Un total de 82 expertos en Historia, Arqueología y Patrimonio Cultural, junto con 25 asociaciones que trabajan por la recuperación de la Memoria Histórica y casi 140 ciudadanos a título particular se han adherido a un manifiesto en el que se pide la reparación de los daños causados por las obras del Fuerte de San Cristóbal, y que fueron consideradas ilegales por el TAN al carecer de la preceptiva licencia municipal. Entienden que los derribos de tres muros suponen "un claro daño al patrimonio histórico y cultural" de Navarra, sobre todo al tratarse de un Bien de Interés Cultural, y "dificultan la comprensión del edificio como prisión".Este manifiesto está incluido a modo de conclusiones dentro de un informe, titulado San Cristóbal/Ezkaba: muros derribados para amurallar la memoria, que será presentado como prueba pericial en el recurso ante el Juzgado Contencioso-Administrativo que la iniciativa Autobús de la Memoria planteará en los próximos días contra el Ministerio de Defensa y la Institución Príncipe de Viana por acometer y permitir, respectivamente, estos derribos.
José Ramón Urtasun, miembro de la iniciativa, explicó ayer que con este recurso se quiere denunciar "las actuaciones ilegales" en el Fuerte, que se acometieron "con el pretexto de limpieza y desbrozado" de la fortificación "para facilitar las visitas guiadas". "Se han derribado testimonios de nuestra historia más reciente que hicieron del Fuerte uno de los penales más terribles durante el levantamiento civil y militar del 36 y sus posteriores años de muerte y represión", señaló.
Desde el Autobús de la Memoria sostienen que estos derribos, realizados entre octubre de 2008 y mayo de 2009, se realizaron sin que el Ministerio de Defensa, propietario del Fuerte, solicitara al Ayuntamiento de Berrioplano -donde se ubica- la perceptiva licencia municipal. Cree que el Consistorio, "a sabiendas de lo que sucedía, optó por mirar a otro lado", mientras que Príncipe de Viana "avaló con su negligencia la tarea compartida de borrar los vestigios de nuestra historia reciente más terrible".
El TAN, que en octubre del pasado año consideró que los trabajos se hicieron sin ajustarse a la legalidad vigente, dejó abierta la posibilidad de interponer un recurso contencioso-administrativo, al carecer de competencias fuera del ámbito local. Este recurso se planteará en los próximos días contra el Ministerio de Defensa y contra Príncipe de Viana, aunque se mencionará al Ayuntamiento comarcano "ya que no reclamó ni denunció cuando nosotros le avisamos", observó Urtasun.
un museo de la historia En las conclusiones del informe, se solicita que se declaren ilegales las obras y se insta al Ministerio de Defensa a reparar los daños ocasionados. El objetivo, además, es que el Fuerte de San Cristóbal se convierta en un Museo de la Historia, "en el que se expliquen todas las tropelías que se llevaron a cabo allá", explicó Edurne Beaumont, miembro también de la iniciativa, a la vez que sirva para que se dé a conocer "todas las realidades sociales y políticas de las personas encarceladas", fomente "una cultura de paz" y de "respeto a los derechos humanos".
Beaumont, quien destacó el apoyo aportado por los expertos y asociaciones que luchan por la Memoria Histórica, añadió que los derribos suponen "un desprecio" a los criterios que se utilizan "hoy en día en la conservación del patrimonio".
(Noticias de Navarra. 10 / 03 / 2011)
