriana (León) y otros cuatro de Benavente (Zamora) reciban un entierro digno.
A primera hora de la mañana se iniciaron los trabajos de exhumación, que está previsto que se prolonguen durante dos o tres días, para hallar e identificar a los asesinados, cuyos familiares se acercaron ayer hasta Santa Marta de Tera.
Uno de ellos, José Fernández Valderrey, nieto de Baltasar Valderrey, recordó cómo su madre le contaba que cuando ella tenía 11 años, en agosto de 1936, llegaron a Destriana "unos pistoleros mandados por el cura y los terratenientes del pueblo".
Se llevaron a cuatro vecinos, cuyos restos mortales se intentan localizar ahora para ser trasladados al cementerio del pueblo leonés junto a sus seres queridos, aunque existen dudas sobre si uno de los cuatro fue enterrado en otro lugar.
Es la primera vez que la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica logra el aval judicial en su lucha para que los asesinados por el bando nacionalista durante la Guerra Civil reciban un entierro digno.
El vicepresidente de la asociación, Santiago Macías, explicó que tienen documentados otros 15.000 casos de familiares que buscan a desaparecidos siete décadas después, aunque en su mayoría son fallecidos en el combate bélico y no a más de 200 kilómetros del frente de batalla más cercano, como ocurre en este caso.
Contar con el apoyo judicial en las excavaciones de las fosas comunes supone "un hito" para esta asociación. Ello permite disponer de más medios y tener el reconocimiento implícito del Estado, después de años en los que este tipo de desenterramientos se han llevado a cabo únicamente por voluntad de los familiares de los desaparecidos.
El ejemplo de la juez de Benavente ya ha sido seguido por algunos otros de los 62 juzgados de instrucción a los que remitió el caso Baltasar Garzón y ya ha habido avances en la causa en Palencia o en Jaén.
(Noticias de Alava. 9 / 06 / 09)
