Calore confirmó ante el juez Andreu la colaboración de los neofascistas italianos, en los años setenta, con los servicios de seguridad españoles en acciones contra miembros de ETA residentes en Francia como un componente más de sus ataques contra militantes de izquierda, siendo especialmente visible la de Montejurra en mayo de 1976, en la que se cometieron dos asesinatos.
Antes de comparecer ante el juez Andreu, las declaraciones de Calore ante la justicia italiana habían dado lugar a la apertura de un proceso judicial instruido por los atentados de ultraderechistas italianos contra refugiados de ETA en el sur de Francia, que no progresó en su momento debido a la falta de colaboración de la justicia española. Un documental escrito y dirigido por el productor de cine vasco Ángel Amigo y titulado El Caso Calore. Asesinato de un testigo protegido apunta la hipótesis verosímil de que los neofascistas italianos pudieran ser los autores de la desaparición de Pertur en 1976 en el sur de Francia sin descartar la versión más instalada de la autoría de dicha desaparición: los comandos especiales de ETA, que en aquella etapa estaban enfrentados a Pertur por razones de estrategia.
El documental revela cómo uno de los testigos del sumario italiano, el neofascista Angelo Izzo, declaró ante el Tribunal Penal y Civil de Roma en febrero de 1984 que el dirigente neofascista Pierluigi Concutelli había participado en el sur de Francia, a las órdenes de Stefano della Chiae, en el secuestro de un miembro de ETA, al que narcotizaron, trasladaron a España y entregaron a un miembro de los comandos anti-ETA. Este le dijo que lo torturarían y luego lo harían desaparecer. En aquellas fechas, el secuestrado solo podía ser Pertur.
Concutelli estuvo refugiado en España en el período 1975-77 y participó en Montejurra. Fue detenido pocos meses después en Roma acusado de haber asesinado al juez Occorsio, en julio de 1976, con una metralleta Ingram que la Justicia italiana acreditó que había sido comprada en Estados Unidos por la Comisaría Central de Información de Madrid y en cuyo albarán de compra aparecía el nombre del comisario Conesa.
En julio de 2007, la familia de Pertur conoció el procedimiento penal instruido por la Justicia italiana con relación al asesinato de Occorsio por Concutelli y su participación en atentados contra ETA en el sur de Francia, como acreditaron los testimonios de Izzo y de Calore.
Dicho conocimiento propició la petición de la familia de Pertur de reabrir el caso en la Audiencia Nacional en mayo de 2008. La reapertura fue avalada por el juez de la Audiencia en base a la doctrina de la Asamblea General de la ONU que establece que todo acto de desaparición forzosa no prescribe mientras sus autores continúen ocultando el parade
ro de la persona desaparecida y no se hayan esclarecido los hechos.
Ya a mediados de los noventa, cuando en España estaba instalada la tesis de que fueron los comandos especiales de ETA los que hicieron desaparecer a Pertur, una gestión realizada por el entonces subdelegado del Gobierno en Guipúzcoa, Juan Mari Jáuregui, concluyó que no cabía descartar ninguna hipótesis. Jáuregui, que se significó por el esclarecimiento del caso de los desaparecidos Lasa y Zabala, fue asesinado por ETA en 2000.
Además, en torno a la desaparición de Pertur se produjeron algunos hechos extraños que resalta el documental de Amigo y la querella de la familia de Pertur ante la Audiencia Nacional.
Dos meses antes de desaparecer Bergaretxe, el 30 de mayo de 1976, el diario La voz de España, controlado por el régimen y editado en San Sebastián, publicó un texto en el que se refería a un supuesto "cheque al portador" por importe de 10 millones de pesetas "para matar a quienes mataron" que, estaba extendido sobre fondos de un banco suizo.
En el mismo texto se especulaba con el inicio de una ofensiva contra los dirigentes de las dos ramas de ETA promovida por personas que habían puesto precio a los militantes más conocidos. En la lista aparecía Pertur. La Triple A reivindicó su desaparición a los tres días de producirse y una semana después lo hizo una marca que, posteriormente, tendría mucha presencia: el Batallón Vasco Español.
En los días inmediatamente posteriores a la desaparición de Pertur, el comisario jefe de la Policía de Irún, Eduardo López Maturana, detuvo a su madre, Marta Bergaretxe, cuando trataba de cruzar la frontera en busca de noticias. Y con la excusa de que quería protegerla de una amenaza que no precisó, la retuvo ilegalmente tres días en su propio domicilio.
Según documenta la justicia francesa, al mismo tiempo que el jefe de la Policía de Irún retenía a la madre de Pertur, dos gendarmes comunicaban a Pierre Larzabal, el cura de Sokoa, y al letrado Abeberry, conocidos nacionalistas vasco-franceses, la propuesta, trasladada expresamente desde la comisaría de Irún, de que si aparecían los policías José Luis Martínez Martínez y Jesús María González Ituero la madre de Pertur recobraría su libertad. Tres meses antes, la tarde del 4 de abril de 1976, ambos agentes desaparecieron en las proximidades de un cine de Hendaya, en una acción atribuida a ETA.
El 28 de julio de 1976, el diario vespertino de la cadena del Movimiento Unidad, editado en San Sebastián, formulaba la siguiente pregunta: "¿Canje del etarra por los dos inspectores secuestrados?". El texto señalaba "la posibilidad de que el presunto grupo de la extrema derecha que lo haya secuestrado quiere llegar a un entendimiento con ETA, que está relacionado con otro asunto similar. El acuerdo podía ser canjear a Pertur por los dos inspectores de policía de San Sebastián que desaparecieron el 4 de abril en Hendaya".
Estos hechos coinciden en el tiempo con la propuesta que un agente del contraespionaje francés hizo al entonces dirigente de ETA político-militar Sabin Achalanbaso, compañero de Pertur. Se trataría de intercambiar información sobre el paradero de Pertur a cambio de información sobre el paradero de Carlos Ilich Ramírez, más conocido como el terrorista Carlos, detenido a principios de los noventa y luego encarcelado en Francia.
Treinta y cinco años después, la investigación sigue abierta. La familia de Pertur ha solicitado las declaraciones de López Maturana y del ex gobernador civil de Guipúzcoa Emilio Rodríguez Román. La desaparición de Pertur se enmarca en un contexto de colaboración entre organizaciones fascistas a escala internacional contra destacados izquierdistas, con el apoyo de los restos de aparatos estatales totalitarios y de una potencia desconocida, según el documental.
(El Pais. 20 / 03 / 2011)
